Sedena confirma alianza entre el CJNG y Los Viagras para extorsionar a limoneros en Michoacán
CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Esta semana, el general Eugenio Leonardo López Arellanes, coordinador de la Guardia Nacional (GN) en Michoacán, reconoció la alianza entre dos grupos del crimen organizado en Michoacán: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Viagra.
De acuerdo con fuentes militares citadas por El Sol de México, la alianza surgió a finales de agosto y es el principal objetivo de las fuerzas de seguridad federales en la zona, dentro del plan de los “Primeros 100 días de Gobierno”.
Reportes periodísticos consignaron que el problema de la extorsión a limoneros en la zona de Tierra Caliente, Michoacán, se debe a la unión entre esas dos organizaciones, y afecta a más de 70 empacadoras de ese producto en los municipios de Apatzingán, Buenavista, Tepalcatepec, Aguililla, Mújica y Parácuaro.
Esta semana, el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, confirmó que se están realizando operativos continuos en la zona de Apatzingán y hay presencia permanente de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Uno de estos desplazó a 860 elementos de esa dependencia a seis de los 26 municipios de Michoacán.
"Ayer hubo un recorrido en Apatzingán, Parácuaro y Buenavista. Fue un operativo que armó la Sedena para dar a conocer las acciones que se realizan y la información que tenemos es lo que ellos señalaron", explicó Torres Piña a medios de comunicación.
Desde el 1 de octubre y hasta el 25 de noviembre, autoridades de los tres niveles de gobierno, –encabezadas por Sedena y la GN–, detuvieron a 63 presuntos delincuentes y aseguraron 61 armas de fuego, 11 mil cartuchos, un laboratorio clandestino, 12 granadas, 28 vehículos, 980 gramos de metanfetamina y más de 130 toneladas de marihuana, según informó El Sol de México.
Un mando militar –cuyo nombre no fue publicado– dijo al diario que la problemática “está controlada, la extorsión se va haciendo pequeña”. Sin embargo, advirtió que “Viagras y CJNG no quieren entender”.
Con información de Proceso.
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Venezuela aprueba Ley Bolívar para castigar con 30 años de cárcel a quien critique al gobierno de Maduro
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
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Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
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