El Estado Mexicano cumple siete años sin resolver sentencia de la Corte IDH por caso Alvarado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A más de seis años de que México fuera sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la desaparición de tres integrantes de la familia Alvarado, tras ser sacados de sus domicilios por personal militar en diciembre de 2009 en Chihuahua, familiares de las víctimas denunciaron la falta de voluntad para cumplir la resolución de carácter obligatorio.

En una audiencia pública para revisar el cumplimiento de la sentencia relacionada con la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera, representantes del gobierno de Claudia Sheinbaum, fueron cuestionados por los jueces regionales sobre la incapacidad de dar respuesta a las exigencias de investigación, búsqueda de las víctimas, detenidas en el ejido Benito Juárez del municipio de Buenaventura, Chihuahua, así como de la reparación efectiva del daño a sus familiares.

Ante los jueces de la Corte regional, María de Jesús Alvarado Espinoza, quien en abril de 2018 rindió testimonio sobre la desaparición, alertó que de las 34 víctimas que fueron reconocidas en la sentencia, ocho han fallecido sin saber dónde se encuentran sus familiares y sin tener acceso a la resolución “por falta de apoyo del gobierno”.

Sin que hasta ahora haya un plan de investigación y búsqueda de los desaparecidos, María de Jesús contó que los sucesivos gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum no han podido atender las demandas de vivienda digna  de tres núcleos familiares que se vieron desplazados por las amenazas que han recibido en búsqueda de justicia; tampoco se ha brindado apoyo a quienes regresaron a México después de que en Estados Unidos se les negó el asilo, por lo que su familia está fracturada, sin atención médica ni psicológica especializada, por la inconsistencia de las autoridades. 

“¿Cómo sanar todas esas heridas como familia? El dolor se ha agravado por la inacción del Estado, la falta de claridad, la impunidad, hace cada vez más difícil la situación en la que nos encontramos, no sólo hablo por mí, hablo por mis familiares, hablo por todos los familiares que no han llegado a una instancia como esta, que no tienen voz, privilegio que agradezco, porque el dolor de uno es el dolor de todos”, dijo entre lágrimas Alvarado Espinoza.

Acompañada de sus representantes, Alejandra Nuño y Gabino Gómez, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), María de Jesús recordó a los jueces que “no estamos pidiendo nada que esta Corte no haya ordenado, por eso le pido a la honorable Corete que no nos deje solas, que siga acompañándonos y que nos ayude a que la sentencia sea cumplida”.   

Alejandra Nuño, recordó que en abril de 2018 también rindió testimonio Jaime Alvarado Herrera, quien se cuenta entre los ocho integrantes de la familia Alvarado que fallecieron sin alcanzar justicia ni mucho menos ser beneficiado de las reparaciones ordenadas por la Corte. 

La abogada resaltó que en su momento las sentencia fue celebrada no sólo por los familiares, sino que sirvió de base para “mantener el debate sobre la militarización de la seguridad ciudadana”, toda vez que el caso se enmarca en el Operativo Conjunto Chihuahua, que implicó el despliegue de tropas a esa entidad como parte de la “guerra contra el narcotráfico” declarada por el expresidente Felipe Calderón. 

Al señalar que durante estos años se han llevado a cabo 25 reuniones en las que no se ha logrado “una implementación mínima de la sentencia”, Nuño explicó que “la esperanza de verdad, justicia, reparaciones individuales y trasformadoras” de las víctimas se topó con “una actuación descoordinada, fragmentada, burocratizada e insensible de la mayoría del funcionariado público involucrado en el cumplimento de este fallo”. 

Recordó que la última reunión de cumplimiento de sentencia en la Corte IDH se llevó a cabo en septiembre de 2023 y fue dirigida por la jueza  Patricia Pérez Goldberg, sin que se haya cumplido con los compromisos de establecer un plan de investigación y de búsqueda de los Alvarado; no hay personas sancionadas por la desaparición, y a pesar de que 22 integrantes de la familia solicitaron tratamiento psicológico, “no han tenido buenos resultados” por la inconsistencia de las autoridades para brindar las terapias.  

De la misma manera, se expuso que a pesar de que en septiembre de 2019 los familiares presentaron un plan para llevar a cabo la disculpa pública, hasta ahora ha sido la Secretaría de la Defensa Nacional la que se ha negado a participar alegando “la inexistencia de procedimientos conclusivos en las instancias de procuración y administración de justicia”, cuando se trata de una sentencia de la Corte IDH que determinó la responsabilidad del Ejército en la desaparición de los Alvarado. 

