Gx556JiUna jueza federal detuvo el viernes los despidos masivos de la jornada previa en la Oficina de Protección Financiera del Consumidor de Estados Unidos, diciendo que estaba profundamente preocupada de que el Gobierno de Donald Trump hubiera violado las órdenes que establecían condiciones para los ceses.Gx556Ji Omnia.com.mx
Gx556JiLa agencia despidió el jueves a entre 1,400 y 1,500 trabajadores, eliminando hasta el 90% de su plantilla.Gx556Ji Omnia.com.mx
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Gx556JiUna declaración de un testigo presentada el viernes también acusó a un funcionario asociado con el Departamento de Eficiencia Gubernamental del multimillonario Elon Musk de hacer caso omiso de las órdenes del tribunal.Gx556Ji Omnia.com.mx
Gx556JiEl testigo dijo que el miembro del DOGE Gavin Kliger también exigió trabajar un turno de 36 horas sin descansos y abusó verbalmente del personal.Gx556Ji Omnia.com.mx
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Gx556JiSin embargo, la oficina de recursos humanos de la rama del gobierno donde trabaja Kliger rechazó las acusaciones, calificándolas de "mentira absoluta" y asegurando que el funcionario no había supervisado la reducción de plantilla.Gx556Ji Omnia.com.mx
Gx556Ji"Estas acusaciones son otro intento de menoscabar la misión fundamental de la DOGE de hacer que el gobierno sea más eficaz y eficiente", declaró un portavoz. Gx556Ji Omnia.com.mx
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Gx556Ji"Estoy profundamente preocupada, dado el alcance y la velocidad de la acción de la agencia (...) sobre si la agencia está ahora en cumplimiento de la orden judicial preliminar", dijo la jueza de distrito Amy Berman Jackson durante una audiencia convocada después de los despidos del jueves.Gx556Ji Omnia.com.mx
Gx556JiJackson ordenó que los despidos masivos del jueves se suspendieran a la espera de una decisión sobre si el Gobierno está violando su orden.Gx556Ji Omnia.com.mx
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Gx556JiCon información de: El economista.Gx556Ji Omnia.com.mx
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.