Ciudad de México, 04/02/2025 (Más / IA).- Durante las últimas tres décadas, distintos gobiernos de Estados Unidos han reconocido su responsabilidad en la fabricación y venta de armas que terminan en manos del crimen organizado en México. Sin embargo, estas declaraciones no se han traducido en acciones concretas para reducir el tráfico ilegal de armamento. Una investigación de Animal Político revela que, pese a los compromisos expresados por administraciones tanto demócratas como republicanas, el problema persiste sin una regulación efectiva.
Como parte de los acuerdos alcanzados con Donald Trump para suspender temporalmente la imposición de aranceles a México, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que, «por primera vez», Estados Unidos se comprometió a colaborar para evitar el ingreso de armas de alto poder a territorio mexicano. Sin embargo, especialistas advierten que este tipo de promesas han sido una constante entre los mandatarios estadounidenses, sin que se traduzcan en resultados tangibles.
El más reciente informe de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) señala que entre 2017 y 2021, el 74 % de las armas confiscadas en México tenían origen estadounidense. Además, el grupo de investigación Small Arms Survey estimó que en 2017 había alrededor de 16,800 armas de fuego provenientes de Estados Unidos en manos de civiles en México, un país que enfrenta una crisis de violencia con un promedio de más de 85 homicidios diarios.
Desde 1997, el entonces presidente Bill Clinton promovió la firma del Tratado Interamericano CIFTA para el control del tráfico de armas, pero la iniciativa fue bloqueada en el Congreso estadounidense, en gran medida por la presión de grupos favorables a la venta de armas. En gobiernos posteriores, los intentos de regular el flujo de armamento hacia México han chocado con la resistencia del Congreso y la influencia de la Asociación Nacional del Rifle (NRA).
El investigador Tomás Milton Muñoz, especialista en Relaciones Internacionales de la UNAM, advirtió que el acuerdo mencionado por Sheinbaum no ha sido formalizado por Trump, por lo que su cumplimiento es incierto. «No hay ningún indicio de que el gobierno estadounidense realmente trabajará para frenar el tráfico ilegal de armas. Una cosa es lo que declaran los presidentes y otra muy distinta es lo que realmente sucede», explicó.
Donald Trump, quien regresó a la Casa Blanca con el respaldo de sectores conservadores y de la NRA, prometió en febrero de 2024 eliminar las restricciones impuestas por Joe Biden a fabricantes y propietarios de armas. Su administración anterior (2017-2021) ya había abordado el problema del tráfico de armas, pero su solución fue la construcción de un muro fronterizo.
Estados Unidos es el mayor mercado de armas del mundo, con más de 77,000 establecimientos dedicados a la venta de armamento. Un informe de IBIS World reveló que entre 2014 y 2018, estas tiendas generaron 11,000 millones de dólares en ingresos, mientras que los fabricantes de armas y municiones obtuvieron 17,000 millones de dólares.
En varias de sus intervenciones públicas, la presidenta Sheinbaum ha cuestionado la postura de Washington, que exige a México hacer más para frenar el tráfico de fentanilo mientras no toma medidas contundentes contra el flujo de armas que terminan en manos del crimen organizado.
Promesas reiteradas y pocos resultados
A lo largo de los últimos gobiernos estadounidenses, las declaraciones de cooperación en materia de control de armas han sido frecuentes, pero sin avances significativos. En 2009, el entonces presidente George W. Bush reconoció la responsabilidad de su país en el tráfico de armas hacia México, aunque al mismo tiempo respaldó leyes que protegían a fabricantes y distribuidores de armas frente a demandas por violencia armada.
Durante la administración de Barack Obama (2009-2017), se impulsaron medidas para ratificar el tratado CIFTA y fortalecer el control de armas, pero la oposición del Congreso impidió cualquier avance. En 2011, su gobierno se vio envuelto en un escándalo cuando se reveló que, bajo el operativo «Rápido y Furioso», agentes de la ATF permitieron el tráfico ilegal de armas hacia México con el supuesto objetivo de rastrear a grupos criminales. Estas armas terminaron siendo utilizadas en diversos delitos, lo que generó una fuerte crisis diplomática.
En el caso de Joe Biden, su gobierno adoptó en 2021 el Entendimiento Bicentenario, un acuerdo con México para reducir el tráfico de armas y fortalecer la cooperación en seguridad. Sin embargo, hasta la fecha no se han presentado informes detallados que evidencien resultados concretos.
A pesar de los constantes compromisos de Estados Unidos para frenar el tráfico de armas, los datos muestran que el problema sigue sin resolverse. Con la llegada de Trump nuevamente al poder y su cercanía con los sectores pro-armas, los especialistas advierten que las posibilidades de un cambio real en la política estadounidense son mínimas.
Tips al momento
Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?
Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
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