Corte rechaza controversia constitucional contra la extinción del INAI
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó una controversia constitucional promovida por el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) en contra de la reforma constitucional que eliminó siete órganos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
El pasado 21 de febrero el alto tribunal recibió la impugnación presentada por el órgano garante de la transparencia de Chihuahua en contra del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de diciembre del año pasado.
Dicha controversia constitucional fue turnada al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien el 7 de abril decidió desechar el recurso de control constitucional.
El ministro afirmó que la dependencia local carece de legitimación para promover controversias contra la Federación; asimismo, señaló que ya no es posible impugnar reformas a la Constitución luego de que se aprobó en octubre del año pasado la reforma de supremacía constitucional.
En noviembre del año pasado, la mayoría calificada de Morena y sus aliados en el Congreso federal avalaron la desaparición de siete órganos autónomos, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el propio INAI, entre otros.
Dicha reforma, conocida como simplificación orgánica, transfirió las responsabilidades de los órganos autónomos a diferentes dependencias del Poder Ejecutivo.
El pasado 18 de marzo se consumó la extinción del INAI, luego de celebrarse la última sesión de su pleno. Personal de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, dependencia que se encargará de la transparencia del Poder Ejecutivo federal, tomó posesión el 21 de marzo del edificio sede del hoy extinto órgano garante.
Con información de Latinus
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EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
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