Sindicatos solicitan orden judicial para impedir que el DOGE acceda a datos de millones de estadounidenses

AP.- Un grupo de sindicatos solicitó a un tribunal federal una orden de emergencia para impedir que el Departamento de Eficiencia del Gobierno (DOGE, por sus siglas en inglés) de Elon Musk acceda a los datos sensibles de seguridad social de millones de estadounidenses.

La moción para el recurso de emergencia fue presentada el viernes por la tarde ante un tribunal federal en Maryland por el grupo de servicios legales Democracy Forward contra la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) y su comisionado interino, Leland Dudek.

Los sindicatos quieren que el tribunal impida que el DOGE acceda a los vastos depósitos de datos personales que posee la agencia.

La presentación incluye una declaración jurada de Tiffany Flick, una exfuncionaria de alto nivel de la agencia, quien afirma que los funcionarios civiles de carrera tratan de proteger los datos contra el DOGE.

"El desprecio por nuestros cuidadosos sistemas y procesos de privacidad ahora amenaza la seguridad de los datos que la SSA alberga sobre millones de estadounidenses", escribió Flick en documentos judiciales.

Karianne Jones, abogada de los sindicatos y de un grupo de jubilados que presentaron la demanda, dijo que no está del todo claro qué tipo de acceso podría tener el DOGE a los datos personales de los contribuyentes, pero afirmó que el aparente alcance y la falta de información sobre lo que busca ese departamento significan que el impacto potencial es "enorme".

"Esencialmente, lo que tenemos es que el DOGE simplemente irrumpe y se abre camino a la fuerza para acceder a los datos privados de millones de estadounidenses. No pueden explicar por qué quieren estos datos. Realmente no pueden decir qué datos quieren. Simplemente quieren todo. Quieren el código fuente y quieren hacerlo sin ninguna restricción", afirmó.

Hasta el sábado, la Administración del Seguro Social no había respondido a una solicitud de comentarios sobre la demanda, que fue presentada originalmente el mes pasado.

El trabajo del DOGE en las primeras etapas del gobierno del presidente Donald Trump, ha generado casi dos docenas de demandas.

Los jueces han planteado preguntas en varios casos sobre los amplios esfuerzos de reducción de costos del departamento, realizados con poca información pública sobre su personal y operaciones, pero los jueces no siempre han estado de acuerdo en que los riesgos sean lo suficientemente inminentes como para impedir el acceso del DOGE a los sistemas gubernamentales.

Los recortes generales en la SSA generan preguntas sobre los posibles efectos en las prestaciones de decenas de millones de beneficiarios.

Entre los posibles cambios en la agencia se encuentran los despidos de más de 10% de los empleados gubernamentales y el cierre de docenas de oficinas en todo el país. Todo esto es parte de los esfuerzos del gobierno de Trump para reducir el tamaño de la fuerza laboral federal.

El DOGE ha accedido a otras bases de datos gubernamentales, como la del Tesoro y la del Servicio Interno de Impuestos (IRS, por sus siglas en inglés). El gobierno de Trump ha dicho en general que los esfuerzos están dirigidos a eliminar lo que, afirma, es un desperdicio y un fraude en el gobierno.

El viernes, una jueza federal de Washington se negó a impedir que los empleados del DOGE accedieran a los sistemas del Tesoro, que contienen datos personales sensibles de millones de personas. La jueza federal de distrito Colleen Kollar-Kotelly reconoció las preocupaciones de privacidad sobre ese trabajo.

El DOGE todavía está limitado por una orden judicial diferente en Nueva York.

Además, un acuerdo alcanzado en febrero entre la Oficina de Administración de Personal y el IRS establece que un empleado del DOGE, Gavin Kliger, tendría permitido acceder a los sistemas del IRS, pero no a la información personal de los contribuyentes.

 

 

Con información de: LatinUs

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Riva Palacio señala que el sector privado mexicano no previó que la parte “más oscura del régimen, vinculada al crimen organizado”, colocara a sus piezas estratégicamente en todo el país, afectando incluso al Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que concentra alrededor del 80% de la riqueza nacional, situación que califica como un “cáncer” económico.

“Lo que se está viendo en México con los empresarios que son objetivos de la inteligencia estadounidense es del tipo llamado ‘empresario híbrido’, donde se combinan negocios legales con operaciones ilícitas”, destaca el artículo del periodista.

El caso ha encendido alertas dentro del sector privado y entre autoridades locales, al tiempo que la investigación estadounidense continúa su curso sin que hasta ahora se hayan dado a conocer más detalles sobre posibles sanciones o imputaciones.


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Resulta contradictorio que se impulse la visita a este destino utilizando imágenes desactualizadas, lo que pone en duda si las instancias estatales han dado seguimiento a la situación real del lugar en los últimos años.

Cabe recordar que las letras monumentales de “Camargo” fueron destruidas el pasado 31 de diciembre, luego de una explosión que provocó que fragmentos metálicos salieran proyectados. El incidente también ocasionó daños en al menos diez viviendas cercanas, cuyos vidrios resultaron afectados por la onda expansiva.


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Por cierto, en este mismo espacio expuso que tras haber destapado su interés para contender por un puesto político y le han llegado miles de mensajes acusándolo de ser acaparador de agua más grande de México, “En el momento que eres víctima de un crimen, buscan cómo justificar lo que te haya sucedido buscando en tu historia algún pretexto para ignorar la responsabilidad, no solo de las instituciones, sino también de los mexicanos”, expresó.


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Resulta que el Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum, en su intento de reducir al presupuesto a los Congresos locales, terminaría por beneficiar en aumentos a otros, incluyendo el de Chihuahua.

Se dice que este ajuste presupuestal, permitiría a 16 Congresos Locales, es decir las mitad en todo el país, crecer en su gasto.

Todo a la inversa, por ejemplo, el Congreso del Edomex podría crecer en 525.9 mdp, el de Chiapas +401.8 mdp, el de Veracruz +398.2 mdp y así 13 congresos más, 3,127 mdp adicionales.

 

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