Acumula sexenio de Sheinbaum 14 mil 845 casos de homicidio doloso: TRI

La catedrática y abogada juarense Olivia Aguirre, quien aspira a ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encuentra entre los perfiles que seleccionó y recomienda, José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del expresidente López Obrador.

“Por ahora, si tuviera que tomar una decisión, mi voto iría con mujeres y hombres comprometidos con la justicia social, los derechos humanos y el pueblo de México”, posteó, para luego iniciar con Loretta Ortiz, Lenia Batres y Yazmín Esquivel, ministras en activo, así como también Estela Ríos, exconsejera Jurídica del expresidente López Obrador, para luego mencionar a Olivia Aguirre.

Grandes trayectorias, capacidades y convicciones, puso en sus redes sociales, quien ha sido señalado en múltiples ocasiones, como parte de los beneficiarios de la corrupción en el sexenio de López Obrador.

Se ha dicho que la profesionista juarense Olivia Aguirre, pudiera llegar a un espacio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluso, encuestas la situaban entre los primeros lugares de quienes pudieran acceder a un lugar en el máximo tribunal del país.

Vaya que en diferentes medios nacionales y plataformas digitales ha tenido eco el mensaje que le enviara hace unos días el diputado y coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, tras prácticamente “mentarle la madre”, luego de que este último obligara a un ciudadano a ofrecerle una disculpa pública en las instalaciones de la Cámara y frente a los medios de comunicación.  

“Morena nos quiere quitar el derecho que tenemos, incluso, de mentarle la madre a un político”, expresó el legislador panista.

Cabe señalar que el día de hoy, en su derecho de réplica, Fernández Noroña, por medio de redes sociales, calificó la agresión del panista como cobarde.

“Mi obligación es republicar su injuria y manifestar mi reclamo ante el Congreso de Chihuahua”, posteó. 

A través de redes sociales, la Lic. Luz Estela Castro confirmó que se otorgó amparo en contra de Conagua al rancho del exgobernador César Duarte.

Lo anterior, luego que se diera a conocer que la Comisión Nacional del Agua realizó un operativo en la propiedad del ex mandatario en contra de presas y un presunto pozo ilegal.

En redes sociales, “Lucha” Castro indicó “CHIHUAHUA es un ejemplo Nacional de porque SI votar en la elección de Juzgadores /as. Cesar Duarte interpuso amparo para evitar que le cancelen pozos ilegales y le quiten las presas de su rancho , el que le devolvió Maru Campos y adivinen que ? La jueza Madhay Soto Morales, jdel Décimo de Distrito en la entidad. Es la misma que impidió la distribución de los libros de texto y si, le concedió el amparo ! Un ejemplo muy concreto de porque SI acudir a votar”

En una entrevista con Omnia, el dirigente del PAN, Jorge Romero, entonces en su calidad de candidato al CEN afirmó que "todo se iba a politizar menos la inseguridad". 

Esta expresión es una contradicción en sí misma, ya que como partido político, todo lo que emane de sus filas, por obvias razones, se politiza, se partidiza, “es implícito en su naturaleza”.

En el caso de la seguridad, no pasa por alto cuando es el principal flagelo que aqueja al país.

Lo anterior conlleva al silencio y desilusión de una oposición, desde la dirigencia nacional del PAN replegada, ausente, que no le gusta hacer “olas” y todo por la investigación sobre el cártel inmobiliario.

Vemos como Santiago Taboada y Salomón Chertorivski, que eran los candidatos de la oposición a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y aseguraron que serían contrapeso al oficialismo, hoy guardan silencio.

Santiago Taboada se fue mejor de secretario nacional de Acción Política en el CEN del PAN, y aunque sigue “guardadito”, pronto tendrá reflector, pues se dice que ni él ni su jefe político, Jorge Romero, habrían soportado la judicialización de sus expedientes, en los que también estarían implicados familiares del actual presidente del PAN.

Tanto Romero como Taboada, fueron citados por el delito de asociación delictuosa junto con 14 empresarios, pero la fecha original era febrero del año pasado y se pospuso convenientemente para el 17 de junio, ya pasada la elección.