El equipo legal que usó Yasmín Esquivel para sepultar el escándalo de su tesis de licenciatura

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Funcionarios cercanos a Yasmín Esquivel Mossa y aspirantes a ocupar cargos en el Poder Judicial de la Federación (PJF) en la elección de este año, formaron parte de la ruta legal que sepultó por completo cualquier posibilidad de conocer si la ministra cometió o no plagio en su tesis de licenciatura.

El escándalo de que la tesis de licenciatura de Esquivel Mossa podría ser plagio de la de Edgar Ulises Báez, fue revelado días antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eligiera al ministro que sustituiría a Arturo Zaldívar en la presidencia del PJF.

Pese a que en junio de 2023 Esquivel Mossa logró que la juez Noveno Civil de la Ciudad de México, María Magdalena Malpica Cervantes, declare que ella es la única autora de su tesis de licenciatura, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) cuestionó la legalidad del proceso y el fallo y afirmó que este no es vinculante ni podía frenar la investigación sobre el escándalo del plagio.

Ante ello, la ministra acudió a instancias federales -que sí tienen jurisdicción sobre la UNAM- para frenar la resolución de la Máxima Casa de Estudios y con la que se aclararía quién plagió a quién.

El 25 de octubre de 2023 su abogado, Ulises Cortés Dehesa presentó una demanda ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) en la que solicitó reconocer la validez de la opinión de Alfredo Sánchez Castañeda, quien en enero de ese año era abogado de la UNAM, en la que afirmó que la institución educativa no tenía marco jurídico para revocar títulos ni jurisdicción sobre sus exalumnos.

Con ello, la ministra pretendía cancelar la investigación iniciada por el Comité Universitario de Ética (CUÉTICA) sobre el posible plagio de las tesis y evitar que la UNAM diera a conocer su resolución.

El magistrado presidente del TFJA, Guillermo Valls Esponda, forma parte de los aspirantes registrados ante el Poder Ejecutivo para ser ministro de la SCJN.

En marzo del año pasado, él y la ministra Esquivel Mossa participaron en el Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa que se realizó en Aguascalientes e incluso se fotografiaron juntos, de acuerdo con las redes sociales del propio TFJA.

Proceso informó (No. 2409) que Valls Esponda, además de ser hijo del fallecido ministro Sergio Valls, es vinculado con el diputado morenista Ricardo Monreal, quien supuestamente habría sido amigo de su padre.

El caso de Esquivel Mossa fue enviado a la Sexta Sala Regional Metropolitana del TFJA integrado por los magistrados Avelino Carmelo Toscano Toscano, Mónica Guadalupe Osornio Salazar y Rosana Edith de la Peña Adame.

El nombre de de la Peña Adame se encuentra en la lista de aspirantes que pasaron a la siguiente etapa de selección de candidatos para la elección judicial de este año.

De acuerdo con los registros públicos, buscará ser magistrada de Tribunal Colegiado en materia Administrativa en la Ciudad de México.

En su curriculum, destaca que durante toda su trayectoria profesional se desempeñó en diferentes puestos en la Procuraduría Federal del Consumidor, en el TFJA y en la empresa Ingenieros Civiles Asociados (ICA) como parte del equipo jurídico de la Dirección General de Transporte Pesado.

El 14 de febrero de este año la Sexta Sala Regional del TFJA emitió una sentencia en la que reconoció la validez del oficio AGEN/09/2023 emitido por el Abogado General de la UNAM el 10 de enero de 2023 y ordenó a la UNAM cancelar la investigación que realizó el CUÉTICA sobre las tesis de Esquivel Mossa y Báez Gutiérrez sin emitir resolución alguna.

Contra esa resolución la UNAM y el CUÉTICA tramitaron un recurso de revisión fiscal con número de expediente 248/2024 que fue enviado al Quinto Tribunal Colegiado en materia Administrativa en la Ciudad de México.

Dicho tribunal originalmente estaba integrado por los magistrados Jorge Antonio Cruz Ramos, María Elena Rosas López y Liliana Hernández Paniagua.

El nombre de Cruz Ramos aparece en los registros de los Comités de Evaluación de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, como aspirante a magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), uno de los órganos que sustituirán al Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

El caso fue turnado a la magistrada Hernández Paniagua, quien antes de resultar ganadora en el concurso de oposición para ser magistrada de Circuito, era Secretaria de Estudio y Cuenta del ahora ministro en retiro, Luis María Aguilar Morales, quien públicamente ha manifestado su desacuerdo con la reforma judicial impulsada por la 4T.

Sin embargo, poco tiempo después de haber llegado al Quinto Tribunal Colegiado en materia Administrativa, la Comisión de Adscripción del CJF determinó cambiarla de adscripción sin dar a conocer las razones, por lo que actualmente se encuentra en el Primer Tribunal Colegiado en materia Civil en la CDMX.

Dicha comisión está integrada por los consejeros Bernardo Bátiz, Celia Maya y Sergio Javier Molina Martínez, todos cercanos al oficialismo y aspirantes también a obtener una candidatura para la elección judicial de junio próximo para ser, los dos primeros, magistrados del TDJ y el último de los mencionados, para ser ministro de la SCJN.

Además, el consejero Molina Martínez tiene vínculos directos con la ministra Esquivel pues su esposa, Illiana Camarillo González, es su secretaria de estudio y cuenta, puesto en el que, según lo informado por Proceso el pasado 29 de septiembre, gana 119 mil 401.18 pesos mensuales.

Así, Hernández Paniagua fue sustituida con un secretario en funciones de magistrado llamado Hermes Godínez Salas, quien fue el encargado de realizar el proyecto de resolución del caso de Esquivel Mossa.

