Falta de personal y capacitación genera impunidad en casos de homicidio: solo el 18% de los casos llega ante un juez
La organización internacional Human Rights Watch (HRW) alertó sobre el alto nivel de impunidad que existe en los homicidios dolosos en México, pues las fiscalías solo logran llevar el 18 % de estos casos ante un juez para conseguir una sentencia condenatoria.
En un informe elaborado que incluye estadísticas oficiales, solicitudes de información y entrevistas a funcionarios, HWR reveló que en los casos de homicidio doloso las fiscalías no avanzan más allá de la etapa inicial, es decir, se abre un expediente con la información de la escena del crimen o con cualquier acto de investigación, pero la mayoría de las veces las autoridades no encuentran al culpable.
HRW toma como referencia el 2022, año en el que comenzó su investigación. “En 2022, por ejemplo, las fiscalías estatales abrieron unas 28 mil 700 investigaciones por homicidio doloso (sin incluir feminicidios), pero abrieron una causa penal ante un juez solo en aproximadamente 5 mil 300 casos, es decir, alrededor del 18 % de las investigaciones abiertas”, dice la ONG sobre el tema.
La organización internacional, especializada en temas de derechos humanos, atribuyó estos altos niveles de impunidad a varios factores: la falta de personaldentro de las fiscalías, la ausencia de unidades especializadas, la poca capacitación que los servidores públicos reciben para casos de homicidios dolosos, la intensa carga de trabajo y los errores que se cometen durante las indagatorias.
HRW calculó que por cada 10 víctimas de homicidio en México, solo hay 3.2 sospechosos identificados. Una cifra que está por debajo de la media de los países del continente americano, que es de cuatro sospechosos identificados por cada 10 víctimas de homicidio.
“Muchas de las investigaciones por homicidio doloso que quedan sin resolver cada año se cierran definitivamente sin llegar a presentar cargos penales o se “archivan” (archivo temporal) por falta de pruebas”, mencionó la organización internacional.
Para su investigación, HRW entrevistó a analistas de seguridad, quienes estimaron que la mitad o dos terceras partes de los homicidios dolosos son cometidos por el crimen organizado. Fiscales y policías de investigación consultados bajo condición de anonimato coincidieron con esa cifra.
Falencias de fiscalías detona impunidad
La debilidad institucional de las fiscalías es una causa central en la impunidad de los homicidios dolosos. Esto queda exhibido con el poco personal con el que cuentan estas instituciones para atender estos crímenes.
HRW indica que, durante 2022, en el estado de Guerrero había siete ministerios públicos en la unidad de homicidio doloso, y cada uno se hizo cargo de 162 carpetas de investigación por ese delito.
A estas carpetas de investigación se deben sumar las de años anteriores que quedaron congeladas. El informe de HRW se refiere al caso de Chiapas, donde en 2022 había ocho ministerios públicos y cada uno acumula al menos 254 casos de ese año y los anteriores.
Ministerios públicos entrevistados por HRW contaron a la organización internacional que la mayoría de sus investigaciones las basan en declaraciones de testigos, ya que no tienen tiempo de obtener otras pruebas por la carga de trabajo.
A esto se deben sumar los retrasos y errores que los trabajadores de las fiscalías suelen cometer durante el proceso de investigación, así como la falta de equipo especializado para identificar a las víctimas, lo que puede llevar a retrasos en la investigación.
Sobre este tema, HRW señala que “en 2022, 12 estados reportaron no contar con peritos en antropología forense, algo necesario para analizar restos óseos; 28 estados no contaban con peritos en radiología forense, necesarios para realizar estudios de imagen; y seis no contaban con peritos en odontología forense”.
De igual forma está la falta de capacitación de los ministerios públicos. HRW cita cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que hasta 2022 reportaba que en diez estados de la República menos del 50 % de los agentes habían cumplido con un curso inicial de investigación y teoría jurídica.
Hasta el 2022 no había ningún estado del país en el que el 100 % de sus ministerios públicos hayan cumplido dicho curso inicial. El más cercano era Sinaloa, con 97 %.
Posible subregistro en casos de homicidio doloso
El informe de HRW, que será presentado el día de hoy, se da a conocer una semana después de que la presidenta Claudia Sheinbaum presumió una reducción en los casos de homicidio doloso en el país.
