Presentará Infonavit 3 mil denuncias por corrupción
Ciudad de México, 14/04/25 (Más).- El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció que presentará 3 mil 405 denuncias por presuntos actos de corrupción relacionados con prácticas inmobiliarias irregulares que habrían afectado a 73 mil derechohabientes, según informó el director general del organismo, Octavio Romero Oropeza.
Las denuncias, de acuerdo con el titular del Infonavit, están vinculadas a distintos esquemas de presunto fraude. Entre ellos, destacó la existencia de juicios masivos que perjudicaron a derechohabientes, la utilización de la marca Infonavit por parte de “coyotes” para cometer engaños, y la usurpación de identidad de trabajadores para obtener créditos o adjudicar viviendas de forma indebida.
También se incluyen fraudes derivados de la venta sucesiva de las mismas propiedades a distintos compradores, así como actos de corrupción cometidos por funcionarios del propio instituto que facilitaron la desposesión de viviendas a los acreditados.
Romero Oropeza indicó que hasta el momento se han presentado 38 denuncias por los presuntos fraudes y por prácticas que, dijo, formaron parte del modelo de operación del Infonavit durante los gobiernos neoliberales. Señaló que la cifra de denuncias se incrementará hasta alcanzar las 3 mil 405, conforme se documente cada uno de los casos.
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Romero Oropeza también informó sobre la identificación de 4 millones 25 mil créditos hipotecarios que fueron otorgados en condiciones que calificó como muy desventajosas. Estos créditos, aseguró, ya fueron congelados y están en proceso de revisión con el objetivo de disminuir los saldos de deuda, reducir los pagos mensuales y ajustar las tasas de interés aplicadas.
En el mismo evento, el titular del Infonavit expuso que el instituto tiene identificadas 845 mil viviendas que presentan problemas significativos. Estas propiedades, explicó, se encuentran abandonadas, vandalizadas o bien están ocupadas por personas distintas a los acreditados originales.
Ante esta situación, Romero Oropeza detalló que se estableció un acuerdo con la Secretaría del Bienestar para levantar un censo que permita conocer con precisión el estado de estas viviendas. Añadió que no se van a desalojar a las personas que han invadido estas viviendas pero sí se buscarán alternativas legales.
El funcionario no ofreció un cronograma específico para la presentación de las denuncias, ni detalló el número de funcionarios presuntamente implicados en los actos de corrupción dentro del Infonavit. Tampoco precisó las entidades federativas más afectadas por los fraudes o las viviendas en condiciones irregulares.
Romero Oropeza tampoco explicó si las acciones legales serán promovidas ante autoridades locales o federales, ni si se contemplan mecanismos de reparación del daño para los derechohabientes perjudicados.
En relación con las viviendas en situación de abandono o irregular ocupación, tampoco se ofrecieron detalles sobre los criterios que se utilizarán para regularizar a los actuales ocupantes o sobre las alternativas legales que se contemplan en cada caso.
El anuncio ocurre en el contexto de la reforma al Infonavit que avanza en el Senado, la cual permitiría al gobierno disponer de los ahorros de los trabajadores. Esta iniciativa ha generado diversas reacciones entre legisladores y organizaciones laborales.
El Infonavit no dio a conocer si la presentación de las denuncias se coordinará con otras instancias como la Fiscalía General de la República o con órganos internos de control. Tampoco se informó si el instituto solicitará apoyo de instancias internacionales para el seguimiento de los casos en los que se detecten redes de corrupción más amplias.
Con información de: Massinformación.
Tips al momento
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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