Elección de ministros, oportunidad histórica para romper con la impunidad: Julio Sabines

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Para Julio Ángel Sabines Chesterking, quien busca llegar a la planilla para ser ministro de la Suprema Corte, la reforma judicial ayudará, con el tiempo, a acabar con la impunidad que existe en el país.

Sabines Chesterking es magistrado presidente de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), institución a la que llegó en 2021, luego de intentar postularse como candidato a diputado federal por Morena.

Actualmente busca obtener una candidatura para participar en la elección judicial de junio próximo para ministro de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En entrevista con Proceso, reconoció que la impunidad depende de muchos otros factores, externos al Poder Judicial.

“La impunidad responde a un montón de controversias, de problemas de muchos ámbitos, o sea, uno de ellos es procesal; otro de ellos es sobre los principios que tienen las personas juzgadoras a la hora de dictar sus sentencias, otro es a través de la imposibilidad material que tienen, porque pues también existen límites de las autoridades de investigar. La impunidad generalmente va relacionada con la responsabilidad política, penal o administrativa generalmente, porque es donde la sociedad ve que no hay sanción ni castigo a los responsables de una conducta antijurídica”, explicó.

Grupos de presión

“Ha habido mucha impunidad por los grupos políticos y económicos que han ejercido presión sobre el Poder Judicial históricamente y creo que el hecho de que se abra a la determinación democrática es un paso muy importante para retirarle el poder a estos grupos de hegemonía de presión dominante. Estamos en un momento en donde podemos dar un paso hacia adelante en esos términos y ciertamente tengo la esperanza de que esta reforma dé pasos contundentes para terminar con la impunidad”.

Aunque este proceso sea lento, consideró que la sociedad no tardará tanto en ajustarse al nuevo sistema creado por la mayoría de Morena y aliados en el Congreso.

“Yo creo que va a ser muy rápido, porque el hecho de que la gente participe habrá hecho que las resoluciones judiciales ya no estén en manos de estos grupos de interés, entonces todo es a reserva de la participación de la ciudadanía en este proceso”, explicó.

Sabines es hijo del exgobernador de Chiapas, Juan Sabines Gutiérrez (1979-1982) y medio hermano del también exmandatario estatal Juan Sabines Guerrero, quien en 2013 fue señalado por dejar una deuda en su estado por más de 40 mil millones de pesos y en 2015 asumió el cargo de cónsul de México en Orlando, Florida.

Como lo permite la reforma judicial, el magistrado se registró ante los Comités de Evaluación de los poderes Ejecutivo y Legislativo para tener mayores posibilidades de obtener una candidatura.

Rechazó hablar sobre los posibles puntos negativos que tienen las reglas establecidas en la reforma judicial, pues considera que lo importante es debatir sobre el tipo de juzgadores que pueden llegar a renovar al Poder Judicial de la Federación (PJF) y enfatizó la importancia de que la gente se informe sobre quiénes pueden llegar a ser sus candidatos.

“Me resulta poco inerte seguir dialogando sobre si las reglas nos gustan o no, porque lo que está ahorita en la mesa es qué tipo de persona juzgadora queremos y eso es lo que se le va a proponer a la sociedad”, señaló.

“¿Cuáles son los atributos o las cualidades o los defectos o las filias o las fobias que deben de tener las personas juzgadoras? Lo correcto es tratar de preguntarnos sobre las filiaciones políticas, partidistas, ideológicas, sobre las reputaciones que tenemos, sobre nuestras trayectorias sobre nuestro prestigio público”.

Antes de llegar al TFJA, Sabines fue director general de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), durante la administración de Jesús Murillo Karam, hoy vinculado a proceso por desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa.

Nombramientos

Su designación en el TFJA se realizó en un mecanismo similar al que el Congreso acaba de eliminar de los ministros de la Corte (a propuesta del Ejecutivo y con ratificación del Legislativo) lo que, junto con el principio de inamovilidad, consideró que garantiza la imparcialidad con la que operan los magistrados de dicho tribunal.

“El nombramiento de los magistrados y las magistradas es propuesto por el Poder Ejecutivo y ratificado por el Poder Legislativo, entonces ésa es la vinculación que tenemos, pero en la naturaleza de su función jurisdiccional somos un tribunal autónomo, ni nuestras sentencias ni nuestra estabilidad laboral dependen del Poder Ejecutivo”, refirió.

