Exjefe policíaco de Perú confirma que Pedro Castillo le ordenó cerrar el Congreso en el fallido golpe de Estado
EFE.- El excomandante general de la Policía Nacional de Perú (PNP), Raúl Alfaro, confirmó este jueves que el expresidente Pedro Castillo le ordenó por teléfono cerrar el Congreso y detener a la fiscal de la Nación durante el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
Alfaro agregó ante el tribunal que procesa a Castillo por la presunta comisión del delito de rebelión, que él dio la orden de detener a Castillo por considerar que había cometido un delito flagrante cuando dio un mensaje a la nación considerado golpista.
"El presidente me dice: 'general, cierre el Congreso, que salgan todos los que están adentro, no deje que nadie ingrese, e intervenga a la fiscal de la Nación y la Fiscalía'", declaró Alfaro.
El exjefe máximo de la policía agregó que Castillo también pidió que se incremente la seguridad a sus familiares y a altas autoridades de su gobierno, como la primera ministra Betssy Chávez y el ex primer ministro Aníbal Torres, quien entonces era asesor del mandatario, y también son procesados por este caso.
"Yo le respondí: '¿cuál es el motivo para intervenir?'", agregó Alfaro, antes de señalar que Castillo le dijo que "esos detalles se los va a dar el ministro" del Interior de ese momento, Willy Huerta.
Agregó que luego le pidió a Alfaro que le explique los motivos de la petición del mandatario y este le dijo: "Alfaro, después hablamos".
Estas afirmaciones generaron la reacción de Huerta, quien también está siendo procesado, y tildó a viva voz a Alfaro de "mentiroso", lo que motivó la llamada de atención de los magistrados, bajo la advertencia de que podía ser expulsado de la sala.
Durante el interrogatorio, Alfaro dijo que el 7 de diciembre de 2022 estaba en su despacho, a pesar de contar con licencia médica por estar restableciéndose de la Covid-19, y que comunicó a los altos oficiales que llegaron a verlo que la Policía Nacional iba a respetar la Constitución.
Añadió que, tras analizar el pronunciamiento del gobernante y revisar las normas legales, dio la orden de detener a Castillo por considerar que había cometido un delito cuando anunció que iba a cerrar el Congreso, intervenir en la Judicatura y gobernar por decreto.
"Evidentemente, había un delito flagrante y quiebre de la Constitución", remarcó.
Al ser interrogado por la defensa pública de Castillo, Alfaro dijo que "no recuerda" si cuando dio la orden de detención el pleno del Congreso ya había destituido al entonces mandatario, quien gozaba de inmunidad por su alto cargo.
Alfaro se presentó este jueves ante el tribunal para ofrecer un testimonio que es considerado clave en el juicio abierto al expresidente peruano, acusado de rebelión en el fallido golpe de Estado de 2022.
Castillo es acusado de los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave afectación de la tranquilidad pública, por los que afronta un pedido de 34 años de prisión que ha hecho la fiscalía por haber ordenado el cierre del Congreso y la intervención del sistema judicial, además de anunciar que iba a gobernar por decreto.
Con información de Latinus
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En Tabasco, durante el control de Adán Augusto López y “La Barredora”, creció el robo de ganado.
El 2 de abril de 2021, agentes de la Fiscalía para el Combate al Abigeato de Tabasco ingresaron sin una orden judicial ostensible al rancho San Gerónimo, en Jonuta, y se llevaron 267 reses de alto registro pertenecientes a la familia Lezama Zubieta.
El acto, que se realizó en presencia del denunciante (Manuel Ordorica Alamina), fue denunciado como un "operativo de Estado contra la propiedad privada" y un acto de despojo en lugar de procuración de justicia.
La familia Lezama Zubieta acreditó la propiedad del ganado con facturas y registros.
El 15 de diciembre de 2021, el juicio de amparo 352/2021 culminó con una sentencia federal que ordenó la restitución íntegra de las 267 reses, incluyendo las crías nacidas durante la custodia.
La Fiscalía de Tabasco ha mostrado un incumplimiento sistemático. Solo se restituyeron 90 animales. La Fiscalía declaró la muerte de 134 reses sin presentar evidencia verificable ni notificación fehaciente.
Una pericia de "Desarrollo del Hato Ganadero" arrojó una cifra faltante que supera las mil reses si se contabilizan las crías que debieron nacer, implicando un impacto patrimonial de valor premium (ganado de registro).
El caso ocurrió durante una administración vinculada al bloque político de Adán Augusto López y ha generado debates por el ascenso posterior de funcionarios de la Fiscalía a cargos públicos, además que designó a un líder criminal como Secretario de Seguridad Pública.
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