Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua
“La salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”: OMS
Para cumplir este objetivo los gobiernos de México en sus diferentes niveles han creado sistemas de seguridad social entre ellos el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 19 de enero de 1943; el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE); el 30 de diciembre de 1959; Pensiones Civiles del Estado en Chihuahua (PCE) el 23 de enero de 1957 así como, todo un conjunto de instituciones para brindar primordialmente servicios de salud y pago de pensiones y jubilaciones.
Los servicios de salud, es uno de los grandes pendientes que los gobiernos tienen, por el deterioro de sus instituciones debido básicamente a problemas derivados de “políticas públicas” equivocadas, improvisaciones, designación de funcionarios sin el perfil, falta de planeación y gestión adecuada. Es común escuchar quejas de los derechohabientes de las instituciones de salud, por falta de medicamentos, diferimiento de análisis clínicos y cirugías, citas con especialistas, internación hospitalaria, etc.
Abordar el problema de todo el sistema de salud, es complejo, por hoy el tema es PCE. Institución que por muchos años fue ejemplo por la calidad y calidez en la prestación de sus servicios de salud y otras prestaciones de seguridad social, como fue la adquisición de vivienda, y otros préstamos personales y que hoy se perciben cada día más deteriorados.
La “política pública” que desvinculó el incremento al salario de la inflación, provocó que las cuotas que debían ser aportadas por los trabajadores, dejaran de ser suficientes para cubrir la seguridad social. Decisiones políticas que han incrementado exponencialmente la burocracia estatal y la de los demás entes a quienes brinda el servicio, Supremo Tribunal de Justicia, Congreso del Estado, Organismos Públicos Descentralizados como la Universidad Autónoma de Chihuahua, ICHITAIP, CEDH y algunos organismos operadores de agua (JMAS) entre otros. El incremento de la burocracia. Los incrementos de la burocracia impactan cada vez más el presupuesto del estado, según cifras publicadas por la prensa escrita señalan que el gasto de PCE ha crecido ¡¡¡330% en 10 años!!! Al pasar de $1,672 millones de pesos en 2015, a $7,193 millones de pesos en 2025. La decisión del Juzgado Segundo de Distrito en Chihuahua ordeno brindar servicio médico a los esposos o concubinos de las trabajadoras, esta decisión jurídica representó un incremento de 4,796 personas.
PCE es uno de los desafíos que el Gobierno del Estado, no ha sabido, no ha podido, o no ha querido resolver, es evidente el deterioro de los servicios médicos que presta a sus derechohabientes, las fallas en sus sistemas de cómputo: La Auditoria Superior del Estado, no ha dado cuenta de los resultados de las auditorías practicadas, (Si es que las ha realizado). Es de interés público conocer la real situación de PCE, y las acciones que se están instrumentando dado que como también fue señalado en la prensa, el Gobierno del Estado le destinara este año el 6.68% del presupuesto estatal y desde luego es derecho de los derechohabientes conocerla porque son directamente afectados en los servicios que PCE les presta.
La realidad que se percibe es la de un constante deterioro en la prestación del servicio médico, riesgo en el pago de las pensiones y jubilaciones de sus derechohabientes; por otra parte se desconocen resultados de la gestión administrativa de la institución en materia de licitaciones para compras de medicamentos, subrogación de servicios médicos, estado de los juicios interpuestos por derechohabientes, estado que guarda el suministro de medicamentos, adeudos con farmacias, laboratorios y hospitales, inversiones en equipos de laboratorio y equipo y programas de cómputo y sobre todo adeudos que tienen con la Institución el gobierno del estado, STJ, Congreso, UACH, Juntas de Agua y demás organismos, sería muy grave que no estén enterando las cuotas que descuentan a los trabajadores para cubrir la parte que les corresponde por su seguridad social, quienes no lo hagan realizan una evidente desviación de recursos que conforme a la Ley debe ser castigada.
Esperemos y las auditorias no contengan evidencias de errores de gestión y corrupción que estén impactando en el deterioro de esta Institución, como es el caso de los señalados por la Auditoria Superior del Estado, al ICHISAL. Por lo pronto del director de la Institución solo se sabe que se la pasa en “Juntas”, esperemos y sirvan por lo menos para tomar decisiones que contengan el deterioro de PCE
Así las cosas, en Pensiones Civiles del Estado.
