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Amenazas de bomba y acusaciones infundadas empañaron jornada electoral en EU en estados clave

AP.- Una serie de amenazas de bomba en varios estados clave y acusaciones infundadas de irregularidades por parte del expresidente Donald Trump afectaron a una jornada electoral que, por lo demás, transcurrió con normalidad y puso fin a una accidentada campaña presidencial.

Las amenazas de bomba en partes de Arizona, Georgia y Pennsylvania el martes resultaron ser falsas, pero obligaron a evacuar algunos centros de votación y a extender el horario, y retrasaron el conteo de algunos votos.

Las amenazas se reportaron durante todo el día en lugares de votación en tres condados del área metropolitana de Atlanta, todos con un gran número de votantes demócratas, y hasta la noche en lugares de votación y oficinas electorales de Pennsylvania, donde se contaban las boletas.

También se informó de amenazas de bomba en varios centros de votación en dos condados de Arizona, según la oficina del secretario de estado. El gobernador de Pennsylvania, Josh Shapiro, dijo en una conferencia de prensa por la noche que las falsas alarmas no representaban ningún peligro para el público, ni para la elección.

“Cada voto legal y elegible será contado y contado con precisión, y se respetará la voluntad del pueblo en el estado de Pennsylvania”, dijo Shapiro, un demócrata. Ni Shapiro ni la policía estatal de Pennsylvania dieron detalles sobre quién podría estar detrás de las falsas alarmas.

En el condado de Fulton, Georgia, que incluye Atlanta, 32 de 177 lugares de votación recibieron amenazas de bomba y cinco fueron evacuados brevemente. Los lugares de votación pudieron reabrir después de las amenazas.

“Eso solo muestra la resiliencia de nuestro sistema y nuestra gente. Estamos preparados para la batalla”, dijo el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, un republicano. El FBI dijo que muchas amenazas de bomba falsas en varios estados parecían proceder de dominios de correo electrónico rusos.

El dramático y preocupante final del día de las elecciones llegó después de un periodo de votación anticipada muy exitoso, en el que ya se habían emitido al menos la mitad de todos los votos esperados en la elección presidencial. Para el martes, más de 84 millones de estadounidenses ya habían votado.

En general, el último día de votación se caracterizó por los mismos contratiempos y frustraciones rutinarios vistos en otras elecciones: un trabajador electoral que olvidó traer una llave; errores en la impresión de papeletas; máquinas de conteo de votos que no funcionaban.

La gran mayoría de los problemas fueron “acontecimientos rutinarios previstos y planificados”, dijo Cait Conley, asesora principal del director de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura de Estados Unidos.

Con información de Latinus

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La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y  expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.

Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones. 

Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.

Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.

La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.

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