Ser juez en tiempos de la 4T
La magistrada Julia María del Carmen García González alertó sobre lo que considera una embestida del oficialismo contra la independencia judicial, luego de que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aprobara denunciar penalmente a los jueces que han otorgado suspensiones y amparos contra la reforma judicial.
El miércoles pasado, la mayoría del CJF, conformada por los consejeros Bernardo Bátiz, Verónica De Gyvés Zárate, Celia Maya García y Sergio Javier Molina Martínez, votó a favor de dar vista a la Fiscalía General de la República (FGR) para proceder contra los juzgadores que han emitido fallos adversos a la reforma impulsada por el gobierno.
“Nos están persiguiendo por hacer nuestro trabajo”
Durante una conferencia del colectivo Artículo 41, García González denunció que esta decisión “nos estremece y nos confirma que hay una persecución política contra los jueces que no se alinean al oficialismo”.
Agregó que el CJF, en lugar de garantizar la autonomía judicial, “se ha convertido en un brazo represor del poder”.
Primeros jueces en la mira
Entre los primeros afectados están tres jueces en Michoacán, incluyendo a Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en Morelia, quien concedió una suspensión definitiva para frenar la elección judicial. También se evalúa la situación de María Gabriela Ruiz Márquez, Jueza Sexto de Distrito en Materia Administrativa.
Antesala del Tribunal de Disciplina controlado por el poder
García González advirtió que este tipo de represalias son solo el inicio de una estrategia para someter al Poder Judicial: “Esta es la antesala de lo que será el Tribunal de Disciplina, donde los jueces tendremos que sopesar al grupo político en el poder antes de dictar una sentencia”.
Con estas acciones, los magistrados advierten sobre el riesgo de que el CJF se convierta en un instrumento de presión contra los jueces, debilitando la autonomía judicial y poniendo en jaque el equilibrio de poderes en el país.
Con información de
Emeequis y massinformación
Tips al momento
Adán Augusto y el robo de ganado en Tabasco
El coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, ahora está en la mira, no sólo por sus presuntos vínculos con "La Barredora", sino en el caso del robo de ganado más grande de Tabasco.
En Tabasco, durante el control de Adán Augusto López y “La Barredora”, creció el robo de ganado.
El 2 de abril de 2021, agentes de la Fiscalía para el Combate al Abigeato de Tabasco ingresaron sin una orden judicial ostensible al rancho San Gerónimo, en Jonuta, y se llevaron 267 reses de alto registro pertenecientes a la familia Lezama Zubieta.
El acto, que se realizó en presencia del denunciante (Manuel Ordorica Alamina), fue denunciado como un "operativo de Estado contra la propiedad privada" y un acto de despojo en lugar de procuración de justicia.
La familia Lezama Zubieta acreditó la propiedad del ganado con facturas y registros.
El 15 de diciembre de 2021, el juicio de amparo 352/2021 culminó con una sentencia federal que ordenó la restitución íntegra de las 267 reses, incluyendo las crías nacidas durante la custodia.
La Fiscalía de Tabasco ha mostrado un incumplimiento sistemático. Solo se restituyeron 90 animales. La Fiscalía declaró la muerte de 134 reses sin presentar evidencia verificable ni notificación fehaciente.
Una pericia de "Desarrollo del Hato Ganadero" arrojó una cifra faltante que supera las mil reses si se contabilizan las crías que debieron nacer, implicando un impacto patrimonial de valor premium (ganado de registro).
El caso ocurrió durante una administración vinculada al bloque político de Adán Augusto López y ha generado debates por el ascenso posterior de funcionarios de la Fiscalía a cargos públicos, además que designó a un líder criminal como Secretario de Seguridad Pública.
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El 15 de diciembre de 2021, el juicio de amparo 352/2021 culminó con una sentencia federal que ordenó la restitución íntegra de las 267 reses, incluyendo las crías nacidas durante la custodia.
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Una pericia de "Desarrollo del Hato Ganadero" arrojó una cifra faltante que supera las mil reses si se contabilizan las crías que debieron nacer, implicando un impacto patrimonial de valor premium (ganado de registro).
El caso ocurrió durante una administración vinculada al bloque político de Adán Augusto López y ha generado debates por el ascenso posterior de funcionarios de la Fiscalía a cargos públicos, además que designó a un líder criminal como Secretario de Seguridad Pública.
