CIDH analizará hoy la reforma judicial por afectación a derechos humanos de jueces y magistrados e impacto en el acceso a la justicia
Este martes, a la 1:00 de la tarde hora de México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará una audiencia pública para abordar la reforma al Poder Judicial promulgada el pasado 15 de septiembre, la cual ya se está implementando con el registro de aspirantes a jueces, ministros y magistrados.
En septiembre, la CIDH manifestó su preocupación por la aprobación de la reforma en ambas Cámaras del Congreso de la Unión y advirtió de posibles “impactos en el derecho de acceso a la justicia”
La Comisión también se refirió a que los cambios en el sistema de justicia que se están implementando en México incluye el cese masivo de autoridades judiciales de cara a los procesos de elección programados para el 2025 y el 2027, lo que afecta sus derechos humanos.
A la CIDH también le llamó la atención sobre “lo precipitado de las profundas modificaciones”, las cuales podrían tener consecuencias negativas en las garantías al acceso por meritocrático a la carrera judicial.
“La Comisión insta a las autoridades del Estado a asegurar que toda reforma judicial se realice de acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los estándares interamericanos sobre independencia judicial y acceso a la justicia, y que responda a las necesidades de justicia expedita y efectiva para su población, sin discriminación”, señaló la CIDH.
A solicitud de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), la CIDH activó un mecanismo para analizar si un proyecto de ley o política pública pude afectar los derechos humanos y si este debe ser mitigado o adecuado a estándares interamericanos.
En semanas anteriores, en el marco de la reforma para instaurar la supremacía legislativa, Morena y aliados intentaron hacer una modificación al artículo 1 de la Constitución que implicaba el desconocimiento de organismos internacionales como la CIDH, que velan por la protección de los derechos humanos.
Con información de Latinus
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Venezuela aprueba Ley Bolívar para castigar con 30 años de cárcel a quien critique al gobierno de Maduro
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
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