
OAXACA, Oax. (apro).- El Tribunal de Enjuiciamiento dictó una sentencia condenatoria de 35 años de prisión contra David Ubaldo M. L. por el asesinato del magistrado Enrique Pacheco Martínez, cometido el 13 de septiembre de 2021, confirmó la Fiscalía General de Oaxaca.
Y precisó que al sentenciado por homicidio calificado, quien fue detenido el 31 de marzo de 2022 en el Fraccionamiento Real del Valle, en la jurisdicción de la Villa de Zaachila, también se le impuso el pago de 3 millones 038 mil 350 pesos por concepto de reparación del daño.
De acuerdo con lo asentado en el expediente penal del caso, los hechos se suscitaron el 13 de septiembre de 2021, cuando el magistrado, de aproximadamente 45 años de edad, pretendía subir a su vehículo GMC Terrain en la entrada de su domicilio ubicado en la colonia Reforma, de la ciudad de Oaxaca de Juárez, sitio a donde arribaron los agresores, quienes realizaron disparos de arma de fuego causándole heridas que le provocaron la muerte en dicho lugar.
La Fiscalía Especializada en Atención a Delitos de Alto Impacto consiguió una orden de aprehensión y posteriormente capturó a David Ubaldo M.L.
Por este caso también se encuentra detenido Nicolás M.J., quien el 17 de junio del 2022 fue capturado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y aún falta que el Tribunal de Enjuiciamiento le dicte sentencia.
El 15 de septiembre del 2022, el entonces subsecretario de Seguridad Pública del gobierno federal, Ricardo Mejía Berdeja, manifestó que el caso del magistrado podría estar relacionado con el cártel del despojo, porque existen 213 de las carpetas de investigación por el delito de despojo en Oaxaca que están relacionadas con la falsificación de instrumentos notariales y agregó que en varias casos intervinieron grupos criminales, gestores o supuestos líderes, en colusión con servidores públicos y notarios, para alterar escrituras y las inscripciones registrales.
Y agregó que tres homicidios estuvieron implicados personajes del cártel del despojo, entre los que mencionó a la entonces candidata del PAN, Ivonne Gallegos Contreras, el magistrado Enrique Pacheco Martínez y Carlos Eduardo en el Istmo de Tehuantepec.
Con información de: Proceso.

En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.

En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
