Descarta SSPE que delitos se ordenen desde el Cereso 3 de Ciudad Juárez

Tras la publicación de una nota a nivel nacional en la que se señala que desde el interior del Centro de Reinserción Social número 3 de Ciudad Juárez se ordenan secuestros y extorsiones, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez, descartó dichos señalamientos.

El funcionario afirmó que cada 15 días, en coordinación con elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la propia SSPE, se realizan operativos al interior de este penal con el objetivo de mantener la seguridad.

Loya Chávez indicó que hasta el momento no existe ninguna orden en contra de alguna persona privada de la libertad (PPL) relacionada con estos delitos y que, en caso de que se detecte alguna situación, de inmediato se judicializa.

“Hemos hecho una gran inversión en ese Cereso; hemos movido a más de mil PPL a penales estatales y federales, y hemos sacado a líderes”, puntualizó.

A continuación parte de la información que se dio a conocer a nivel nacional:

Los secuestros y las extorsiones, de acuerdo con las investigaciones, son controlados desde el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 3 de Ciudad Juárez, que constantemente se ve involucrado en temas de violencia. El criminal que las manejaba era Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, líder de la banda de Los Mexicles, también de origen mexicano-estadounidense, que se escapó de esa cárcel a finales de 2022 para morir días después en un enfrentamiento. Su muerte no eliminó el control desde el Cereso 3, sino que pasó a manos de La Línea, que ha crecido sus negocios criminales y expandido desde su origen en Ciudad Juárez.

Los Ceresos, que antes eran responsabilidad de la fiscalía, ahora lo son de la Secretaría de Seguridad, pero antes, como en la actualidad, se generan tensión y motines cuando se pretende mover a los reos de la prisión, porque se desarticula el entramado criminal. Pero el cambio de mando en la responsabilidad no eliminó las sospechas sobre la vinculación institucional en Chihuahua con el crimen organizado. Al contrario de lo que ha trascendido de las investigaciones en Estados Unidos, hay molestia contra la gobernadora Campos porque no ha hecho ningún ajuste en los cargos relevantes de la administración y procuración de justicia.

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Brillan autoridades por su ausencia en evento de conmemoración al Día del Trabajo 

Llamó la atención que este viernes, en el evento oficial de conmemoración al Día Internacional del Trabajo, autoridades estatales, municipales y legislativas decidieron no participar.

En el evento que pretende conmemorar a los trabajadores de Chihuahua, no hubo ningún funcionario público que apareciera entre el presidium, únicamente estuvo presente el líder sindical Jorge Doroteo Zapata, de la CTM acompañado de los trabajadores. 

Esto se da en un clima de tensión política tras darse a conocer que dos trabajadores estadounidenses, quienes fallecieron en días pasados, estuvieron trabajando en territorio chihuahuense, lo que ha generado críticas hacia el gobierno de Maru Campos  e inclusive han comenzado las investigaciones sobre el actuar del gobierno estatal. 


La oposición le voltea la jugada a la 4T en el Senado

A los morenos en el Senado les voltearon las expresiones hacia la gobernadora Maru Campos por el caso de los agentes estadounidenses que se encontraban trabajando en la Sierra Tarahumara, y es que el día de ayer, tras la acusación formal de Estados Unidos hacia 10 ex funcionarios y funcionarios públicos de Sinaloa, en donde se incluye al actual gobernador, Rubén Rocha Moya, la oposición pidió, que el morenista comparezca ante el legislativo.

Hay que recordar que hace apenas unos días el grupo parlamentario de Morena, incluyendo la notable participación de Enrique Inzunza, que por cierto, aparece en la denuncia de EU, además del padrino político de Andrea Chávez, Adán Augusto López y el ex gobernador Javier Corral, exigieron que tanto la gobernadora Campos, como el ex fiscal César Jáuregui, acudieran a una reunión con los legisladores para explicar porque se encontraban agentes estadounidenses en el estado grande.

Ahora, la oposición les volteó la jugada, y como en su momento la 4T lo hizo con la gobernadora panista, exigieron que el morenista Rubén Rocha también rinda cuentas ante el legislativo, inclusive algunos actores políticos como Ricardo Anaya, manifestaron que están dispuestos a pedirle de nuevo a la mandataria estatal que acuda al Senado para rendir cuentas…

Por lo pronto, el gobernador Rocha sigue reiterando que no renunciará a su puesto y que se trata de una acusación política, mientras,  el PAN anunció que solicitará juicio político contra el morenista, para que sea extraditado lo antes posible a los Estados Unidos.

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