Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, será juzgado por intento de golpe de Estado

La Corte Suprema de Brasil dictaminó este miércoles juzgar al exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado, lo que lo expone a una dura pena de prisión y mina sus aspiraciones de volver a la presidencia.

 

 

La fiscalía lo imputó en febrero por supuestamente liderar una organización criminal que buscó impedir la investidura del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tras perder las elecciones en 2022.

En un país todavía marcado por la memoria de la última dictadura militar (1964-1985), el juicio contra el expresidente, de 70 años, quien se ha declarado nostálgico de ese periodo, promete ser histórico.

Los cinco magistrados de la primera sala del Supremo Tribunal Federal (STF) votaron por unanimidad abrir el proceso.

Bolsonaro, que podría enfrentar una condena de unos 40 años de prisión, no compareció en la corte en Brasilia, contrariamente a la víspera, en el primer día de deliberaciones. El líder de la oposición brasileña clama su inocencia y se declara un “perseguido”.

Aunque inhabilitado políticamente, Bolsonaro mantiene sus aspiraciones de volver a la presidencia en las elecciones de 2026, ante un Lula en caída de popularidad.

Los analistas estiman que es poco probable que sea detenido preventivamente, por lo que debería aguardar su juicio en libertad.

Aunque no hay un plazo legal, “hay expectativa de que el caso sea juzgado este año”, para no interferir en las elecciones del año próximo, dijo a la AFP el abogado penalista Enzo Fachini.

Supuesto plan para matar a Lula

El plan golpista dirigido supuestamente por Bolsonaro contemplaba medidas como la elaboración de un decreto para justificar un “estado de defensa” e incluso elasesinato de Lula y del juez Alexandre de Moraes, según la fiscalía. El complot no se habría consumado por falta de apoyo de los altos mandos del Ejército.

La investigación vincula también directamente a Bolsonaro con los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando sus seguidores asaltaron las sedes de los tres poderes en Brasilia.

Junto a Bolsonaro, serán juzgados siete colaboradores, incluidos exministros como Walter Braga Netto (Defensa) y Anderson Torres (Justicia), y un excomandante de la Marina, según decidió la corte.

Durante el primer día de deliberaciones, Bolsonaro mantuvo un semblante serio, sentado en primera fila. “Contra el expresidente no se halló absolutamente nada”, afirmó el martes su abogado, Celso Sanchez Vilardi.

 

Interés personal

“Hay indicios razonables de la fiscalía que apuntan a Bolsonaro como líder de la organización criminal”, dijo el miércoles el juez Moraes antes de emitir su voto. La defensa del líder ultraderechista intentó sin éxito apartar a Moraes.

El juez, blanco del supuesto plan de asesinato y al frente de varias causas contra el expresidente, fue cuestionado por tener “interés personal” en el caso.

Entre los magistrados que decidieron la suerte de Bolsonaro también figuran Flávio Dino, exministro de Lula, y Zanin, exabogado del presidente.

Candidato a la presidencia

Bolsonaro está inhabilitado políticamente hasta 2030 por cuestionar sin pruebas el sistema de urnas electrónicas, pero él confía en que su pena sea revertida o reducida. “Por el momento, soy candidato”, declaró días atrás.

Compara su situación con la de Donald Trump, quien regresó a la Casa Blanca a pesar de sus problemas judiciales, y espera que el presidente estadounidense ejerza “influencia” a su favor.

La incertidumbre sobre su futuro ocurre mientras el izquierdista Lula, de 79 años, se muestra ambiguo sobre sus intenciones de aspirar a la reelección.

Antes de volver al poder por tercera vez en 2023, el mandatario también tuvo problemas con la justicia por un escándalo de corrupción que lo llevó a prisión, aunque sus condenas fueron luego anuladas.

 

 

 

 

Con información de: Animal político.

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Con lo anterior, a decir del analista Juan Ortiz, lo que realmente avanza es una agenda de control sobre la libertad de expresión y la competencia en el sector.

Sobre esta iniciativa de ley, voces desde la oposición del Senado consideran que es inconstitucional y violatoria de acuerdos internacionales. Por lo pronto se informa que viola el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

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