Godínez Salas es, de todos los funcionarios implicados en el carpetazo al caso del plagio de la tesis de licenciatura de la ministra de la Corte, el que más vínculos tiene con Esquivel Mossa.

Antes de ser designado como secretario en funciones de magistrado, era secretario particular del magistrado Juvenal Carbajal Díaz, adscrito al Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa en la CDMX.

El nombre de Godínez Salas fue uno de los incluidos en la lista de aspirantes a magistrado de Circuito, que pasaron a la siguiente etapa de la elección judicial ante el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo.

Mientras que Juvenal Carbajal fue, hasta agosto de 2021, coordinador de la ponencia de Esquivel Mossa en la SCJN y aspirante a magistrado del TDJ cuyo perfil ya fue avalado por los comités de los tres poderes de la Unión.

Con esta conformación el Quinto Tribunal Colegiado en materia Administrativa resolvió, el cuatro de diciembre pasado, confirmar en definitiva el fallo de la Sexta Sala Regional del TFJA.

La determinación fue celebrada tanto por Esquivel Mossa como por su equipo legal pues, con ello, el estigma que pesaba sobre su candidatura para mantener su cargo en la SCJN está prácticamente anulado.

Con información de Proceso.

Tips al momento

Jugar contra la casa

En redes sociales, ha causado polémica el que la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, haya designado a su esposo, José Luis Peña con el puesto asesor en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca.

La gobernadora y ex secretaria de Energía, quien ha sido denunciada por actos de corrupción, por la compra de residencias y señalada de presuntos desvíos en la construcción de la refinería de Dos Bocas que, por cierto, no pudo dejar operando e hizo quedar mal al expresidente López Obrador, nombró a su esposo en un puesto dentro de su administración.

Lo anterior, en la coyuntura de la reforma enviada a Legislativo, por la presidenta, Claudia Sheinbaum contra el nepotismo, según dicen, sin importarle el espíritu de esa iniciativa, lo que ha sido criticado, al comentarse que la mandataria de Veracruz, así como otros políticos que andan por la libre, siguen anclados en el poder del expresidente Andrés Manuel López Obrador, contraviniendo la actual intención presidencial.

A ver, si como se dice, que las presiones de Estados Unidos y esa iniciativa anunciada, cambiarán las cosas, si es que lo hacen, según dicen.


¿Quién la impulsó?

Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum anticipó que de ser aprobada en el Senado la Ley de Cobranza Delegada, la vetaría al no estar de acuerdo en que las instituciones de crédito puedan descontar, directamente, los pagos de sus créditos de la nómina de los trabajadores.

El salario de los trabajadores es intocable, dijo, al señalar que de ser aprobada  utilizaría su facultad de veto, sobre los cambios a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Por increíble que parezca, esa iniciativa había sido aprobada en la Cámara de Diputados, para luego ser transferida al Senado en donde se pausó su discusión.

La iniciativa de origen morenista que fue propuesta por Pedro Miguel Haces Barba, entre otros ex senadores de ese partido en 2022, incluso , dicen, fue rechazada por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, nuevamente se trató de aprobarla.

Al respecto, el ahora diputado por Morena, sindicalista y secretario General de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), salió mediante redes sociales a desmentir, que su iniciativa original fuera en ese sentido, es falso, dijo, al señalar que como dirigente nacional obrero y como legislador defenderá a los trabajadores mexicanos. Precisamente, por esto último son los cuestionamientos, le señalan.

El caso es que, si no fue él, pues ahora lo niega, entonces de quién fue la idea de revivir esta iniciativa que afectaría a los trabajadores. Así el entuerto dentro de Morena, pues ahora nadie es el responsable, mientras la propuesta estaba a punto de ser discutida en el Senado y no llegó sola hasta ahí. Cómo iría de fortalecida y apoyada para su aprobación, que tuvo que ser frenada de manera tajante por la propia presidenta Sheinbaum. La pregunta obligada es ¿quién la impulsó de nuevo y con cuál interés?, como dicen, Morena siendo Morena.

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Lo anterior, en la coyuntura de la reforma enviada a Legislativo, por la presidenta, Claudia Sheinbaum contra el nepotismo, según dicen, sin importarle el espíritu de esa iniciativa, lo que ha sido criticado, al comentarse que la mandataria de Veracruz, así como otros políticos que andan por la libre, siguen anclados en el poder del expresidente Andrés Manuel López Obrador, contraviniendo la actual intención presidencial.

A ver, si como se dice, que las presiones de Estados Unidos y esa iniciativa anunciada, cambiarán las cosas, si es que lo hacen, según dicen.


¿Quién la impulsó?

Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum anticipó que de ser aprobada en el Senado la Ley de Cobranza Delegada, la vetaría al no estar de acuerdo en que las instituciones de crédito puedan descontar, directamente, los pagos de sus créditos de la nómina de los trabajadores.

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Por increíble que parezca, esa iniciativa había sido aprobada en la Cámara de Diputados, para luego ser transferida al Senado en donde se pausó su discusión.

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El caso es que, si no fue él, pues ahora lo niega, entonces de quién fue la idea de revivir esta iniciativa que afectaría a los trabajadores. Así el entuerto dentro de Morena, pues ahora nadie es el responsable, mientras la propuesta estaba a punto de ser discutida en el Senado y no llegó sola hasta ahí. Cómo iría de fortalecida y apoyada para su aprobación, que tuvo que ser frenada de manera tajante por la propia presidenta Sheinbaum. La pregunta obligada es ¿quién la impulsó de nuevo y con cuál interés?, como dicen, Morena siendo Morena.

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