La organización internacional no solo exhibe los niveles de impunidad en este crimen, sino que también refuta el discurso oficial al señalar que “hay varias razones para sospechar que la verdadera tasa de homicidios de México puede ser superior a la cifra oficial”.
HRW señala que el número de homicidios puede ser superior debido al aumento de casos de personas desaparecidas. La organización pone el ejemplo de Baja California Sur, Coahuila, Durango, Nayarit, Tabasco y la Ciudad de México, donde la cantidad de víctimas de desaparición se acercó o fue incluso superior al total de personas asesinadas.
“Hay razones para creer que muchas de las desapariciones sin resolver que han sido reportadas en los últimos años pueden ser homicidios que aún no se han incluido en las estadísticas oficiales porque los restos no han sido encontrados”, indica HRW.
Otros factores que pueden influir en este problema es la clasificación de asesinatos como “muertes con intencionalidad desconocida”, lo que impide que se contabilicen en las estadísticas de homicidio doloso.
Entre 2018 y 2022, el porcentaje de muertes accidentales o violentas con intencionalidad desconocida osciló entre 31 % y 47 % solo en la Ciudad de México, revela HRW.
La organización internacional retoma un informe del International Crisis Group, un think thank que aseguró haber entrevistado a funcionarios públicos y trabajadores de morgues en México, quienes admitieron que por “presiones políticas” no clasifican los asesinatos como homicidios dolosos para reducir los índices de violencia.
Con información de: Animal Político.
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“Lo que se está viendo en México con los empresarios que son objetivos de la inteligencia estadounidense es del tipo llamado ‘empresario híbrido’, donde se combinan negocios legales con operaciones ilícitas”, destaca el artículo del periodista.
El caso ha encendido alertas dentro del sector privado y entre autoridades locales, al tiempo que la investigación estadounidense continúa su curso sin que hasta ahora se hayan dado a conocer más detalles sobre posibles sanciones o imputaciones.
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Resulta contradictorio que se impulse la visita a este destino utilizando imágenes desactualizadas, lo que pone en duda si las instancias estatales han dado seguimiento a la situación real del lugar en los últimos años.
Cabe recordar que las letras monumentales de “Camargo” fueron destruidas el pasado 31 de diciembre, luego de una explosión que provocó que fragmentos metálicos salieran proyectados. El incidente también ocasionó daños en al menos diez viviendas cercanas, cuyos vidrios resultaron afectados por la onda expansiva.
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En Ciudad Juárez, se reportó la distribución de material propagandístico en las inmediaciones donde el senador Juan Carlos Loera encabezó la asamblea “Juárez es México” el pasado domingo 22 de marzo de 2026.
De acuerdo con los reportes, la propaganda corresponde a la delegada del Bienestar Mayra Chávez y habría sido entregada en zonas cercanas al evento realizado un día antes.
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Después de 6 años de la masacre LeBarón en la comunidad de La Mora, el líder mormón Julián LeBarón, quien además ha mostrado su interés por contender en Chihuahua por un puesto político, volvió a tomar el tema en medios nacionales.
LeBarón expuso en el podcast de Adela Micha “La Saga”, que hubo complicidad institucional entre Javier Corral y Claudia Pavlovich, quienes en ese entonces fungían como gobernadores de Chihuahua y Sonora con los grupos criminales, destacando que tras nueve horas de espera nadie apareció para apoyarlos. Por si fuera poco, a la fecha se tienen 30 detenidos pero no hay sentenciados.
Por cierto, en este mismo espacio expuso que tras haber destapado su interés para contender por un puesto político y le han llegado miles de mensajes acusándolo de ser acaparador de agua más grande de México, “En el momento que eres víctima de un crimen, buscan cómo justificar lo que te haya sucedido buscando en tu historia algún pretexto para ignorar la responsabilidad, no solo de las instituciones, sino también de los mexicanos”, expresó.
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Resulta que el Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum, en su intento de reducir al presupuesto a los Congresos locales, terminaría por beneficiar en aumentos a otros, incluyendo el de Chihuahua.
Se dice que este ajuste presupuestal, permitiría a 16 Congresos Locales, es decir las mitad en todo el país, crecer en su gasto.
Todo a la inversa, por ejemplo, el Congreso del Edomex podría crecer en 525.9 mdp, el de Chiapas +401.8 mdp, el de Veracruz +398.2 mdp y así 13 congresos más, 3,127 mdp adicionales.
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