El presidente electo de EE.UU., Donald Trump, ha nombrado al congresista Mike Waltz como asesor de Seguridad Nacional en su futura Administración.
"Es un honor para mí anunciar que el congresista Mike Waltz (republicano de Florida) queda designado para servir en mi Gabinete como mi asesor de Seguridad Nacional", anunció Trump este martes a través de un mensaje en una declaración compartida en sus redes sociales.
Trump definió a Waltz como "un firme defensor" de su agenda de política exterior, y asegura que "será un tremendo defensor" en la búsqueda de la paz por parte de su Gobierno "a través de la fuerza".
Waltz, de 50 años, es el segundo miembro republicano de la Cámara de Representantes seleccionado por Trump para un trabajo de alto nivel en su próxima Administración, después de haber elegido a la representante de Nueva York, Elise Stefanik, para embajadora de EE.UU. ante las Naciones Unidas.
Mike Waltz fue el primer boina verde elegido para la Cámara de Representantes de EE.UU. La semana pasada ganó la relección para permanecer como congresista por Florida. También ha sido presidente del subcomité de preparación de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes y miembro del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y del Comité Permanente Selecto de Inteligencia.
En el pasado, Waltz se desempeñó como asesor político de los ex secretarios de Defensa de EE.UU., Donald Rumsfeld y Robert Gates.
Con información de actualidad.rt.com
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.