Reclaman a jueza que liberó a feminicida de Rosaura y denuncian complicidad de policías

PACHUCA, Hgo. (apro).- Una compañera de trabajo de Rosaura –la mujer que fue asesinada junto con sus padres y su hermano tras ser atacados con arma punzocortante en su casa ubicada en la localidad de Azoyatla–, denunció ante funcionarios de Hidalgo que el presunto agresor, el expolicía Marco Antonio M.G., usó recursos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mineral de la Reforma para amedrentar a la víctima. 

Asimismo, reveló que policías de la corporación acompañaron a Marco Antonio cuando acosaba e intimidaba a Rosaura, y que días antes del atentado la había retenido nuevamente. De igual forma, contó que el ataque que privó de la vida a los cuatro integrantes de la familia y dejó a uno más herido de gravedad fue observado por un menor que estaba presente. 

El ayuntamiento de Mineral de la Reforma insistió en que el posible feminicida ya no era parte de Seguridad Pública, sin explicar por qué aún usaba indumentaria oficial y, según la denuncia de esta testigo, disponía de las unidades de la policía y era acompañado de agentes. 

En tanto, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo (TSJH), Rebeca Stella Aladro Echeverría, defendió la decisión de la jueza Janeth Montiel Mendoza de suspender condicionalmente el primer proceso por violencia familiar y privación ilegal de la libertad que enfrentó Marco Antonio cuando era policía en activo, con Rosaura como víctima, quien, además, externó su inconformidad por esta medida y expresó que sentía riesgo de un nuevo ataque. 

El argumento de Aladro Echeverría –quien aspira al cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y fue sorteada mediante tómbola para seguir el proceso– fue que ni Rosaura ni el ministerio público se opusieron, y que la jueza no tenía ninguna motivación para no aceptar la solicitud de Marco Antonio para que se suspendiera su proceso con la condición de que no se acercara a la víctima, y tras una propuesta de reparar el daño. 

Durante el evento denominado “Jornada por la Paz y Bienestar del Pueblo” que se llevó a cabo este 6 de febrero en Mineral de la Reforma, municipio donde se ubica la localidad de Azoyatla, la excompañera de trabajo de Rosaura narró que ella presenció varias intimidaciones por parte de Marco Antonio, quien “siempre portaba el uniforme”.

El secretario de Seguridad Pública del estado, Salvador Cruz Neri, afirmó antes que el supuesto feminicida laboraba en una empresa privada con el mismo giro, por ello sugirió el uso de equipo táctico, aunque la testigo asegura que la vestimenta correspondía al uniforme de la corporación municipal. 

“La jueza lo dejó en libertad (…). Decidieron que tenía que quedar en libertad el señor. ¿Para qué? ¿Para exponer a toda una familia? ¿Para dejar huérfanos a un par de niños?”, cuestionó la joven al secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, quien presidió la mesa en la Plaza de la Justicia de Pachuquilla, justo en la explanada de la presidencia municipal, y junto a él se encontraban la presidenta del Tribunal Superior de Justicia; el alcalde Eduardo Medécigo Rubio; el secretario de Seguridad estatal, y el subprocurador Oriente, Caleb Guadarrama Márquez, entre otros funcionarios. 

“A mí me tocó ver el miedo, a mí me tocó estar con ella cuatro, cinco ocasiones que (Rosaura) salía de trabajar y estaba la persona vestida de policía municipal en su camioneta particular e incluso en las patrullas de Mineral de la Reforma. Yo lo vi. Yo lo presencié”, remarcó en la denuncia, ante la versión del municipio sobre que el presunto agresor ya no tenía vínculo con la corporación ni acceso a equipo y recursos, porque afirma que renunció el 19 de noviembre pasado. 

“Me tocó llevarla tres cuatro veces a su casa y toparnos en el camino a la persona. Me tocó escuchar las llamadas telefónicas cuando él la cerraba en el camino e intentaba llevársela”, sumó al relato, en el que reveló que el 26 de enero Marco Antonio se llevó de nuevo a Rosaura, contra su voluntad, a Apan, “porque el señor es de allá”. 

Contó también que cuando su amiga intentaba pedir apoyo, fallaban las alertas si él estaba cerca. 

“Me tocó estar a su lado cuando ninguna llamada se podía enlazar casualmente. Cuando ella llamaba porque (el presunto agresor) tenía una orden de restricción, y todas las llamadas se desviaban, como si el teléfono no tuviera señal. 

“Hoy ella, su mamá y su hermano están muertos –dijo mientras la voz se le quebró y no pudo contener el llanto, ante la mirada estoica de los funcionarios–. ¿Qué hicieron? ¿Dejar libre a una persona como él? Cuando ella argumentó en la última audiencia en la que estuvo presente que su vida estaba en peligro. Y pasó”, reclamó de nuevo a la pléyade de autoridades que escuchaban su testimonio. 

De acuerdo con el municipio, el expediente del exoficial dice que el 13 de octubre pasado Marco Antonio fue puesto a disposición del ministerio público por violencia familiar y privación ilegal de la libertad en contra de Rosaura. Al día siguiente ingresó al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca y el día 21 fue vinculado a proceso (causa penal 1508/2024). No obstante, tras pasar un mes recluido, fue liberado el 15 de noviembre cuando la jueza Mendoza Montiel determinó suspender condicionalmente el proceso. 

Hubo un segundo proceso contra el ahora posible responsable del cuádruple asesinato: violencia familiar equiparada, de nuevo con Rosaura como víctima. Para el 27 de enero estaba programada la audiencia inicial, pero a petición de la defensa del expolicía se aplazó para el 10 de marzo de 2025 (causa penal 1689/2024). A cargo también estaba la jueza Janteh Montiel. 

