Ciudad de México, 04/02/2025 (Más / IA).- Durante las últimas tres décadas, distintos gobiernos de Estados Unidos han reconocido su responsabilidad en la fabricación y venta de armas que terminan en manos del crimen organizado en México. Sin embargo, estas declaraciones no se han traducido en acciones concretas para reducir el tráfico ilegal de armamento. Una investigación de Animal Político revela que, pese a los compromisos expresados por administraciones tanto demócratas como republicanas, el problema persiste sin una regulación efectiva.
Como parte de los acuerdos alcanzados con Donald Trump para suspender temporalmente la imposición de aranceles a México, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que, «por primera vez», Estados Unidos se comprometió a colaborar para evitar el ingreso de armas de alto poder a territorio mexicano. Sin embargo, especialistas advierten que este tipo de promesas han sido una constante entre los mandatarios estadounidenses, sin que se traduzcan en resultados tangibles.
El más reciente informe de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) señala que entre 2017 y 2021, el 74 % de las armas confiscadas en México tenían origen estadounidense. Además, el grupo de investigación Small Arms Survey estimó que en 2017 había alrededor de 16,800 armas de fuego provenientes de Estados Unidos en manos de civiles en México, un país que enfrenta una crisis de violencia con un promedio de más de 85 homicidios diarios.
Desde 1997, el entonces presidente Bill Clinton promovió la firma del Tratado Interamericano CIFTA para el control del tráfico de armas, pero la iniciativa fue bloqueada en el Congreso estadounidense, en gran medida por la presión de grupos favorables a la venta de armas. En gobiernos posteriores, los intentos de regular el flujo de armamento hacia México han chocado con la resistencia del Congreso y la influencia de la Asociación Nacional del Rifle (NRA).
El investigador Tomás Milton Muñoz, especialista en Relaciones Internacionales de la UNAM, advirtió que el acuerdo mencionado por Sheinbaum no ha sido formalizado por Trump, por lo que su cumplimiento es incierto. «No hay ningún indicio de que el gobierno estadounidense realmente trabajará para frenar el tráfico ilegal de armas. Una cosa es lo que declaran los presidentes y otra muy distinta es lo que realmente sucede», explicó.
Donald Trump, quien regresó a la Casa Blanca con el respaldo de sectores conservadores y de la NRA, prometió en febrero de 2024 eliminar las restricciones impuestas por Joe Biden a fabricantes y propietarios de armas. Su administración anterior (2017-2021) ya había abordado el problema del tráfico de armas, pero su solución fue la construcción de un muro fronterizo.
Estados Unidos es el mayor mercado de armas del mundo, con más de 77,000 establecimientos dedicados a la venta de armamento. Un informe de IBIS World reveló que entre 2014 y 2018, estas tiendas generaron 11,000 millones de dólares en ingresos, mientras que los fabricantes de armas y municiones obtuvieron 17,000 millones de dólares.
En varias de sus intervenciones públicas, la presidenta Sheinbaum ha cuestionado la postura de Washington, que exige a México hacer más para frenar el tráfico de fentanilo mientras no toma medidas contundentes contra el flujo de armas que terminan en manos del crimen organizado.
Promesas reiteradas y pocos resultados
A lo largo de los últimos gobiernos estadounidenses, las declaraciones de cooperación en materia de control de armas han sido frecuentes, pero sin avances significativos. En 2009, el entonces presidente George W. Bush reconoció la responsabilidad de su país en el tráfico de armas hacia México, aunque al mismo tiempo respaldó leyes que protegían a fabricantes y distribuidores de armas frente a demandas por violencia armada.
Durante la administración de Barack Obama (2009-2017), se impulsaron medidas para ratificar el tratado CIFTA y fortalecer el control de armas, pero la oposición del Congreso impidió cualquier avance. En 2011, su gobierno se vio envuelto en un escándalo cuando se reveló que, bajo el operativo «Rápido y Furioso», agentes de la ATF permitieron el tráfico ilegal de armas hacia México con el supuesto objetivo de rastrear a grupos criminales. Estas armas terminaron siendo utilizadas en diversos delitos, lo que generó una fuerte crisis diplomática.
