VgHqfaGLa Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite una controversia constitucional promovida por Presidencia de la República en contra de las medidas sanitarias impuestas por el gobierno de Chihuahua para evitar la llegada a su territorio del gusano barrenador que afecta al ganado.VgHqfaG Omnia.com.mx
VgHqfaGEn diciembre del año pasado, Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica de la Presidencia, ingresó una controversia constitucional en contra de un acuerdo emitido por María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, en el que ordenó reforzar los puntos de verificación e inspección de ganado, sus productos y subproductos.VgHqfaG Omnia.com.mx
VgHqfaGEn su acuerdo, publicado el 16 de noviembre de 2024, Campos Galván facultó a la Secretaria de Desarrollo Rural a designar los puntos de revisión y a revisar al ganado durante su introducción o salida del territorio de Chihuahua.VgHqfaG Omnia.com.mx
VgHqfaGTambién pidió realizar el aseguramiento o retorno de todo animal de ganado "que se presuma enfermo o con infestaciones, cuando se ponga en riesgo la actividad ganadera de la región o cuando se atente contra la salud pública". VgHqfaG Omnia.com.mx
VgHqfaGEn un comunicado del 18 de noviembre, el gobierno de Chihuahua confirmó que las medidas sanitarias fueron emitidas para prevenir la llegada del gusano barrenador a ese estado, luego de una alerta de infección emitida por Campeche en contra del ganado proveniente de países de Centroamérica.VgHqfaG Omnia.com.mx
VgHqfaGGodoy Ramos solicitó suspender el acuerdo emitido por el gobierno de Chihuahua; sin embargo, la SCJN negó otorgar dicha medida cautelar.VgHqfaG Omnia.com.mx
VgHqfaGEl gusano barrenador es una infestación provocada por una especie particular de mosca, cuyas larvas se alimentan de tejido vivo de mamíferos. La mosca adulta deposita sus huevos en heridas de animales, como el ganado, y luego de eclosionar las larvas se alimentan del tejido animal y puede provocar la muerte del animal afectado.VgHqfaG Omnia.com.mx
VgHqfaGCon información de LatinusVgHqfaG Omnia.com.mx
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.