“A mí me tocó escuchar cuando le dijeron que la defensa de esta persona había metido un amparo o algo por el estilo para que la audiencia se aplazara, y no llegó. Estamos a unas horas de velarla, a unas horas de ver cómo despiden a una familia completa”, añadió la amiga de la víctima, de nuevo entre lágrimas. 

“Por la ineptitud de una jueza. Por la complicidad de la policía de Mineral de la Reforma. Si él ya no era policía, ¿por qué tenían que prestarle las patrullas para que él se acercara? Porque eso tiene escasos tres, cuatro días”, aseveró.     

“Casualmente los policías entraban a Walmart, porque trabajábamos en Walmart, a buscarla. ¿Complicidad? ¿Por un puesto como funcionario? ¿Por qué está quedando impune todo, o por qué quedó impune? ¿Por qué esperar hasta la muerte de alguien?”, siguió inquiriendo a los políticos. 

“¿Qué están esperando? ¿Más muertes? ¿Una muerte tan fría como la de ella? ¿Que simplemente llegue un enfermo y por el simple hecho de que es tu expareja sentimental acabe con la vida de todos?”, añadió a los cuestionamientos. 

Por su testimonio se conoció que una menor de edad presenció toda la agresión: “¡Escuchó todo! Ver como niño que te arrebaten la vida de tu madre, de tus abuelos, de tu única familia que tienes…”. 

Lo último que mencionó fue que Marco Antonio, al acosar e intimidar a Rosaura aun con la orden de restricción, siempre alardeó que él tenía protección: “Siempre argumentó que estaba protegido. Yo le escuché decirlo. Por el simple hecho de portar un uniforme él se la pasó intimidándola a ella y a toda su familia”. 

El secretario de Gobierno expresó que Rosaura no se acercó al ejercicio que tienen de “mesas de diálogo”, que son estos encuentros públicos, y por esa razón no conocieron con antelación su caso ni los servidores públicos que la atendieron. Sugirió que el expolicía “no volverá a ver la luz del sol”, y resaltó que fue detenido.     

En entrevista con medios estatales al término del acto, la presidente del TSJH respaldó el actuar de la jueza Janeth Montiel Mendoza: “Ni la víctima ni el ministerio público dijeron nada, fue aceptada por ellos (la suspensión condicional del primer proceso), entonces la juez no tuvo otra cuestión que aprobarla, pues no hubo oposición y ella no tenía motivación para no hacerlo”. No obstante, tras la insistencia de reporteros sobre si abrirían un procedimiento contra Montiel, respondió que primero investigarán a través de la visitaduría, para posteriormente determinar si hubo alguna falta y, eventualmente, formalizarlo. 

También recriminó: “Lo que se dice es que el juez la dejó salir. No, señores; el juez no otorga una libertad si no se está solicitando esta suspensión condicional”, en ese tenor de defensa a su correligionaria también había expuesto que “con los elementos que tenía la juez, no podía hacer nada”. 

Posteriormente, planteó que la responsabilidad de que se cumpliera la orden para que el expolicía no se acercara a Rosaura ni residiera en su mismo entorno durante un año y medio era de la unidad de Medidas Cautelares de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), y que en caso de que la restricción fuera violada, la procuraduría debía notificarlo.    

Tras las llamadas “Jornada por la Paz y Bienestar del Pueblo”, la Secretaría de Gobierno emitió un comunicado en el que dijo: “en la administración de Julio Menchaca se abate la corrupción, ‘porque tenemos derecho a vivir con tranquilidad’”, con esta última cita atribuida a Olivares Reyna. 

Sumó que “el gobierno estatal trabaja de manera cercana a la ciudadanía para atender las necesidades más sensibles de las familias hidalguenses, especialmente en materia de seguridad y justicia”, y de nuevo en voz del secretario afirmó que desde el primer día de la gestión de Menchaca han actuado con unidad y ánimo. 

Sin mencionar a Rosaura y su familia ni el crimen del que fueron víctimas, el comunicado señala que “ante lo acontecido recientemente en Mineral de la Reforma, Olivares Reyna señaló que no quedará impune, por lo que manifestó que, a diferencia de lo que sucede en otros estados, ‘en este caso, de manera inmediata, reaccionaron todas las autoridades y fue detenida esta persona, no habían transcurrido ni unas cuantas horas, no hay de por medio ningún acto de complicidad o de intento de apoyar a este sujeto’”. 

No hizo referencia a la presunta protección municipal ni a las posibles fallas de las instituciones que deberían salvaguardar la vida de Rosaura que denunció la persona allegada a la familia que alzó la voz por el crimen frente a los funcionarios. 

En otro comunicado, el gobierno de Hidalgo informó que “redoblarán esfuerzos” en seguridad en Mineral de la Reforma y Tulancingo –también escenario de crímenes de alto impacto en las últimas semanas, que incluye asesinatos, tiroteos y mantas con mensajes intimidatorios–; también, que agilizarán investigaciones “para llevar a los responsables ante la justicia” e implementarán estrategias preventivas. 

Este jueves, el exagente Marco Antonio M.G. abandonó el Hospital General de Pachuca, a donde fue internado el día previo con heridas porque, según la policía estatal, cuando se vio acorralado en un retén en la carretera Pachuca-Ciudad Sahagún intentó degollarse. Fue ingresado al Cereso de Pachuca. La Procuraduría abrió dos carpetas por homicidio dolosos y feminicidio, con dos víctimas cada una. La sociedad hidalguense, por su parte, exige justicia. 

Con información de proceso.com.mx