Gobierno de Trump confronta a jueces que investigan violaciones a sentencias sobre deportaciones
Reuters.- El gobierno del presidente Donald Trump está apelando los esfuerzos de dos jueces para investigar si funcionarios en el gobierno no cumplieron con sentencias sobre la deportación de migrantes a El Salvador, escalando una confrontación entre los poderes ejecutivo y judicial de Estados Unidos.
El miércoles por la noche, el Departamento de Justicia dijo que apelará la conclusión del juez de distrito estadounidense de Washington, James Boasberg, de que había causa probable para creer que el gobierno había violado su orden de traer de vuelta a presuntos miembros de una pandilla venezolana que fueron deportados a El Salvador el 15 de marzo bajo una ley de guerra del siglo XVIII.
Boasberg dijo que los funcionarios del gobierno podrían enfrentar cargos penales por desacato.
También a última hora del miércoles, los abogados del gobierno pidieron a la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito de Estados Unidos que impida que la jueza de distrito Paula Xinis en Greenbelt, Maryland, ordene a los funcionarios estadounidenses que proporcionen documentos y respondan preguntas bajo juramento sobre lo que habían hecho para garantizar el regreso de Kilmar Ábrego García, un migrante que fue deportado erróneamente a El Salvador.
En ambos casos, el gobierno Trump ha negado haber violado las órdenes judiciales y ha acusado a los jueces de extralimitarse en sus funciones.
"Un solo tribunal de distrito se ha metido en la política exterior de Estados Unidos y ha tratado de dictarla desde el banquillo", escribieron los abogados del Departamento de Justicia en su presentación ante el Cuarto Circuito. "Se necesita un decisión de emergencia".
La administración Trump se enfrenta a más de 150 demandas contra sus políticas.
Los demócratas y algunos analistas legales dicen que los funcionarios en algunos casos están demorando el cumplimiento de los fallos judiciales desfavorables, lo que indica una posible voluntad de desobedecer a una rama independiente del Estado.
Funcionarios de la Administración han respondido con duras críticas a los jueces Boasberg y Xinis, ambos nombrados por el presidente demócrata Barack Obama, después de que Boasberg bloqueó las deportaciones de migrantes venezolanos. Trump pidió su destitución.
El comentario provocó una rara reprimenda del presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, quien dijo que las apelaciones, y no las destituciones, eran la respuesta adecuada a los desacuerdos con los mandatos judiciales.
Con información de Latinus
Tips al momento
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
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