Corte rechaza revisar amparo de Carso contra sentencia que la obliga a dar mayor indemnización a afectados por caída de la Línea 12
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la solicitud presentada por una empresa de Grupo Carso para que el máximo tribunal analizara una sentencia que obligó a otorgar una indemnización más alta a afectados por la caída de la Línea 12 del Metro.
Carso Infraestructura y Construcción promovió un amparo en revisión en contra de una sentencia emitida por una sala civil de la Ciudad de México en la que se estableció queno fue justo el acuerdo reparatorio celebrado con las víctimas de la caída de un tramo elevado de la llamada Línea dorada, entre las estaciones Los Olivos y San Lorenzo Tezonco, ocurrido el tres de mayo de 2021.
En 2023, un grupo de afectados por el siniestro presentaron una demanda por la vía civil en contra de la empresa de Grupo Carso por considerar que el acuerdo reparatorio celebrado en enero de 2022 ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México fue insuficiente para cubrir los daños físicos y mentales, las rehabilitaciones y la pérdida de oportunidades laborales.
Luego de la sentencia condenatoria emitida por la sala civil en abril de 2024, la empresa Carso Infraestructura y Construcción promovió un amparo directo asegurando que hubo pruebas que fueron indebidamente admitidas, que las autoridades de la Ciudad de México debieron ser llamadas a juicio por tener la responsabilidad directa en la falta de mantenimiento de la Línea 12, y que el accidente ya es cosa juzgada porque existe un acuerdo reparatorio.
El pasado 14 de febrero, un Tribunal Colegiado federal confirmó la sentencia de la sala civil de la Ciudad de México al considerar que las reclamaciones de la empresa fueron infundadas, por lo que deberá aumentar el monto de la indemnización a los afectados por el derrumbe de la Línea 12 del Metro.
La Suprema Corte publicó este lunes el acuerdo por el que se desechó por improcedente la impugnación presentada por Carso Infraestructura y Construcción, pues el caso no cuenta con un "interés excepcional" para los derechos humanos o la materia constitucional.
Con información de: LatinUs.
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EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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