SEP busca dar marcha atrás a la prohibición de venta de comida chatarra en escuelas del país

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Secretaría de Educación Pública (SEP), a cargo de Mario Delgado Carrillo, pretende dar marcha atrás a varias disposiciones de la ley que prohíbe la venta de comida chatarra en las escuelas: busca que las tiendas puedan vender alimentos elaborados con productos que tienen sellos, que se permita la venta afuera de las escuelas y que la prohibición no se aplique en las universidades. 

Un proyecto de reforma elaborado por la SEP, en poder de Proceso, muestra que el equipo de Delgado quiere modificar algunos de los lineamientos adoptados el pasado 30 de septiembre –en el último día de la administración de Andrés Manuel López Obrador–, que prohibieron la venta o distribución de comida chatarra en todas las escuelas del país. 

 

De aplicarse los cambios, la industria que produce y comercializa los productos ultraprocesados mantendría su presencia en las escuelas de México, país que declaró una emergencia epidemiológica de obesidad y diabetes en 2016, debido al alto consumo de refrescos y comida chatarra. 

En el documento, enviado a un grupo de funcionarios el pasado 4 de abril, la SEP justifica su reforma por la necesidad de “definir con mayor claridad la participación de las autoridades sanitarias en el marco de sus competencias y con ello delimitar su actuación”.  

La iniciativa de reforma exenta a la educación superior –categoría a la que pertenecen las universidades– del alcance de la medida: en lugar de aplicarles la prohibición, instruye a las universidades a realizar “campañas de concientización sobre los estilos de vida saludable, formación para la vida sana y fortalecimiento de los entornos saludables”. 

La iniciativa también agrega un punto, que establece que las tiendas “podrán utilizar alimentos y bebidas con sellos y leyendas del sistema de etiquetado frontal en la preparación de alimentos”, lo cual abre la puerta a la venta de alimentos con productos ultraprocesados; no solamente con condimentos tipo mayonesa o salsas, sino también carnes o panes con sellos. 

El texto, elaborado por el equipo de Delgado, quita un párrafo de los lineamientos adoptados por el gobierno de López Obrador, el cual estipula que las autoridades escolares deben vigilar que no se venda o se publicite “alimentos y bebidas con bajo valor nutricional” afuera de las escuelas. 

La iniciativa reduce de manera notable el alcance y la aplicación de las sanciones a los que estarían expuestos las autoridades y los proveedores que incumplirían con los lineamientos; elimina la obligación de proveer alimentos y bebidos a un “precio inferior al del mercado”, y retira a la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Cofepris) la encomienda de realizar verificaciones y obligar las escuelas a seguir la legislación sanitaria. 

Y no solo esto: el proyecto de reforma quita las sanciones a la autoridad escolar que promueva la “preparación, distribución y expendio” de comida chatarra; en cambio, limita su definición de la infracción a la autoridad que permita “la difusión de publicidad de alimentos y bebidas”. En otras palabras: se prohíbe promocionar la comida no saludable, mas no venderla. 

 

 

 

Con información de: Proceso.

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EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco

En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.

Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las  investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta  penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.

Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que  otro de mayor rango está próximo a perderla.

Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.

Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.

La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.

El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como  la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por  La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.

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