Hoy vence el plazo para que Estados Unidos defina a qué grupos criminales designará como organizaciones terroristas

El presidente estadounidense Donald Trump firmó el pasado 20 de enero una orden ejecutiva con la que busca designar a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras al considerarlos “una amenaza a la seguridad nacional”.

El decreto de Trump, a diferencia del emitido en 2001 por el entonces presidente George W. Bush, no muestra un listado de qué organizaciones serán catalogadas como terroristas, sino que presenta una serie de lineamientos para su designación

Será el próximo 3 de febrero cuando el gobierno anuncie qué organizaciones criminales serán consideradas como terroristas.

De acuerdo con la orden ejecutiva, la designación se basa en la Ley de Migración o la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) y en la orden ejecutiva 13224 emitida el 23 de septiembre de 2001. 

Esas regulaciones determinan que Estados Unidos podrá considerar a una agrupación como terrorista si: 

  • La organización es extranjera
  • La organización participa en actividades terroristas o conserva la capacidad y la intención de participar en actividades terroristas o terrorismo. 
  • La actividad terrorista amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos o la seguridad de sus ciudadanos.

Por su parte, se considera actividad terrorista cualquier actividad ilegal de acuerdo con las leyes de donde se cometió o que se refiera a las siguientes actividades: 

  • Secuestro o sabotaje de un avión, embarcación o vehículo.
  • Aprehender o detener y amenazar con matar o lesionar a otra persona con el objetivo de obligar a un tercero a hacer o abstenerse de hacer cualquier acto con la condición de liberar a la persona aprehendida o detenida.
  • Atacar a una persona internacionalmente protegida o atentar la libertad de dicha persona.
  • Cometer un homicidio
  • Usar agentes biológicos, químicos, arma de dispositivo nuclear, explosivos, armas de fuego o que usen dispositivos peligrosos.

Orden ejecutiva afirma que los cárteles cumplen los requisitos

Trump argumentó en su orden ejecutiva que los cárteles constituyen un riesgo a la seguridad nacional al hacer actividades que abarcan la relación con actores que van desde otras organizaciones terroristas hasta gobiernos extranjeros enemigos; contar con sistemas adaptativos complejos e infiltrarse en gobiernos extranjeros. 

El mandatario afirmó que los cárteles hacen campañas de violencia y terror que ha desestabilizado países con “importancia significativa” para Estados Unidos, sin nombrar alguno, y además de provocar el tráfico de drogas letales, así como la llegada de criminales.

Con el objetivo de reforzar su petición, el republicano afirmó que los cárteles mantienen el control por medio de asesinatos, violaciones y uso de la fuerza bruta, lo que infunde el terror. 

También acusó que en algunas regiones de México los cárteles funcionan como “entidades cuasi gubernamentales”, que controlan casi todos los aspectos de la sociedad, lo que representa un riesgo de seguridad estadounidense. 

Proceso para su designación

La orden ejecutiva da un plazo de 14 días, los cuales se vencen el próximo 3 de febrero para que Marco Rubio, secretario de Estado, tome las medidas apropiadas para designar a los cárteles como organizaciones terroristas

En ese plazo, deberá de consultar a James McHenry, fiscal general; Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional; Scott Kenneth Bessent, secretario del Tesoro´, y John Ratcliffe, director de la CIA, para hacer una recomendación sobre estas agrupaciones.

De manera simultánea, McHenry y Noem deberán de tomar “todas las acciones apropiadas” para comenzar los preparativos a las operaciones para que el presidente invoque el acta 50, con la que las autoridades estadounidenses podrán “aprehender, retener, asegurar y expulsar” a las personas consideradas terroristas. 

El proceso establecido en la Ley de Migración, sección 1189, establece que el proceso de designación de una organización criminal es la siguiente: 

  • El secretario de Estado deberá de avisar, mediante comunicación clasificada, a los líderes del Congreso siete días antes la intención de designar una organización en esa categoría y las bases fácticas para ello. 
  • El secretario deberá de publicar la designación en el Registro Federal siete días después de proporcionar la información. 
  • Tras la notificación, el secretario de Tesoro podrá exigir a las instituciones financieras estadounidenses que controlan cualquier activo de la organización congelar los activos de estos. 

Sin embargo, las organizaciones podrán solicitar una petición de revocación, en la que muestren que derivado de las circunstancias descritas no deberían de ser catalogados como terroristas. 

Tras presentar el documento, el secretario de Estado tendrá 180 días para determinar si revoca la designación.

Con información de Latinus

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Riva Palacio señala que el sector privado mexicano no previó que la parte “más oscura del régimen, vinculada al crimen organizado”, colocara a sus piezas estratégicamente en todo el país, afectando incluso al Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que concentra alrededor del 80% de la riqueza nacional, situación que califica como un “cáncer” económico.

“Lo que se está viendo en México con los empresarios que son objetivos de la inteligencia estadounidense es del tipo llamado ‘empresario híbrido’, donde se combinan negocios legales con operaciones ilícitas”, destaca el artículo del periodista.

El caso ha encendido alertas dentro del sector privado y entre autoridades locales, al tiempo que la investigación estadounidense continúa su curso sin que hasta ahora se hayan dado a conocer más detalles sobre posibles sanciones o imputaciones.


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“La verdad es que en todas las encuestas que se han hecho a nivel estatal, obviamente Juárez incluido nos está yendo muy bien y no solamente en Juárez. Este sábado tuvimos un evento en Chihuahua capital y abarrotamos el centro de convenciones”, dijo en los medios nacionales.


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Por cierto, en este mismo espacio expuso que tras haber destapado su interés para contender por un puesto político y le han llegado miles de mensajes acusándolo de ser acaparador de agua más grande de México, “En el momento que eres víctima de un crimen, buscan cómo justificar lo que te haya sucedido buscando en tu historia algún pretexto para ignorar la responsabilidad, no solo de las instituciones, sino también de los mexicanos”, expresó.


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