Aguakán pierde amparo y Quintana Roo avanza para recuperar el control del agua potable
CANCÚN, Q. Roo (apro).- Un juzgado federal de Cancún declaró legal un decreto aprobado en 2023 por el Congreso de Quintana Roo para el retiro de la concesión del suministro de agua potable a favor de Aguakán, empresa que surte el recurso hídrico en cuatro municipios de esta entidad.
Con lo anterior, el gobierno de Quintana Roo avanza en su lucha por recuperar el control del abastecimiento del agua potable, que incluye a Cancún y la Riviera Maya, los destinos turísticos más grandes del país.
Este martes el Juzgado Octavo de Distrito sentenció no amparar a Aguakán y declaró legal lo aprobado por los legisladores, que argumentaron incumplimientos contractuales de la empresa durante el tiempo que ha ejercido la concesión en los municipios de Benito Juárez (Cancún), Playa del Carmen (Riviera Maya), Isla Mujeres y Puerto Morelos.
Además, se señalaron violaciones al derecho a un medio ambiente sano por derrames de aguas negras, al tener esta empresa también la obligación de modernizar la red de drenaje.
Actualmente Aguakán goza de una suspensión definitiva ganada en enero de 2024, medida que aún sigue vigente al no ejecutarse aún por el juez federal la sentencia del amparo que perdió.
El recurso legal lo promovió a finales de 2023 contra este decreto aprobado por diputados locales, quienes determinaron retirar la prestación del servicio.
Se prevé que la empresa impugne la medida con un recurso de revisión antes de 10 días hábiles, con el cual llevará su juicio a instancias superiores.
La ampliación de la concesión del servicio hasta el año 2053, se concretó en 2014 durante la administración estatal del exgobernador Roberto Borge Angulo, hoy preso por delitos relacionados con la función pública.
Este ha sido uno de los actos más turbios dentro de la administración pública en Quintana Roo, que incluyó la entrega de más de mil millones de pesos en garantías de parte de la empresa a dependencias estatales, dinero que se ignora dónde quedó.
Por esta entrega irregular, el año pasado el gobierno quintanarroense presentó una denuncia penal por lavado de dinero contra socios y directivos de la empresa.
En febrero, Aguakán emitió un comunicado y señaló de presunto hostigamiento jurídico orquestado por autoridades estatales; la gobernadora Mara Lezama Espinosa rechazó tales aseveraciones.
En mayo próximo los socios y directivos de esta empresa, que cuenta con suspensiones de amparo contra detenciones, comparecerán ante un juez de control federal para una audiencia de formulación de imputación y vinculación a proceso, con lo cual se determinará su situación legal.
Con información de: Proceso.
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Lucha Castro acusa “traición al pueblo” la ausencia de diputadas de Morena que permitieron el crédito de 3mil mdp
La activista y exconsejera de la Judicatura del Estado de Chihuahua, Luz Estela Lucha Castro, lanzó una dura acusación pública contra las diputadas locales de Morena Edith Palma y Rosana Díaz, a quienes señaló de haber “traicionado al pueblo de Chihuahua” tras ausentarse de una votación en el Congreso del Estado que permitió la aprobación de un endeudamiento por 3 mil millones de pesos.
A través de un mensaje difundido en redes sociales, Lucha Castro —quien formó parte del Consejo de la Judicatura durante el gobierno de Javier Corral Jurado— sostuvo que la inasistencia de las legisladoras no fue accidental, sino una decisión política que, en los hechos, favoreció al gobierno estatal encabezado por Maru Campos.
“Al huir de la votación, dejaron pasar el endeudamiento por 3 mil millones de pesos y le hicieron el trabajo sucio a Maru Campos”, afirmó.
En su pronunciamiento, la exconsejera fue contundente al calificar la actuación de las diputadas como una omisión deliberada que permitió la aprobación de más deuda pública para la entidad. “No defendieron a la gente, no enfrentaron la votación y sí protegieron al poder”, señaló, al tiempo que cuestionó su identificación con los principios del partido Morena.
Lucha Castro subrayó que la ausencia de Palma y Díaz tuvo consecuencias directas en el resultado legislativo, ya que su participación habría podido modificar el sentido de la votación. “Ausentarse fue una decisión política. Y esa decisión fue contra Chihuahua”, escribió.
Hasta el momento, Edith Palma y Rosana Díaz no han emitido una postura pública en respuesta a los señalamientos.
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