La deuda de agua con EU, el nuevo desafío de México ante Donald Trump

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– De la próxima temporada de lluvias y de la destreza de los negociadores del gobierno federal depende el éxito de México para evitar que se conviertan en realidad las amenazas de Estados Unidos por la deuda de agua existente bajo el tratado que data de 1944.

La negociación entre ambos países por el agua ocurre en un contexto de años de sequía en el territorio mexicano.

La tecnificación de distritos de riego que la presidenta Claudia Sheinbaum puso sobre la mesa el viernes último es una opción viable para la defensa mexicana, pero insuficiente para la exigencia inmediata que hace el presidente estadunidense, Donald Trump, porque podría tener resultados hasta después de un sexenio.

Coordinador del Grupo de Análisis de sobre Aguas Transfronterizas, de la Red del Agua de la UNAM, Gonzalo Hatch Kuri considera que el Tratado de Aguas México-Estados Unidos de 1944 no es un acuerdo rezagado o rebasado, es un acuerdo vivo, y con las actas que se firman en distintos años se mantiene constantemente actualizado porque se van incluyendo situaciones como la actual con los estragos del cambio climático.

“Hay más de 300 actas firmadas. De hecho, de 1944 para acá, si no mal recuerdo, son casi 150 actas firmadas que revelan que, aunque el tratado son un conjunto de artículos, en realidad las actas han hecho flexible el tratado. Yo cada vez me alejo más de esa idea de decir que no ha sido revisado. El tratado está revisado o renegociado en más de 150 actas”.

El factor impredecible con el que juega México no es sólo el presidente Donald Trump, sino los fenómenos naturales, como el próximo ciclo de lluvias. El otro, el del republicano, también podría estar relacionado con un asunto electoral:

“El presidente Trump pues es republicano y Texas es un estado históricamente republicano; entonces, la conexión viene de ahí de los políticos republicanos texanos, que tienen que cumplirle a su electorado y entonces suben esto con el presidente”.

El especialista indicó que la propuesta de la mandataria sobre la tecnificación “no es una idea descabellada”, pero tampoco es nueva. “Ahora, que rinda frutos, no creo que eso se vea de un día para otro porque los distritos de riego son muy grandes y consumen mucha agua porque hay una enorme cantidad de agricultores”, por lo que considera que le tomará “al menos un sexenio” para dar resultados.

El plan presidencial apenas es una pequeña parte para cumplir con el tratado de aguas entre México y Estados Unidos, porque la sequía, recuerda el investigador, “no sólo ha estado desde hace cuatro años (como Sheinbaum admitió), tiene más de 15 o 16 años presente en este país”.

Hatch Kuri. Cancelar concesiones ilegales. Foto: X / @GonzaloHK

De acuerdo con el monitor de sequía de América del Norte, casi 43% del territorio nacional padece sequía.

“Entonces, aquí el asunto es que la sequía ha sido un elemento que no se puede predecir como tal. Se necesitan refinar los instrumentos de la política pública de agua en México para que podamos atenuar y enfrentar los efectos negativos de la sequía. Ésa es una parte de la receta. La otra receta es la tecnificación de los distritos de riego”.

El también doctor en Geografía por la UNAM expuso que en el tratado sí se han negociado los escenarios como el que hoy se vive, es decir, que muestra una salida en caso de que México no alcance la meta de entregar el agua que corresponde al ciclo actual.

Los funcionarios mexicanos, encabezados por el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, y el de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, tienen en sus manos el argumento contenido en las actas.

En diciembre de 1969 se firmó el Acta 234 entre ambos países, donde se reconoce, por ejemplo, que si hay un faltante al concluir un ciclo de cinco años, como es el caso, cuando inicie el siguiente ciclo México puede agregar el volumen faltante.

El panorama muestra que a octubre de este año se va a cerrar el ciclo número 36, con el adeudo de casi mil 500 millones de metros cúbicos.

La otra acta que México puede jugar en su favor es la 331, firmada en noviembre de 2024, en la que se acuerda:

“Si hay un problema de esta naturaleza, en la cual México no pueda cumplir ni siquiera en el próximo ciclo con estos pagos, podrá utilizar, así dice, agua de dos ríos que no están aforados, es decir, no están dentro del tratado. Esos ríos son San Juan y Álamo”.

Por lo tanto, “siempre que México pueda demostrar que el caudal de esos ríos no los va a utilizar, los puede liberar para que Texas los pueda utilizar”.

Ante este panorama, existe el planteamiento de cómo hará México para responder, aún bajo el as legal que tiene, transfiriendo la deuda de agua al siguiente ciclo, dado que si no pudo pagar la cantidad requerida, cómo lo hará si en el próximo periodo se suma una deuda anterior a lo comprometido de manera ordinaria.

