EE.UU. declara muertos a miles de migrantes latinos para forzarlos a autodeportarse
La Administración del Seguro Social (SSA, por su siglas en inglés) de EE.UU. incluyó esta semana los nombres y números de la Seguridad Social de más de 6.000 inmigrantes, en su mayoría latinos, en una base de datos utilizada para rastrear a personas fallecidas y eliminarlas del registro.
La medida se tomó a petición de la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi L. Noem, reseña The Washington Post, que cita a cuatro fuentes familiarizadas con el caso.
El objetivo es forzarlos a que se autodeporten, puesto que la inclusión de los inmigrantes en esa lista, con lo que efectivamente se cancela su número de Seguro Social, anula su capacidad para recibir prestaciones o trabajar en el paísnorteamericano. También, recoge The New York Times, les corta el acceso a tarjetas de crédito, cuentas bancarias y otros servicios financieros.
Las personas afectadas por esta nueva acción de la Administración de Donald Trump, como parte de su plan de deportaciones masivas, son inmigrantes que ingresaron a EE.UU. a través de los programas de 'parole', puestos en marcha durante el predecesor gobierno de Joe Biden, que concedían permisos temporales de trabajo a quienes no tenían visado ni otra forma de entrar al país.
Según señaló un funcionario de la Casa Blanca, citado bajo anonimato por The Washington Post, para incluir a estas personas en la lista se está alegando que presuntamente tendrían vínculos con actividades terroristas o antecedentes penales, aunque no se ha mostrado ninguna prueba.
Por su parte, Elizabeth Huston, una portavoz de la Casa Blanca, dijo que los cambios en la Seguridad Social ayudarán a avanzar en los objetivos del mandatario en materia de migración.
"El presidente Trump prometió deportaciones masivas, y al eliminar el incentivo monetario para que los extranjeros ilegales vengan y se queden, los alentaremos a autodeportarse [...] Está cumpliendo la promesa que hizo al pueblo estadounidense", escribió en un comunicado al que han hecho referencia ambos medios.
Con información de: Actualidad.rt
Tips al momento
Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?
Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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