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Buscan en el TEPJF revertir carpetazo a denuncia contra Cuauhtémoc Blanco por violencia política

lEUay8PEl magistrado Reyes Rodríguez Mondragón propuso que la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no dé carpetazo y emita una sentencia por la denuncia que presentó en 2023 la hoy senadora Juanita Guerra Mena (PVEM), en contra del exgobernador y actual diputado federal de Morena,Cuauhtémoc Blanco, por violencia política en razón de género. lEUay8P Omnia.com.mx

lEUay8PEl 14 junio del 2023, la entonces diputada federal de Morena, Juanita Guerra Mena, acusó a Cuauhtémoc Blanco, así como al entonces alcalde de Cuautla, Rodrigo Arredondo López, y otros funcionarios públicos, de misógina y violencia en su contra en el marco de la conmemoración del CCXI Aniversario de la Gesta Heroica “Rompimiento del sitio de Cuautla, Morelos”.lEUay8P Omnia.com.mx

lEUay8PLa legisladora acusó que le impidieron participar en las reuniones de organización del desfile cívico conmemorativo del día 2 de mayo, e  instalar un templete para 200 personas.lEUay8P Omnia.com.mx

 

lEUay8PEl pasado 8 de abril, la Sala Especializada declaró la caducidad de su facultad sancionadora, ya que la etapa de instrucción de la denuncia se alargó injustificadamente por un período de un año y 9 meses, situación que le imposibilita dictar una resolución.lEUay8P Omnia.com.mx

lEUay8PEl magistrado de la Sala Superior del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, presentó este sábado un proyecto donde planteó que el plazo de un año para la indagatoria puede ampliarse o suspenderse, cuando la dilación del procedimiento obedezca a cuestiones de hecho o de derecho; en este caso, cuando la autoridad administrativa no haya estado en posibilidad de ejercer su facultad sancionadora.lEUay8P Omnia.com.mx

lEUay8PConsideró que le asiste la razón a la hoy senadora Juanita Guerra, cuando señala que el plazo de un año para que se actualizara la caducidad de la facultad sancionadora debió computarse a partir de que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE) recibió el expediente de parte del Tribunal local de Morelos, el 25 de febrero de 2025, sin tomar en cuenta el lapso en el que otras autoridades hayan estado a cargo de la sustanciación y resolución, sin tener atribuciones para ello. lEUay8P Omnia.com.mx

lEUay8P“En consecuencia, se revoca la sentencia impugnada y se ordena a la Sala Especializada que, a la brevedad, dicte la sentencia que en Derecho corresponda, dado que el Proyecto Especial Sancionador ya se encuentra sustanciado”, sugirió el magistrado Rodríguez al resto de sus compañeros de la Sala Superior. El proyecto será analizado en los próximos días en el pleno.lEUay8P Omnia.com.mx

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lEUay8PCon información de: LatinUs.lEUay8P Omnia.com.mx

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Desaparecer los OPLES para que el INE le cobre a los Estados

El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y  los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.

El INE,  se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.

En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de  pesos.

Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.

La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y  responsabilidad democrática. 

 

 

 

 

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