INAI dio “pretextos” para hacer respaldo de 15 mil millones de archivos de la Plataforma de Transparencia, dicen organizaciones
Luego de dos meses de comunicación entre Artículo 19 y el INAI, y un llamado público emitido por organizaciones de la sociedad civil, colectivos, periodistas y defensores de derechos humanos para garantizar el respaldo ciudadano de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), las organizaciones reclaman que los “han hecho a un lado” y durante este tiempo solo hubo “pretextos” para no concretar el respaldo de la información.
Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, aseguró que hay muchas dudas de este proceso. “Se tiene que hacer público ese protocolo. Además, no sabemos por qué le van a dar toda la plataforma al Poder Ejecutivo Federal si todavía no está la Ley Secundaria. ¿Por qué se asume que el Poder Ejecutivo Federal va a tener la información de 7 mil 500 sujetos obligados? ¿Dónde está esa competencia? Hay muchos vacíos legales y técnicos que se tienen que transparentar”.
En tanto, la comisionada del INAI, Norma Julieta del Río, responsable de la Plataforma Nacional de Transparencia, dijo que les entregará la información si lo solicitan vía transparencia.
“Vamos a hacer unas cintas magnéticas con el respaldo de la información, y las organizaciones tienen el derecho de petición, además el Artículo 6to constitucional sigue, y como organizaciones civiles pueden pedir una copia de las cintas magnéticas en una solicitud de información”, dijo Del Río en entrevista con Animal Político.
Sin embargo, desde noviembre pasado, Artículo 19 se acercó con la comisionada Norma Julieta del Río, responsable de la Plataforma, y el resto de comisionados del INAI para establecer un procedimiento de resguardo de los más de 15 mil millones de archivos públicos y asegurar que siga siendo accesible para los ciudadanos.
La comunicación continuó en los meses siguientes, pero no hubo concreción de un acuerdo formal para que Artículo 19 estuviera a cargo de un repositorio de la información. En cambio, el proceso de traspaso de información de la PNT está desarrollándose entre el INAI y la Secretaría Anticorrupción, encabezada por Raquel Buenrostro, sin que exista una ley que así lo establezca, toda vez que no han reformado las legislaciones en materia de Transparencia que norme este traspaso de información.
Organizaciones e INAI acordaron descarga de información de la PNT
En noviembre, las organizaciones sociales y el INAI habían acordado establecer el camino jurídico y técnico para descargar la información pública y publicada del Sistema del Portal de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), con al menos 16 teras de información para hacer un respaldo ciudadano junto con organizaciones sociales, academia y periodistas, explicó Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, en entrevista con Animal Político.
“Nos desconcierta que después de dos meses de trabajo no hayamos podido llegar a nada, pero ojalá ahora sí se cumplan con los compromisos asumidos desde el 23 de noviembre cuando nos reunimos con la comisionada Norma Julieta, con el presidente Adrián Alcalá y Blanca Lilia Ibarra, y el equipo de tecnologías, porque han puesto muchos pretextos para que no logremos avanzar en el respaldo ciudadano de la Plataforma. Estábamos sobre la mesa con la mejor disposición y básicamente nos han hecho a un lado.”
Este jueves, organizaciones de la sociedad civil, colectivos, personas defensoras de derechos humanos y periodistas publicaron un comunicado para llamar al INAI a que garantice el resguardo, acceso público y la transferencia de los datos y la información contenida en la Plataforma Nacional de Transparencia.
“La desaparición del INAI ha generado una grave incertidumbre sobre el futuro de la PNT, ya que la falta de claridad sobre su resguardo y transferencia plantea una profunda preocupación”, advierte la publicación.
Por ello, “urgimos que establezca un mecanismo de acceso y descarga de la información contenida en la PNT mientras la nueva institución encargada asuma las funciones, asegurando así la continuidad en el acceso a esta herramienta esencial”.
Norma Julieta del Río afirmó que durante las reuniones con las organizaciones sociales hicieron pruebas para la descarga de la información, pero “afecta la base de datos de la Plataforma”.
“Cuando tuvimos la reunión con la secretaria, le comenté del interés y la preocupación de las organizaciones civiles y ella dijo que la Plataforma iba a continuar y que incluso proponía hacer una validación criptográfica, que en términos llanos es como ‘poner una huella digital única’ de las cintas magnéticas de información, de tal manera que nadie pueda alterar la información que se entregue en la transición”.
Del Río ofreció retomar las reuniones con las organizaciones sociales y buscar una reunión con la secretaria Buenrostro.
En el comunicado de las organizaciones sociales, también hicieron un llamado a “dialogar con la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, quien será la encargada de la transparencia desde el poder Ejecutivo, para colaborar en la preservación de la PNT y garantizar que siga siendo una herramienta accesible, eficiente y orientada a fortalecer la democracia en el país”.
Animal Político preguntó a la Secretaría Anticorrupción cuál sería su respuesta ante este llamado, pero no hubo respuesta.
Artículo 19 propuso ser el responsable del resguardo de la información, toda vez que tiene una experiencia previa con el “Proyecto Archivos de la Represión”, una plataforma que contiene las fichas de la Dirección General de Seguridad relativas al espionaje durante la Guerra Sucia, pues se trata de información de interés público.
Bajo esa misma premisa es que Artículo 19 quería replicar el ejercicio con la PNT, para que los ciudadanos no pierdan su derecho a la información si es que la Plataforma dejara de funcionar, tras la extinción del INAI.
¿Qué hay en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)?
