Estado pagará 6 mil mdp a personas que despojaron 300 hectáreas de una comunidad oaxaqueña
OAXACA, Oax. (apro) .- Un juez falló a favor de dos particulares para que el Estado mexicano les pague 6 mil millones de pesos por 300 hectáreas que reclamaron ser de su propiedad, pero, de acuerdo con los habitantes de la comunidad de Tilzapote, Oaxaca, esas tierras les corresponden.
La disputa de tierras entre los comuneros y los particulares Pedro Ramírez Araiza y Domitila Guzmán Olivera, inició en 2011; en 2016 los tribunales agrarios dictaron sentencia en favor de los supuestos dueños, quienes aseguran que tienen documentos legales que avalan la propiedad desde hace más de 70 años.
En sólo dos años los supuestos propietarios presentaron un juicio agrario y de forma expedita se les otorgó una sentencia favorable.
Acusan que el fallo se debe a una red de complicidades entre autoridades agrarias y del Poder Judicial Federal; el 28 de enero del presente, el juez Primero de Distrito, en confabulación con el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa emitió ese falló gracias al voto decisivo de la magistrada Adriana Alejandra Ramos León, quien ahora realiza campaña para la elección judicial.
Las autoridades del Comisariado de Bienes Comunales de San Francisco Cozoaltepec denunciaron que, desde 2011, un grupo de personas, mediante hechos y documentos falsos, consumaron un fraude procesal con la complicidad de los abogados de la Procuraduría Agraria y de quien fuera magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 21.
Según consta en el expediente número 414/2014, pese a todas estas irregularidades obtuvieron una sentencia sobre la procedencia de la acción agraria de exclusión de aproximadamente 300 hectáreas de terreno de San Francisco Cozoaltepec, municipio de Santa María Tonameca, Distrito de Pochutla.
En complicidad con el juez Primero de Distrito y de los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa, Ramírez Araiza y Guzmán Olivera también obtuvieron la resolución del pago a su favor, como consta en el en el expediente de amparo número 1226/2017.
Por este hecho, la comunidad interpuso un recurso de queja, el cual está pendiente de trámite y resolución e informaron que solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejercer su facultad de atracción, porque los habitantes desconfían de su proceder, al que han calificado de parcial.
En las tierras referidas hay dos escuelas, una casa de representación y una casa de salud, que podrían ser demolidas por la sentencia del Tribunal Agrario, emitida en mayo de 2016.
Con información de proceso.com.mx
Tips al momento
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
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