El Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Marco Bonilla, a través de la Dirección de Obras Públicas, continúa con los trabajos de restauración de la emblemática Ex Hacienda de San José del Torreón, ubicada en la localidad de Melchor Ocampo que permitirá que las y los chihuahuenses, así como también los turistas, conozcan de la historia en un espacio ideal para la convivencia.
Gracias a la aportación económica de la Secretaría de Turismo de Gobierno del Estado, con una inversión total de 3 millones 996 mil 93 de pesos recurso de Fortalecimiento de la Infraestructura, Equipamiento y Rehabilitación Turística (FIER), a través de la Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad se han realizado trabajos como el retiro de piezas de cerámica para la sustitución por duela de madera de encino, preservando la autenticidad y funcionalidad del lugar así como trabajos de impermeabilización en la azotea.
En los próximos días continuaran trabajos de restauración de puerta principal, ventanas, enjarres y pintura dentro del templo, instalación de duela de encino, colocación de adoquín en patio frontal de la capilla, restauración de barandal, así como la instalación eléctrica interior y exterior.
El Gobierno Municipal reitera su compromiso con la conservación del legado histórico de Chihuahua, con trabajos para brindar espacios de calidad e impulso económico.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.