En el caso de Joe Biden, su gobierno adoptó en 2021 el Entendimiento Bicentenario, un acuerdo con México para reducir el tráfico de armas y fortalecer la cooperación en seguridad. Sin embargo, hasta la fecha no se han presentado informes detallados que evidencien resultados concretos.
A pesar de los constantes compromisos de Estados Unidos para frenar el tráfico de armas, los datos muestran que el problema sigue sin resolverse. Con la llegada de Trump nuevamente al poder y su cercanía con los sectores pro-armas, los especialistas advierten que las posibilidades de un cambio real en la política estadounidense son mínimas.
Tips al momento
Aparecen promocionales de Álvaro Bustillos en medios nacionales
A pesar de lo dicho anteriormente por el Presidente de la UGRCH, Álvaro Bustillos, en donde aseguró que no tenía ninguna aspiración política, hoy una imagen promocional de su persona aparece en un medio nacional…
El banner del presidente Bustillos, tapizó este día el medio nacional de comunicación “Latinus”, reconocido por ser uno de los periódicos digitales que más destacan por su contenido de oposición a la 4T.
La imagen publicitaria que se encontró en varias partes de este medio de comunicación, contiene la leyenda “Álvaro Bustillos: En defensa de los ganaderos y productores Chihuahuenses”, con su imagen a un lado. Cabe mencionar que esta imagen redirige a una nota del medio Excélsior.
Esta no es la primera vez que el presidente Bustillos promociona su trabajo como titular de la Unión Ganadera, pues hace unas semanas comenzó a circular un mensaje con sus logros como presidente, texto que negó financiar…
Por cierto, aunque el no se ha pronunciado sobre algún puesto en especifico, su nombre comienza a sonar para una diputación federal...
Dos estados panistas en el top 3 de homicidios dolosos
En los índices delictivos presentados esta mañana durante conferencia matutina, destacaron dos estados panistas de los demás en el ámbito de homicidios dolosos.
Se trata de Guanajuato y Chihuahua, que se ubicaron en el primer y tercer lugar de la lista, primero el estado dirigido por Libia García, en segundo lugar, la entidad liderada por Morena, Sinaloa y en el número tres, el estado grande, que tiene por gobernadora a la panista María Eugenia Campos.
No es la primera vez que Chihuahua y Guanajuato aparecen entre los estados con mayor número de homicidios, tan solo en el cierre del 2025 Guanajuato se quedó con el primer lugar con un total de 2 mil 539 hechos violentos, mientras que Chihuahua ocupó el segundo lugar con mil 791.
A pesar de estos índices, aún no hay fecha para que la presidenta Sheinbaum venga a Chihuahua para llevar a cabo la mesa de seguridad.
Pretende UACH vender rancho agrícola
Trascendió en los últimos días que la Universidad Autónoma de Chihuahua aprobó la enajenación de un rancho agropecuario que pertenece a la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales, sin transparentar el motivo, lo que ha preocupado al sector agropecuario del centro-sur del estado.
Según productores agrícolas, en meses anteriores ya se había comenzado con la venta de vacas lecheras e inclusive el predio se incendio, posiblemente para cambiar el uso de suelo.
Hasta hoy, la universidad no ha explicado el porqué de la venta de este predio, que es parte de la práctica de los alumnos y sirve para mejorar la tecnificación agrícola.
Además, se conoció extraoficialmente que el Congreso Estatal no tiene conocimiento del tema, a pesar de que debe pasar por su aprobación para la venta del predio por ser un ente público.
Pablo Héctor González en queja contra nuevo modelo judicial ante la CIDH
El ex magistrado, retirado a fuerzas por la reforma de la 4t, Pablo Héctor González, figuró en la queja en contra del nuevo modelo judicial en un evento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
En el marco del Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se apersonaron jueces y magistrados que pasaron a retiro forzado para denunciar que los cambios constitucionales impuestos por la 4T pusieron en riesgo el acceso a la justicia para los 130 millones de mexicanas y mexicanos.
Entre los personajes que alzaron la voz destacó el ex magistrado de Chihuahua, Pablo Héctor González.
De las acusaciones es que el Órgano de Administración Judicial es una policía política contra quienes continuaron en funciones o cargos de la pasada estructura, pero beneficiando a los electos del acordeón y las tómbolas.
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