Además, la incertidumbre de la respuesta que Estados Unidos dé a México tiene otro obstáculo: las decisiones unilaterales de Trump sin importar mesas de diálogo o, incluso, si hay tratados o acuerdos sobre el tema.

Para ambos cuestionamientos el académico respondió:

“Ahí es ya es jugar con los pronósticos hidrometeorológicos. ¿Por qué? Porque no sabemos, por ejemplo, si en el próximo periodo húmedo de este año llegue un temporal fuertísimo, huracanes fuertísimos y de repente llenen las presas internacionales que son La Amistad y Falcon y se acabó la deuda.

“Ahí se llenaron las presas y, como señala el tratado, cuando las presas se llenan, México cumple. Ya ha sucedido, en la primera década de este siglo, que teníamos un déficit muy fuerte. Llegó un temporal que nadie esperaba, se llenaron las presas y ni siquiera hubo necesidad de llegar a los cinco años. Se cerró ahí”.

Río Bravo. Recurso binacional. Foto: X / @GonzaloHK

El experto consideró que “es como jugarle un poco al adivino, por esa situación es que el tratado es flexible, como son aguas superficiales y éstas dependen de la precipitación, es un factor que no se puede calcular a ciencia cierta”.

Apunta, todavía más, a que la decisión del mandatario estadunidense depende de la habilidad de los servidores mexicanos.

Aquí más bien depende de la capacidad de negociación que tenga la Cancillería mexicana, de poder decirle al gobierno de Estados Unidos: apliquemos el Acta 234 o en su caso apliquemos el Acta 331. Esos son los únicos instrumentos institucionales en los cuales creo que ahora tienen en la mano: la capacidad de negociación y la aplicación del 331 o del 234.

Solución para la deuda

El procedimiento normal bajo el tratado es que “el agua que va escurriendo de la cuenca del Conchos y de los otros ríos aforados, primero llega a la presa La Amistad y después escurre hasta abajo hasta la presa Falcon. Para eso se construyeron hace más de 50 años ambas presas”.

Aun con la aplicación de las dos actas previstas en el tratado, echar mano de presas que son previstas de forma extraordinaria podría acarrear problemas locales, como ya ha sucedido en México en 2020, cuando por el resguardo de la presa La Boquilla, en Chihuahua por parte de agricultores, murieron dos personas.

El gobierno federal aseguró en ese momento que se trató de la necesidad de responder al tratado de Aguas entre México y Estados Unidos, lo cual se hizo incluso con el resguardo de la Guardia Nacional; en tanto, agricultores de la zona denunciaban que la extracción generaría desbasto sin que se pudiera subsanar el ciclo de riego.

Al hablar de las actas, el experto acota: “Claro, suena muy bonito, pero en realidad esto puede generar localmente en el norte de Tamaulipas, en el norte de Nuevo León, problemas porque pues obviamente alguien utiliza el agua (…) seguramente cuando uno extrae agua de un lugar para llevarle a otro lugar siempre se van a generar problemas.

“Pero ahí está esa posibilidad, que México y Estados Unidos firmaron el Acta 331 y pueden sacar agua para cumplir a Texas. Ésa es una salida ya está reconocida por ambos gobiernos”.

El investigador Hatch Kuri también aclara que el Tratado de Aguas de 1944 no tiene nada que ver con el de Libre Comercio de América del Norte (T-MEC) .

Si el presidente Trump ha dicho que puede poner aranceles por este tema, pues el gobierno de México tendría que ver con base en qué, con qué, porque son dos instrumentos distintos. El agua no se grava (…) Yo realmente lo veo más como una lamentable comunicación del presidente de Estados Unidos para lo que no está bien asesorado.

La exigencia de Estados Unidos tampoco es nueva, el especialista recuerda que también en el sexenio de Vicente Fox, en la primera reunión con George Bush, entonces presidente de Estados Unidos, “el primer reclamo que hizo Bush, quien había sido gobernador de Texas, era ´págame mi agua’." Entonces, es un problema que tiene tiempo”.

A esto se suma que la administración de Sheinbaum Pardo debe poner énfasis en el objetivo de reordenar las concesiones de agua en México.

“Si también en este sexenio logran reordenar en las cuencas fronterizas, reordenar el proceso de las concesiones de agua y -esto es muy importante- cancelar concesiones ilegales, tener procesos de verificación mucho más agresivos para gente que está robando agua prácticamente -vamos a llamarle así- eso también va a ayudar a la restauración, porque esto también tiene que ver con otro tipo de políticas que es restaurar el ciclo hidrológico en las cuencas fronteriza”, aseguró.

