¿Qué no sería diferente?

Hoy, en estas líneas, quiero platicar mi opinión sobre la reforma al ISSSTE que la presidenta Claudia Sheinbaum presentó hace unos días. Un tema que, aunque parece técnico, tiene un trasfondo que merece un análisis más allá del discurso oficial.

Nos han dicho que esta iniciativa busca fortalecer el derecho a la vivienda de los trabajadores del Estado, un sector históricamente castigado por las reformas neoliberales que desmantelaron el papel del ISSSTE en la construcción de vivienda. Hasta ahí, el discurso suena esperanzador. Sin embargo, si se analiza con detenimiento, nos encontramos con una reforma que, lejos de ser una solución integral, parece una jugada más para profundizar la división entre quienes ganan más y quienes ganan menos.

Uno de los puntos más controvertidos es la modificación de las cuotas y aportaciones. En un esquema que recuerda al discurso de “los ricos deben pagar más”, ahora los trabajadores que perciban un salario superior a 10 veces la UMA (Unidad de Medida y Actualización) serán quienes financien gran parte del sistema. ¿Es justo? Depende de la óptica desde la que se mire. Para algunos, es una medida progresista; para otros, un castigo disfrazado de justicia social.

Para entender el impacto de esta reforma, tomemos el caso de un trabajador que actualmente percibe un salario mensual de $50,000 pesos. Antes de la reforma, sus aportaciones al ISSSTE sumaban aproximadamente $6,937.50 pesos mensuales, considerando cuotas para seguro de salud, pensión y el Fondo de Vivienda (FOVISSSTE). Con la reforma, sus aportaciones aumentarían a $10,750 pesos mensuales, lo que representa un incremento de $3,812.50 pesos al mes, es decir, más del 50%.

Este aumento no es menor, pues equivale a perder casi un mes de salario al año solo en nuevas retenciones. Lo preocupante es que esta estrategia de financiamiento no considera alternativas que no impacten directamente el ingreso de los trabajadores. Se pretende fortalecer el ISSSTE a costa de quienes ya contribuyen al sistema, mientras el presupuesto federal sigue destinando miles de millones de pesos a proyectos con dudoso impacto social.

Pero más allá de la carga que se impone a los trabajadores, lo que realmente debería preocuparnos es la ausencia de un debate serio sobre cómo y en qué se invierten los recursos públicos. En lugar de revisar los salarios de los trabajadores y hacerles pagar más por un sistema que no ha demostrado eficiencia, el gobierno debería replantear el esquema de financiamiento de sus proyectos emblemáticos, esos que consumen miles de millones de pesos sin una justificación social clara.

¿Cómo es posible que haya dinero de sobra para aeropuertos que nadie usa, refinerías que no refinan y trenes que avanzan a costa del medio ambiente, pero cuando se trata de fortalecer el ISSSTE y garantizar vivienda digna para los trabajadores del Estado, el dinero tiene que salir de sus propios bolsillos? Esta administración, al igual que la anterior, ha priorizado políticas asistencialistas que no construyen ciudadanía ni fortalecen un Estado democrático, sino que se limitan a repartir dinero sin una visión de largo plazo.

Si el objetivo es garantizar vivienda digna a los trabajadores del Estado, ¿por qué no replantear el modelo desde su raíz? En lugar de cargar el costo sobre los asalariados, se podría buscar financiamiento alternativo, mejorar la administración de los recursos del ISSSTE y, sobre todo, evitar que esta reforma se convierta en una nueva excusa para sostener un aparato burocrático ineficiente.

A final de cuentas, lo que está en juego no es solo la vivienda de los trabajadores, sino la credibilidad de un gobierno que prometió hacer las cosas diferente. En un país donde los discursos han sido utilizados para dividir, esta reforma podría convertirse en una herramienta más para seguir abonando a la polarización. Y mientras tanto, el trabajador seguirá pagando la cuenta, mientras el Estado sigue financiando proyectos sin un futuro sólido.