Colectivo de buscadores: Brugada debe reconocer que hay una crisis de desapariciones

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Para el colectivo “Hasta Encontrarles CDMX”, de familias buscadoras, es urgente que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, reconozca que en la Ciudad de México hay una crisis de desapariciones y si existen fosas clandestinas. Sin embargo, a 100 días de que la morenista comenzó su administración, no los ha recibido personalmente.

Los integrantes del colectivo opinan que para reconocer la existencia de fosas en el territorio, el Gobierno Central tendrá forzosamente que reconocer el trabajo que dejan de hacer las instituciones y termina siendo ejecutado por las familias buscadoras.

Guadalupe Pamela Gallardo Volante desapareció en el Ajusco, el 4 de noviembre de 2017, desde entonces no ha parado de buscarla su madre, María del Carmen Volante, que lleva más de siete años en el camino y no se deja avasallar.

En una reunión a puerta cerrada en un café del Centro Histórico, la madre buscadora comparte con sus compañeros de lucha: “Ahorita que viene el nuevo cambio para nosotros otra vez, se atrasan nuestras carpetas, no hay investigación, siguen con omisiones, no hay adelantos de la investigación, realmente quien lleva la investigación somos las familias”.

No se siente conforme con la respuesta que ha recibido de esta administración, recuerda que se presentó en un evento de Brugada para manifestarle su descontento sobre el actuar de las autoridades en la búsqueda de personas desaparecidas. En esa ocasión, logró abordar a la jefa de Gobierno, pero le concedió solo “un minuto”. 

Antes de iniciar una charla redonda con todos los asistentes, Volante fuma un cigarro con su sobrina, Ashanti Ríos y Gabriela Alonso Villarreal, hermana de Yudhisthira Piña Villarreal, conocido como “Nimai”, desaparecido el 30 de septiembre de 2024 en Gustavo A. Madero y encontrado sin vida dos semanas después en el Estado de México.

Dentro del local las esperan Gerardo Ramírez y Jesús Reyes, padres de Ángel Gerardo Ramírez Chaufon y Jesús Armando Reyes Escobar, dos jóvenes que desaparecieron cuando salieron de trabajar de una sucursal de Sanborns situada en Gustavo A. Madero, el 29 de noviembre de 2019. Ese mismo día, también desapareció Leonel Báez Martínez, otro trabajador de dicho restaurante.

Los integrantes del colectivo se conocieron a través del activismo impuesto que significa buscar un desaparecido en la Ciudad de México. En su reunión, comparten café y pan mientras María del Carmen Volante relata con frustración que el pasado 27 de octubre realizó cierres vehiculares en el Zócalo para exigir un diálogo con la jefa de Gobierno: “Ella no nos abrió ese espacio, nos mandó con el subsecretario de Gobierno, Fadlala Akabani, y pues él dice que no sabía absolutamente nada de lo que es la desaparición”.

El colectivo no ha podido hablar con la dirigente morenista desde entonces, en cambio, sostuvo cuatro reuniones con el funcionario que, según Volante, les ha dado largas y les ha mentido: “Él no ha tenido palabra de honor”.

Durante esas reuniones con Akabani, reiteraron sin éxito una exigencia que vienen manifestando desde hace más de dos años: la destitución del titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, Enrique Camargo Suárez, a quien Volante denunció penalmente en noviembre de 2023 por negligencias y corrupción en las investigaciones de la desaparición de su hija.

En la conversación, todos los presentes tienen algo que decir sobre Camargo. Lo acusan de violentar sus derechos y ser omiso, de carecer de voluntad y capacidad. Sin embargo, el comisionado no sólo no ha sido removido de su puesto, sino que fue ratificado.

Además, apuntan que existe otra agravante, ya que en los encuentros con el subsecretario también protestaron por los atrasos en las búsquedas que implicó la remoción de Cinthya Eslava Montiel como subdirectora de Búsqueda de Campo: “Cuando sabemos que la obligan a renunciar, es cuando nos damos cuenta de que vamos a tener búsquedas paradas, porque ella era la única persona que ejecutaba planes de búsqueda”.

—Con la ratificación de Camargo y la remoción de Eslava, ¿ustedes piensan que el actuar de la justicia va encaminado a silenciar los casos de desaparecidos y no a resolverlos?

—Yo creo que van encaminados a no aceptar que no hay una crisis grave de desapariciones en México, contesta Gerardo Martínez.

—¿Cree que esa no aceptación de la crisis de desaparecidos puede responder a intereses políticos?

—Por supuesto que sí, si ellos aceptan que hay más de cinco mil desaparecidos en la Ciudad de México sería como decir nuestra seguridad no sirve.

