C7KiTC7La empresa TResearch International informó que, ayer, en nuestro país hubo un registro de 67 homicidios dolosos; con esa cifra, el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene un acumulado de 14 mil 148 casos de este delito.C7KiTC7 Omnia.com.mx
C7KiTC7De acuerdo con la empresa experta en estadísticas, de los 67 casos registrados ayer, 7 Se contabilizaron en Baja California, que se colocó en el primer lugar de la estadística nacional. C7KiTC7 Omnia.com.mx
C7KiTC7En una segunda posición con 5 casos cada una, se colocó a las siguiente tres entidades: Guerrero, Jalisco y Estado de México.C7KiTC7 Omnia.com.mx
C7KiTC7Según la información publicada, antier, el número de casos registrados fue de 63 y hace 3 y 5 días, la cifras fueron de 49 y 64, respectivamente.C7KiTC7 Omnia.com.mx
C7KiTC7Con el acumulado dado a conocer, a la actual administración Federal se le calcula un promedio diario de 77 homicidios dolosos.C7KiTC7 Omnia.com.mx
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.