EsdALZGEl coordinador de los diputados del PAN, Alfredo Chávez Madrid, indicó que los señalamientos que hace el senador Juan Carlos Loera en contra de la diputada de Morena, Brenda Ríos, en torno al “cártel del agua” deben ser investigados, ya que esos delitos no prescriben, conocer la situación actual y probables conflictos de interés que puedan existir al día de hoy.EsdALZG Omnia.com.mx
EsdALZGAlfredo Chávez indicó que el senador de Morena, Juan Carlos Loera, he expresado que existen evidencias de corrupción en el tema de la extracción ilegal de pozos en el Estado y con acciones jurídicas comenten actos de corrupción, “él tendrá que demostrar sus dichos, sin embargo, bueno, pues se ve de manera clara, los dichos del senador tienen que ser investigados, no tiene que quedar como parte del anecdotario político”. EsdALZG Omnia.com.mx
EsdALZGRecordó que el propio senador de Morena ha dicho que va a presentar las pruebas, “porque en Chihuahua lo que nos ha pasado en los últimos años es el problema del agua, que un senador de la República de Morena esté acusando a una diputada local del mismo tema del agua y donde señale que hubo corrupción, sin duda tenemos que investigar”.EsdALZG Omnia.com.mx
EsdALZGAseguró que los señalamientos de Juan Carlos Loera tendrán que ser materia de las Fiscalías Anticorrupción, de la Fiscalía General de la República, por ser un tema federal, "entonces invitar a Morena, a que no nomás se acuse, sino que realmente se ejerza acciones en este sentid".EsdALZG Omnia.com.mx
EsdALZG“Hoy el senador Loera confirma lo dicho por Acción Nacional, que hay un cártel del agua que existió o que existe y que hay una infinita corrupción en ese tema, esos delitos no prescriben, entonces desde el Grupo Parlamentario del PAN hacemos el llamado a que sea una investigación seria, alejada de politiquería, porque nos interesa saber qué pasó en ese sexenio y qué sigue pasando y los probables conflictos de interés que se puedan tener hasta el día de hoy”, acotó.EsdALZG Omnia.com.mx
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.