Desde mayo de 2016, la PNT ha sido una herramienta mediante la cual cualquier ciudadano puede ejercer su derecho de acceso a la información, toda vez que puede consultar datos personales, y todo lo referente al actuar de gobiernos estatales, municipales y Federal, además de partidos políticos, fideicomisos o sindicatos y de cualquier ente que reciba recursos públicos.
Hasta el momento suma más de 14 mil millones de archivos, lo que equivale a 40 veces lo contenido en el Archivo General de la Nación. La PNT es resultado del cumplimiento durante más de diez años de obligaciones por parte de más de 7 mil sujetos obligados en todo el país y está estructurada en cuatro rubros diseñados para garantizar el ejercicio del derecho a saber. Se trata de lo siguiente:
- El Sistema del Portal de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), el cual recopila la información que las autoridades están obligadas a publicar de manera proactiva.
- El Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI), que facilita la presentación de solicitudes y resguarda las respuestas emitidas por los sujetos obligados.
- El Sistema de Gestión de Medios de Impugnación (SIGEMI), donde se ubican los recursos de revisión ante respuestas inadecuadas o negativas a solicitudes de información.
- Sistema de comunicación entre Organismos garantes y sujetos obligados (SICOM), diseñado para organismos garantes y sujetos obligados, que permite gestionar de manera electrónica los recursos de revisión originados por las inconformidades de la ciudadanía.
“La relevancia de estos sistemas radica en su capacidad para garantizar que actualmente la información pública sea accesible, lo cual promueve una cultura de transparencia y apertura gubernamental que fortalece a la democracia y permite la protección de otros derechos humanos”, advierte el comunicado de Artículo 19.
Con información de Animal Político.
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De acuerdo con reportes citados por el periodista Raymundo Riva Palacio, la inteligencia estadounidense ya tiene en la mira a al menos cuatro líderes de cámaras empresariales del norte del país, identificados como “empresarios híbridos”, por combinar operaciones legales con actividades ilícitas.
Riva Palacio señala que el sector privado mexicano no previó que la parte “más oscura del régimen, vinculada al crimen organizado”, colocara a sus piezas estratégicamente en todo el país, afectando incluso al Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que concentra alrededor del 80% de la riqueza nacional, situación que califica como un “cáncer” económico.
“Lo que se está viendo en México con los empresarios que son objetivos de la inteligencia estadounidense es del tipo llamado ‘empresario híbrido’, donde se combinan negocios legales con operaciones ilícitas”, destaca el artículo del periodista.
El caso ha encendido alertas dentro del sector privado y entre autoridades locales, al tiempo que la investigación estadounidense continúa su curso sin que hasta ahora se hayan dado a conocer más detalles sobre posibles sanciones o imputaciones.
Pasarela de Cruz en medios nacionales
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“La verdad es que en todas las encuestas que se han hecho a nivel estatal, obviamente Juárez incluido nos está yendo muy bien y no solamente en Juárez. Este sábado tuvimos un evento en Chihuahua capital y abarrotamos el centro de convenciones”, dijo en los medios nacionales.
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A través de redes sociales, la página oficial “¡Ah, Chihuahua!”, perteneciente a la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, difundió imágenes promocionales en las que visitantes aparecen retratándose con las tradicionales letras monumentales de “Camargo”. Sin embargo, dichas estructuras ya no existen.
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Resulta contradictorio que se impulse la visita a este destino utilizando imágenes desactualizadas, lo que pone en duda si las instancias estatales han dado seguimiento a la situación real del lugar en los últimos años.
Cabe recordar que las letras monumentales de “Camargo” fueron destruidas el pasado 31 de diciembre, luego de una explosión que provocó que fragmentos metálicos salieran proyectados. El incidente también ocasionó daños en al menos diez viviendas cercanas, cuyos vidrios resultaron afectados por la onda expansiva.
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En Ciudad Juárez, se reportó la distribución de material propagandístico en las inmediaciones donde el senador Juan Carlos Loera encabezó la asamblea “Juárez es México” el pasado domingo 22 de marzo de 2026.
De acuerdo con los reportes, la propaganda corresponde a la delegada del Bienestar Mayra Chávez y habría sido entregada en zonas cercanas al evento realizado un día antes.
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Después de 6 años de la masacre LeBarón en la comunidad de La Mora, el líder mormón Julián LeBarón, quien además ha mostrado su interés por contender en Chihuahua por un puesto político, volvió a tomar el tema en medios nacionales.
LeBarón expuso en el podcast de Adela Micha “La Saga”, que hubo complicidad institucional entre Javier Corral y Claudia Pavlovich, quienes en ese entonces fungían como gobernadores de Chihuahua y Sonora con los grupos criminales, destacando que tras nueve horas de espera nadie apareció para apoyarlos. Por si fuera poco, a la fecha se tienen 30 detenidos pero no hay sentenciados.
Por cierto, en este mismo espacio expuso que tras haber destapado su interés para contender por un puesto político y le han llegado miles de mensajes acusándolo de ser acaparador de agua más grande de México, “En el momento que eres víctima de un crimen, buscan cómo justificar lo que te haya sucedido buscando en tu historia algún pretexto para ignorar la responsabilidad, no solo de las instituciones, sino también de los mexicanos”, expresó.
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Resulta que el Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum, en su intento de reducir al presupuesto a los Congresos locales, terminaría por beneficiar en aumentos a otros, incluyendo el de Chihuahua.
Se dice que este ajuste presupuestal, permitiría a 16 Congresos Locales, es decir las mitad en todo el país, crecer en su gasto.
Todo a la inversa, por ejemplo, el Congreso del Edomex podría crecer en 525.9 mdp, el de Chiapas +401.8 mdp, el de Veracruz +398.2 mdp y así 13 congresos más, 3,127 mdp adicionales.
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