La representante lamentó que no se haya cumplido con los estándares fijados por la Corte relacionados con el registro de personas víctimas de desaparición forzada, y que la prueba de ello es que el actual Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, sólo contabilice a 804 personas víctimas de desaparición forzada de 1965 a marzo de este año, de un universo de más de 126 mil personas desaparecidas, lo cual no es un dato creíble, mucho menos cuando en 2023 el gobierno cambió el estatus de “desaparecida” a “localizada” a 16 mil personas, “sin una metodología clara y transparente”. 

A ello se suma que, contra la sentencia, no existe una supervisión civil de las Fuerzas Armadas ni a la Guardia Nacional debió a la reforma constitucional que militariza la seguridad pública. 

Gabino Gómez explicó que en cuanto a la resolución que obliga al Estado a ofrecer proyectos productivos, las únicas opciones presentadas han sido los programas del Bienestar, “para acceder a ellos no se necesita una sentencia de la Corte, cualquier ciudadano que cumpla con requisitos los puede tramitar, pero estás familias han perdido todo, sus viviendas, sus familiares, han dejado sus territorios, necesitan una atención especial”. 

“¿Cuántos años tienen que pasar para que ya no se esté reclamando justicia y reparación? Ya han fallecido ocho víctimas sin conocer la verdad ¿Acaso están esperando a que ya no haya víctimas a quienes reparar? ¿Qué ya no estemos sus representantes? Han transcurrido tres gobiernos de tres signos de distinta ideología y la justicia no llega”, resaltó Gómez. 

El defensor resaltó que ni el actual subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Félix Medina Padilla, ni la encargada de la Comisión Nacional de Búsqueda, Teresa Guadalupe Reyes, Sahagún, han accedido a sostener una reunión para abordar el cumplimiento de la sentencia. 

Incluso en asuntos que podrían resultar de fácil resolución, como la restitución de lugares dignos para vivir, el gobierno federal se ha resistido a proporcionar tres viviendas “a quienes perdieron otras, ellos tenían una vida normal, su vida se vio trastocada, nunca más volverán a la normalidad, no se está pidiendo una dádiva”. 

Contó las tres familias desplazadas están en viviendas provisionales proporcionadas por el gobierno federal, y que en una de ellas vivía José Alvarado, padre de José Ángel, quien se encontraba en una situación delicada de salud, pidió a una Karina, una de sus nietas que lo cuidara. Tras fallecer el 4 de febrero pasado, por falta de atención médica, Karina fue emplazada para desocupar la vivienda, cosa que “ni los aboneros ni los renteros hacen eso”.

Los jueces de la Corte IDH cuestionaron a los representantes del Estado mexicano, encabezados por el embajador de México en Costa Rica, Víctor Sánchez Colín, sobre la falta de resultados en la investigación, sobre los obstáculos para proporcionar las viviendas a las víctimas y dar atención psicológica, así como las propuestas hechas por la presidenta Claudia Sheinbaum y sobre la militarización del país.

La jueza Patricia Pérez Goldberg, quien en septiembre de 2023 encabezó la última reunión de seguimiento, cuestionó a la representación del Estado, cómo era posible que desde entonces se informó que se realizarían acciones de búsqueda en el 35 Batallón de Infantería de Nuevo Casas Grandes, y que a más de un año se vuelve a decir lo mismo. 

Nancy Desiderio, de la Secretaría de Gobernación, se vio imposibilitada a dar una fecha en la que se daría acceso a la instalación militar y pidió una prórroga de tres meses para notificar al respecto. 

Sobre los cuestionamientos de vivienda, el juez Alberto Borea Odría consideró que para un Estado como el mexicano era inverisímil que no se resolviera un asunto como de las viviendas que es algo que sería “casi inmediato de resolver”, por lo que urgió a los representantes el Estado a atender la demanda. 

“Ojalá que lo hagan, porque ayudan al sistema (Interamericano de Derechos Humanos) si eso pasa, pero si no pasa, deslegitiman al sistema em el que tanto colaboran. México siempre tiene candidatos a la Corte y a la Comisión, ahora mismo acaban de presentar un candidato a la Comisión, muy bien, hagan que la Comisión y la Corte funcionen respondiendo a las sentencias de estos organismos a los que ustedes tanto apoyan”, dijo el juez. 

La audiencia programada para dos horas, se extendió por más de tres, concluyendo con la convocatoria de los jueces a que las partes se reunieran para afinar los tiempos de cumplimiento de la sentencia, acuerdos que tendrían que ser del conocimiento de la Corte Interamericana. 

Con información de proceso.com.mx