Poder Judicial acusa al Gobierno de transferir recursos de fideicomisos sin previa consulta
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) acusó que Nacional Financiera (Nafin) transfirió todos los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial a la Tesorería de la Federación, sin consulta previa.
Así lo dio a conocer el CJF en un comunicado en el que anunció que emprenderá medidas de conciliación y las acciones legales pertinentes.
Cabe recalcar que Nafin es una institución financiera bajo el control del Estado mexicano.
Hacienda no había recibido todavía los fondos debido a varias suspensiones judiciales promovidas por el CJF, que impedían cualquier movimiento de los fideicomisos hasta que se llegara a una resolución.
¿Cuánto DINERO ‘arrebató’ el Gobierno al Poder Judicial?
En el documento, el CJF señaló que los recursos sería destinados a pagar a los juzgadores que declinaron participar en la Elección Judicial de 2025 o que no fueran electos.
Mientras que de acuerdo con El País, los millones de pesos extraídos por el Gobierno Federal correspondían a cuatro fideicomisos:
- Pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados
- Para el mantenimiento de casas habitación de magistrados y jueces
- Para el desarrollo de infraestructura que implementa las reformas constitucionales en materia de justicia federal
- Apoyos médicos complementarios y apoyo económico extraordinario para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación
El medio señala que al corte de enero de 2025 estos cuatro ascendían a 10.267 millones de pesos.
Con información de: Político.mx
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EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
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