Colombia denuncia plan de grupos criminales para asesinar a policías y militares
AP.- El ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, denunció un plan con sujetos armados ordenado por grupos ilegales para asesinar uniformados que en la última semana cobró la vida de seis policías y dos militares.
“Los grupos criminales han optado por el sicariato y por atentados terroristas propios de un cártel, como en los años 80”, dijo a la prensa Sánchez en referencia a los cárteles de narcotráfico que en un periodo pagaron por matar policías y detonaban bombas en las que morían también civiles.
El ministro indicó que tiene información que apunta a que los recientes asesinatos fueron ordenados principalmente por el Clan del Golfo, mayor cártel activo del país, y en segunda medida por la guerrilla Ejército de Liberación Nacional.
Sánchez indicó que el Clan del Golfo actúa en represalia por la muerte en operaciones militares a inicios de abril de su quinto cabecilla, José Demoya Hernández, alias “Chirimoya”. Es una “venganza demencial de aquellos que no pueden enfrentar a la fuerza pública”, agregó.
El gobierno de Gustavo Petro, primero de tendencia izquierdista en llegar a la presidencia, mantiene acercamientos con el Clan del Golfo con miras a intentar abrir una mesa de negociación jurídica para su desmantelamiento. Mientras que suspendió en enero la mesa de diálogo con el ELN, como protesta por una ola de violencia en el noreste del país que cobró la vida de más de 80 personas tras enfrentamientos con otro bando enemigo.
El director de la Policía Nacional, brigadier general Carlos Fernando Triana, ofreció una recompensa de 100 millones de pesos colombianos (aproximadamente 23 mil dólares) por información que lleve a la captura de los responsables de asesinar a los uniformados.
El caso más reciente se registró en Cartagena, en el norte del país, en la tarde del domingo, cuando dos policías y un civil fueron atacados con armas de largo alcance por personas que se desplazaban en una motocicleta. Los policías patrullaban la zona en el momento de ser atacados, indicó la institución en un comunicado.
Otro de los uniformados murió tras ser atacado el sábado cuando acompañaba a feligreses del municipio de Lourdes, en el departamento de Norte de Santander, en una procesión de Semana Santa. Fue trasladado con heridas a un centro médico en el que falleció. Los demás casos se registraron en tres municipios de Antioquia, al noroeste del país.
En paralelo, fueron asesinados dos militares en el suroeste. Según el ministro de Defensa, uno de ellos se encontraba en un permiso de descanso y vestía de civil al ser atacado el viernes en un establecimiento público de La Vega, Cauca.
También fue hallado sin vida en Jamundí, Valle del Cauca, un soldado que había sido secuestrado desde inicios de abril. El ejército indicó que trabajan en la investigación para esclarecer el crimen.
Además de los asesinatos de policías, murieron tres civiles en dos ataques con explosivos perpetrados el jueves en poblaciones del suroeste del país. Más de 25 personas resultaron heridas.
Colombia firmó en 2016 un histórico acuerdo de paz con la antigua guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no significó el cese de la violencia, ya que otros grupos armados ocuparon los espacios que abandonaron.
Con información de Latinus
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Al comunicarse a las cajas, se les hizo de conocimiento que el sistema se encuentra en esa situación, ya que sufrieron un posible intento de hackeo, y el sistema de facturación se está realizando de manera manual.
Al momento no se ha establecido una postura por parte del Gobierno Municipal, y si el presunto hackeo se dio el día de hoy o en días anteriores.
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A penas y unos días otra militante de Morena, Martha Serrano a la que se le relaciona con el grupo de Juan Carlos Loera anunció no sólo sus intenciones de competir a la alcaldía, sino que puso a consulta en redes sociales su persona contra la de Brenda Ríos para medir las preferencias.
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La controversia fue presentada en diciembre por Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica de la Presidencia, en contra del acuerdo firmado por la gobernadora María Eugenia Campos, quien el 16 de noviembre de 2024 ordenó reforzar los puntos de verificación e inspección de ganado, sus productos y subproductos.
El 26 de noviembre del 2025, el presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua denunció “Con cero pesos de presupuesto a la contingencia del gusano barrenador ¿cómo le vamos a hacer? Estamos a punto de tener un estallido social y no hacen caso las autoridades”.
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