Procesan a dos sujetos relacionados con Los Chapitos por delitos contra la salud y uso de armas exclusivo del Ejército
La Fiscalía General de la República (FGR) informó este martes que dos sujetos identificados como Juan Carlos Cárdenas, alias “El Cholo” y Jesse Kevin Aguilar, relacionados con Los Chapitos, fueron vinculados a proceso con la medida cautelar de prisión preventiva.
Jesse “N” es acusado como presunto responsable de posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo del Ejército, además de delitos contra la saluden su modalidad de posesión con fines de comercio.
Juan “N” también es señalado de posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
La FGR precisó que ambas personas se encuentran en el Centro de Justicia Penal de Aguaruto, en Sinaloa.
Las autoridades indicaron que elementos de las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad implementaron cateos en distintos inmuebles ubicados en Culiacán, donde fueron aprehendidos Jesse “N” y Juan “N”.
A estas personas les fueron aseguradas cocaína, armas de fuego, cartuchos, cargadores, vehículos y otras sustancias, de acuerdo con la FGR en un comunicado.
En este operativo participaron elementos Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y de la FGR.
Cabe recordar que el pasado 3 de abril fue detenido en la Ciudad de México Leobardo García Corrales, conocido como “Leo” y excolaborador de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín “El Chapo” Guzmán.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana indicaron que Leobardo García es requerido por la Administración de Control de Drogas (DEA, en inglés) para enfrentar cargos por los delitos de delincuencia organizada, contra la salud y violación de la ley de armas.
Con información de: LatinUs.
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EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
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