Busca PRI fortalecer ganadería en Chihuahua; blindarían estatus sanitario y confianza internacional en productores locales
•Propone considerar delitos la propagación de enfermedades y la propagación de plagas
•Plantea la creación de un Fondo para proteger el Estatus Zoosanitario con los recursos provenientes de pases de ganado
Arturo Medina, Coordinador de los Diputados del PRI en el Congreso del Estado, propuso diversas reformas a la legislación local, a fin de fortalecer al sector ganadero de la entidad, blindar la frontera de Chihuahua de cierres derivados de condiciones insalubres de ganado proveniente de otras entidades, y salvaguardar el alto nivel del estatus zoosanitario del estado.
La propuesta, surgida luego de que ganaderos del estado sufrieran graves consecuencias económicas por el cierre de la frontera, debido a un caso de gusano barrenador proveniente de otra entidad, busca incluir en el Código Penal del Estado, el delito de Propagación de Enfermedades en Animales de Ganado y otros Productos Pecuarios.
Dicha medida busca elevar el nivel de cuidado entre quienes participan en cualquier etapa del proceso ganadero, para garantizar que ningún animal o producto relacionado a la salud del ganado, tenga infección alguna que afecte los estatus zoosanitario y fitosanitario del estado; en este caso las penas podrían ir de los 5 a los 9 años, dependiendo de las condiciones y agravantes del delito.
“Lo que planteamos es elevar la conciencia sobre los riesgos de cometer omisiones en la revisión del ganado y otros productos relacionados, se trata también de establecer controles para que haya consecuencias para quienes permitan el contagio de enfermedades que pongan en riesgo la calidad del ganado; quienes se esfuerzan en procurar condiciones salubres para sus animales, merecen que les ayudemos a cuidar su trabajo”, manifestó el legislador.
Medina explicó que la propuesta cuida detalles que permiten brindar soluciones integrales a la problemática, por ejemplo, plantea imponer sanciones a quienes participen en la Propagación de Plagas y Enfermedades en Productos Agrícolas o Frutícolas, falta que plantea se convierta en delito por las implicaciones que tiene en el estatus zoosanitario y fitosanitario de la entidad.
El priista agregó que “las sanciones serán aplicables en cualquier operación de crianza, transporte, introducción, comercialización interna o exportación, lo que generará mayor confianza en la entidad al establecer métodos de control que garantizarán que cualquier acto que vulnere el estatus de sanidad del ganado, es sancionado, lo que eleva la certidumbre sobre los animales que son exportados por nuestra frontera”.
La propuesta busca también reformar la Ley de Ganadería para fortalecer a la Secretaría de Desarrollo Rural y clarificar cuáles faltas requieren únicamente sanciones administrativas y cuáles deben ser atendidas con la intervención decidida del Ministerio Público, lo que aumentará la efectividad y agilidad de ambos entes en las acciones dirigidas al mejoramiento de la actividad y el estatus sanitario del ganado.
El coordinador legislativo añadió que con la reforma a la Ley de Ganadería, pretende la creación de un Fondo de Preserva o Mejora del Estatus Zoosanitario y de Fomento Pecuario, cuyos recursos provendrían del pago de pases de ganado, lo que bridaría un soporte financiero considerable para la ejecución de acciones tendientes a elevar la certidumbre del sector ganadero y la confiabilidad de la entidad como líder de exportación.
Medina aseguró que el estado ha mantenido el liderazgo nacional por la calidad en la sanidad del ganado que exporta, por lo que es necesario elevar los controles para no solo conservar la posición, sino fortalecerla, además de evitar que agentes provenientes de otros estados, afecten el hato local y la confianza que durante décadas se han construido los ganaderos chihuahuenses.
“Nuestro Estatus Zoosanitario es patrimonio chihuahuenses, debemos protegerlo y con ello el valor agregado que le da al ganado de nuestro estado”, finalizó.
Tips al momento
Dos estados panistas en el top 3 de homicidios dolosos
En los índices delictivos presentados esta mañana durante conferencia matutina, destacaron dos estados panistas de los demás en el ámbito de homicidios dolosos.
Se trata de Guanajuato y Chihuahua, que se ubicaron en el primer y tercer lugar de la lista, primero el estado dirigido por Libia García, en segundo lugar, la entidad liderada por Morena, Sinaloa y en el número tres, el estado grande, que tiene por gobernadora a la panista María Eugenia Campos.
No es la primera vez que Chihuahua y Guanajuato aparecen entre los estados con mayor número de homicidios, tan solo en el cierre del 2025 Guanajuato se quedó con el primer lugar con un total de 2 mil 539 hechos violentos, mientras que Chihuahua ocupó el segundo lugar con mil 791.
A pesar de estos índices, aún no hay fecha para que la presidenta Sheinbaum venga a Chihuahua para llevar a cabo la mesa de seguridad.
Pretende UACH vender rancho agrícola
Trascendió en los últimos días que la Universidad Autónoma de Chihuahua aprobó la enajenación de un rancho agropecuario que pertenece a la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales, sin transparentar el motivo, lo que ha preocupado al sector agropecuario del centro-sur del estado.
Según productores agrícolas, en meses anteriores ya se había comenzado con la venta de vacas lecheras e inclusive el predio se incendio, posiblemente para cambiar el uso de suelo.
Hasta hoy, la universidad no ha explicado el porqué de la venta de este predio, que es parte de la práctica de los alumnos y sirve para mejorar la tecnificación agrícola.
Además, se conoció extraoficialmente que el Congreso Estatal no tiene conocimiento del tema, a pesar de que debe pasar por su aprobación para la venta del predio por ser un ente público.
Pablo Héctor González en queja contra nuevo modelo judicial ante la CIDH
El ex magistrado, retirado a fuerzas por la reforma de la 4t, Pablo Héctor González, figuró en la queja en contra del nuevo modelo judicial en un evento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
En el marco del Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se apersonaron jueces y magistrados que pasaron a retiro forzado para denunciar que los cambios constitucionales impuestos por la 4T pusieron en riesgo el acceso a la justicia para los 130 millones de mexicanas y mexicanos.
Entre los personajes que alzaron la voz destacó el ex magistrado de Chihuahua, Pablo Héctor González.
De las acusaciones es que el Órgano de Administración Judicial es una policía política contra quienes continuaron en funciones o cargos de la pasada estructura, pero beneficiando a los electos del acordeón y las tómbolas.
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