“Nuestras sentencias también se pueden siempre recurrir a través del amparo, que es uno de los mecanismos que se ejercen ante el Poder Judicial (...) y también la duración en el cargo que tenemos, pues es suficiente para no depender de un solo Ejecutivo (...); no tenemos que complacer a una autoridad porque nuestra estabilidad laboral no depende de eso”.

Celebró que por primera vez en la historia de México el PJF y los poderes judiciales locales serán renovados mediante voto popular, pues afirmó que ningún candidato responderá a banderas ni colores partidistas.

“Históricamente creo que las designaciones en el Poder Judicial habían estado muy influenciadas por grupos de poder político y económico, y el hecho de que ahora se abra a la participación democrática y sea la sociedad la que tenga voz y voto como lo es en el Poder Legislativo, pues eso es una oportunidad histórica de que la sociedad rompa con los esquemas de monopolio, digamos de ese control político, de esa hegemonía oligárquica que ha habido en grupos de poder y de presión”, refirió.

Aunque la reforma no establece mayores mecanismos para garantizar que los perfiles que lleguen a la planilla de la elección judicial sean los idóneos, Sabines confió en que el futuro Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) revise bien el desempeño de los juzgadores y que el electorado, que ya cuente con más información sobre esas personas, emita su voto razonado para ratificarlas o no en los cargos.

“Vamos a pasar de un proceso donde nadie opinaba a un proceso donde la sociedad puede participar, entonces eso ya lo hace trascendente. Antes la sociedad no tenía ni voz ni voto en esto, entonces, primero que nada, se abren las puertas a la participación democrática, y eso ya lo hace por sí importante”, apuntó.

PJF, en riesgo de quedarse sin candidatos

“Aquí no va a ser un tema de colores, porque no están participando los partidos políticos. Lo que podrán hacer quienes participan en el proceso, en su momento, es exponer más o menos la aproximación que tienen conforme al Derecho”.

Aunque desde la presentación de la iniciativa de reforma constitucional se han presentado cientos de amparos en los que han sido concedidas suspensiones para intentar frenar su ejecución, no fue sino hasta el pasado 7 de enero que el Comité de Evaluación del PJF se convirtió en la primera autoridad en acatar una de esas medidas.

Por ello, actualmente el PJF está en riesgo de quedarse sin candidatos para la elección de junio próximo, dejando así vía libre a la participación únicamente de candidatos de los poderes Ejecutivo y Legislativo, controlados hoy por Morena.

Proceso preguntó al magistrado sobre qué garantías hay de que esos perfiles no respondan a intereses oficialistas al momento de resolver los litigios, a lo que respondió que todo depende de la trayectoria de esas personas y de cómo apliquen la ley al momento de emitir sus resoluciones.

Incluso señaló que, de materializarse el riesgo de que el PJF se quede sin candidatos, esto no vulnera los derechos de quienes sólo se inscribieron ante el Comité de dicho poder.

“Sería muy desafortunado que un poder no participara en este ejercicio, pero esto en ningún momento le conculca el derecho a ningún ciudadano de haber participado, porque simplemente se abrió para que los ciudadanos pudieran escoger todas las vías. Entonces, al final de cuentas, creo que todos los ciudadanos que quisimos participar en este proceso hemos tenido todas las vías abiertas para que de forma unipersonal nosotros determinemos por dónde le queríamos hacer (...) esto ha sido un mecanismo abierto a la ciudadanía, entonces a quien se le está conculcando un derecho no es al ciudadano”, refirió.

El TFJA, a diferencia de otros tribunales, no pertenece al Poder Judicial. Desde 2016 es un órgano autónomo y se dedica a resolver las impugnaciones que los ciudadanos presentan contra actos emitidos por autoridades que dependen del Poder Ejecutivo y casos de responsabilidades administrativas de servidores públicos que pudieron incurrir en actos de corrupción.

Pese a ello, Sabines afirmó que en el corto tiempo que lleva como magistrado del TFJA no ha sufrido presiones de ningún tipo, ni de parte de autoridades o servidores públicos, ni de particulares.

Presumió que aunque las resoluciones que emite el tribunal pueden ser impugnadas mediante amparo, cosa que ocurre en un 50% de casos, el 90% de ellas son confirmadas por la justicia federal.

“Supongo que siempre habrá actores que quieran presionar a las autoridades jurisdiccionales, como también lo puede ser en el Poder Judicial o en otros ámbitos, pero somos un tribunal que actúa con mucha independencia”, finaliza.

Con información de proceso.com.mx