No sólo se trata de hablar de la sequía, otro elemento que abonará es la atención que se ponga a las cuencas transfronterizas sobreconcesionadas, tanto en Estados Unidos como en México.

Sequía en el norte de México. Golpe climático. Foto: Alejandro Saldívar 

“Cuando digo sobreconcesionadas es que tienen derechos de agua enormes, históricos y hacen trabajar el sistema de presas a más de 100%, es decir, hay una sobrepresión.
“Si ambos gobiernos no trabajan en el tema del sobreconcesionamiento, que yo creo que es lo principal, tampoco se va a resolver así porque sí. Porque si no, parece que México trabaja  para siempre estar resolviendo los caprichos del vecino del norte”.

Gonzalo Hatch Kuri alertó que uno de los elementos que “tendrían que revisar (en el tratado) en un futuro es cómo mejorar el sistema de las actas, cómo democratizar la participación ciudadana en su formulación y revisar los caudales históricamente asignados dentro de cada país”.

Agregó que no debe olvidarse que “cuando se hizo el tratado de aguas en 1944 para la cuenca que estamos discutiendo, que es la cuenca baja del río Bravo, de Fort Quitman, Texas, al Golfo de México, el ingeniero Adolfo Orive de Alba, que fue quien lo diseñó en ese momento, dijo que la cantidad de agua que México le tiene que dar a Estados Unidos, estos 432 millones, es apenas un tercio de los sobrantes excedentes de la cuenca. Y que los otros dos tercios son para México, que son los que llegaban al norte de Tamaulipas”.

Por lo tanto, como resultado de estos fenómenos como la sequía y las consecuencias de un mal manejo en este tratado, “el gran deficitario y el gran perdedor antes que Estados Unidos es México; el norte de Tamaulipas es el más afectado. Aquí está el problema”.

Con información de proceso.com.mx

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De acuerdo con reportes citados por el periodista Raymundo Riva Palacio, la inteligencia estadounidense ya tiene en la mira a al menos cuatro líderes de cámaras empresariales del norte del país, identificados como “empresarios híbridos”, por combinar operaciones legales con actividades ilícitas.

Riva Palacio señala que el sector privado mexicano no previó que la parte “más oscura del régimen, vinculada al crimen organizado”, colocara a sus piezas estratégicamente en todo el país, afectando incluso al Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que concentra alrededor del 80% de la riqueza nacional, situación que califica como un “cáncer” económico.

“Lo que se está viendo en México con los empresarios que son objetivos de la inteligencia estadounidense es del tipo llamado ‘empresario híbrido’, donde se combinan negocios legales con operaciones ilícitas”, destaca el artículo del periodista.

El caso ha encendido alertas dentro del sector privado y entre autoridades locales, al tiempo que la investigación estadounidense continúa su curso sin que hasta ahora se hayan dado a conocer más detalles sobre posibles sanciones o imputaciones.


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Resulta contradictorio que se impulse la visita a este destino utilizando imágenes desactualizadas, lo que pone en duda si las instancias estatales han dado seguimiento a la situación real del lugar en los últimos años.

Cabe recordar que las letras monumentales de “Camargo” fueron destruidas el pasado 31 de diciembre, luego de una explosión que provocó que fragmentos metálicos salieran proyectados. El incidente también ocasionó daños en al menos diez viviendas cercanas, cuyos vidrios resultaron afectados por la onda expansiva.


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De acuerdo con los reportes, la propaganda corresponde a la delegada del Bienestar Mayra Chávez y habría sido entregada en zonas cercanas al evento realizado un día antes.


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Por cierto, en este mismo espacio expuso que tras haber destapado su interés para contender por un puesto político y le han llegado miles de mensajes acusándolo de ser acaparador de agua más grande de México, “En el momento que eres víctima de un crimen, buscan cómo justificar lo que te haya sucedido buscando en tu historia algún pretexto para ignorar la responsabilidad, no solo de las instituciones, sino también de los mexicanos”, expresó.


Plan B aumentaría gasto en 16 Congresos Locales 

Resulta que el Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum, en su intento de reducir al presupuesto a los Congresos locales, terminaría por beneficiar en aumentos a otros, incluyendo el de Chihuahua.

Se dice que este ajuste presupuestal, permitiría a 16 Congresos Locales, es decir las mitad en todo el país, crecer en su gasto.

Todo a la inversa, por ejemplo, el Congreso del Edomex podría crecer en 525.9 mdp, el de Chiapas +401.8 mdp, el de Veracruz +398.2 mdp y así 13 congresos más, 3,127 mdp adicionales.

 

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