Lic. Ricardo Rodríguez Lugo. M.A.
9 de enero de 2025
Tips al momento
Desde Palacio Nacional le tienen miedo a la ciudadanía: Generación Z
Esta mañana el movimiento “Generación Z” lanzó un comunicado advirtiendo que el Gobierno Federal tiene miedo de las movilizaciones del próximo 15 de noviembre, por lo que decidió levantar muros alrededor del Palacio Nacional. Aseguraron que aunque se levanten los muros no pararan las exigencias.
Parte de la publicación menciona lo siguiente:
“ Sí, ya vimos que mandaron porros, sindicatos y cercos para 'proteger" el palacio. Lo disfrazan de seguridad, pero todos sabemos que es miedo. Miedo a una generación que ya no se cree su teatro.
Y aunque levanten vallas, no hay barrera que pueda frenar una idea cuando llega su momento.
Si este gobierno y todos los políticos, que juraron defender a México no tienen vergüenza en destruirlo, nosotros no tendremos miedo en defenderlo…”
A esto, la presidenta Claudia Sheinbaum, expuso que es por seguridad pues en manifestaciones pasadas se han infiltrado personas para realizar destrozos, asegurando que creen en los jóvenes de México, pero se ha infiltrado la oposición en esta causa.
Se espera que al menos 70 ciudades de todo el país lleven a cabo manifestaciones por la defensa de México, algunas otras organizaciones se han sumado, así como actores políticos.
Multas nuevas, calles viejas
De cara al presupuesto 2026, el tema de las multas de tránsito vuelve a colocarse sobre la mesa, no sólo por las actualizaciones que se prevén en sus montos, sino por la evidente contradicción entre la severidad con que se sanciona al automovilista y la indiferencia con que se atienden las condiciones de las calles.
Mientras el reglamento de Vialidad detalla con precisión sanciones que van desde los 700 hasta casi 5 mil pesos por infracciones como estacionarse en doble fila, no portar llanta de refacción o circular con luces apagadas, los baches, el pavimento levantado y las vialidades sin señalización continúan siendo el verdadero castigo para el ciudadano.
Cada bache representa un daño potencial al vehículo, y sin embargo, no hay mecanismo alguno para que el automovilista recupere el costo de una llanta, un rin o una suspensión dañada por la omisión gubernamental. Las autoridades exigen cumplimiento absoluto al reglamento, pero no ofrecen el mismo rigor cuando se trata de mantener en condiciones adecuadas la infraestructura vial.
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Esta mañana el movimiento “Generación Z” lanzó un comunicado advirtiendo que el Gobierno Federal tiene miedo de las movilizaciones del próximo 15 de noviembre, por lo que decidió levantar muros alrededor del Palacio Nacional. Aseguraron que aunque se levanten los muros no pararan las exigencias.
Parte de la publicación menciona lo siguiente:
“ Sí, ya vimos que mandaron porros, sindicatos y cercos para 'proteger" el palacio. Lo disfrazan de seguridad, pero todos sabemos que es miedo. Miedo a una generación que ya no se cree su teatro.
Y aunque levanten vallas, no hay barrera que pueda frenar una idea cuando llega su momento.
Si este gobierno y todos los políticos, que juraron defender a México no tienen vergüenza en destruirlo, nosotros no tendremos miedo en defenderlo…”
A esto, la presidenta Claudia Sheinbaum, expuso que es por seguridad pues en manifestaciones pasadas se han infiltrado personas para realizar destrozos, asegurando que creen en los jóvenes de México, pero se ha infiltrado la oposición en esta causa.
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Cada bache representa un daño potencial al vehículo, y sin embargo, no hay mecanismo alguno para que el automovilista recupere el costo de una llanta, un rin o una suspensión dañada por la omisión gubernamental. Las autoridades exigen cumplimiento absoluto al reglamento, pero no ofrecen el mismo rigor cuando se trata de mantener en condiciones adecuadas la infraestructura vial.
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