En la capital existen fosas clandestinas

Los buscadores coinciden en que una de sus principales exigencias para Clara Brugada es que reconozca la existencia de fosas clandestinas en la ciudad, saben que las hay porque las han encontrado dentro y fuera del territorio capitalino. Martínez pone un ejemplo y se refiere al hallazgo de mil 700 restos en menos de 400 metros cuadrados.

No precisa la dirección y no da más detalles sobre el tema, pues explica: “No salimos a alzar la mano a decir acabamos de encontrar una fosa clandestina, no, eso era irresponsable (...) hay una responsabilidad por parte de nosotros cuando buscamos y encontramos, porque hemos encontrado en muchos lados, pero no, no tenemos la necesidad de gritar”.

Su intención como colectivo al encontrar restos no es impedir la actuación de las autoridades, ni interferir con los protocolos establecidos, aunque muchas veces estos mismos terminan alargando y entorpeciendo las búsquedas.

“Sí hay búsquedas, existen las búsquedas en la Ciudad de México, en zonas geográficas como los cerros”, reitera el padre buscador, y lamenta que no son atendidas apropiadamente por la falta de capacidad de la Comisión de Búsqueda de Personas local.

La diferencia entre importante y urgente

En la búsqueda de Pamela Gallardo, su prima, Ashanti Ríos, adquirió un amplio conocimiento de la estructura del sistema que atiende la problemática de desaparecidos y las instituciones involucradas en la localización de las personas.

A 100 días de que Brugada tomó protesta, comparte con sus compañeros de búsqueda la opinión que tiene sobre la administración de la morenista: “Ellos todo el tiempo quieren mostrar cercanía con los movimientos sociales, y sí, mucho de su base tiene que ver con los movimientos sociales emergentes de la Ciudad de México”.

Pero afirma que un gobierno humanista debe tener la capacidad de distinguir entre lo importante y lo urgente: “No podemos seguir avanzando en una ciudad, que ella apuesta por tecnologizarla, a llevarla a ser de las mejores ciudades de América Latina, cuando aquí no tenemos puesta la mirada de nuestros dirigentes en lo urgente, y lo urgente es que dejen de llevarse a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestras primas”.

Y añade con firmeza: “Eso es lo que les está fallando, y le falla a Clara y le falla a César Cravioto (secretario de Gobierno) y le falla a Fadlala”.

Carencias, deficiencias y desperfectos

Los buscadores tienen sus propias experiencias enfrentando las “mayúsculas” fallas de las instituciones ante la problemática de las desapariciones. Ríos acusa que entre fiscales, comisionados, juzgadores, burócratas, peritos y demás funcionarios ha observado que existe una “especie de oligarquía”, en donde los puestos se rellenan con nepotismo.

“Entonces hemos visto, por ejemplo, en Comisión o en Fiscalía, que no hay voluntad por resolver de manera sesuda los casos”, y defiende que son las propias familias las que organizan grupos alternativos de trabajo para investigar y alimentar las desapariciones.

En su caso, Gerardo Ramírez rememora la experiencia que atravesó las primeras veces que se acercó con las autoridades y sufrió violencia de aquellos que deberían de ofrecer ayuda a quienes viven la desaparición de un familiar: “Vienes cansado, con estrés, con llantos, con miedo, con la cabeza revuelta porque quieres saber dónde está tu hija o tu hijo (...) ellos están obligados a hacer su chamba y se aprovechan del dolor, se aprovechan del miedo y quieren hacer con eso que te rindas”.

Por su parte, Gabriela Alonso Villarreal tiene la teoría de que las autoridades implementan estrategias para reducir el número de desaparecidos, entre ellas incinerar los cuerpos y mandarlos a la fosa común o a universidades antes de que se cumpla el plazo estipulado por la ley: “Cuando nosotros fuimos a recibir el cuerpo de mi hermano (Yudhisthira Piña Villarreal) en el Estado de México, específicamente en la Semefo (Servicio Médico Forense), nos dijeron que estaban a dos días de llevarlo a la cosa común, y tenía apenas una semana”.

De acuerdo con el Informe Nacional de Personas Desaparecidas, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), con corte al 16 de mayo de 2024, la Ciudad de México tenía en 2022 4 mil 21 personas desaparecidas, en 2023, 5 mil 475 y en 2024 sumaban 6 mil 2, siendo la CDMX una de las cinco entidades federativas con más desapariciones de niñas y mujeres.

Ante estos datos, la experiencia en común que todos mencionan es que para ser escuchados por las autoridades tienen que hacer cortes viales, salir con pancartas y megáfonos a tomar las calles.

Con información de proceso.com.mx