Diputado José Luis Villalobos propone accesibilidad universal a personas con discapacidad en inmuebles públicos de Chihuahua
El diputado José Luis Villalobos García del PRI presentó una iniciativa de reforma en el Congreso de Chihuahua para mejorar el acceso y movilidad de personas con discapacidad en todos los inmuebles públicos del estado. La propuesta busca modificar el artículo 13 de la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación, integrando los conceptos de “ajustes razonables” y “diseño universal” como parte de los compromisos internacionales de México en favor de la igualdad de derechos.
El diputado explicó que por "ajustes razonables", se refieren a adaptaciones en infraestructura y servicios que garanticen la accesibilidad sin imponer una carga desproporcionada. El “diseño universal,” por otro lado, busca crear productos, entornos y servicios que puedan ser utilizados por todas las personas sin necesidad de modificaciones adicionales.
Villalobos enfatizó la urgencia de adoptar medidas concretas para adaptar el entorno urbano y los edificios públicos de forma inclusiva, eliminando barreras para que las personas con discapacidad puedan desplazarse libremente. Además, la iniciativa contempla permitir el acceso de perros de asistencia en estos espacios.
En su exposición, el diputado subrayó que México es parte de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual obliga a los estados a asegurar que todas las personas puedan ejercer sus derechos sin discriminación. Villalobos también citó datos del INEGI, que indican que en Chihuahua viven más de 167 mil personas con discapacidad, quienes necesitan que el entorno sea adecuado para su movilidad.
Finalmente, Villalobos insistió en que no se trata solo de promover cambios, sino de ejecutar acciones directas que mejoren la calidad de vida de miles de chihuahuenses.
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Venezuela aprueba Ley Bolívar para castigar con 30 años de cárcel a quien critique al gobierno de Maduro
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
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Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
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