
El papa Francisco, quien falleció el pasado lunes a los 88 años de edad, combatió la corrupción en el Banco del Vaticano con el cierre de cuentas sospechosas, auditorías y mayores controles para transparentar el manejo de las recursos de una institución que cuenta con fondos por 5.400 millones de euros.
Una investigación del portal argentino TN recordó que, cuando Francisco comenzó su papado, el Instituto para las Obras de Religión, mejor conocido como Banco del Vaticano, arrastraba sospechas de corrupción y negocios fraudulentos que incluían lavado de dinero.
También reveló que, de acuerdo con el último balance al que este medio pudo acceder, y que data de fines de 2023, la institución financiera cuenta con 107 empleados y 12.361 clientes.
Explicó, además, que al Banco del Vaticano llegan los envíos de dinero que mandan las parroquias y obispados de todo mundo para financiar a la Iglesia Católica en su totalidad, pero los recursos jamás fueron debidamente revisados hasta que asumió Francisco, en 2013.
En ese momento, el papa descubrió múltiples anomalías y ordenó una auditoría que permitió el cierre de 5.000 cuentas sospechosas que no podían aclarar la procedencia o destino de fondos millonarios.
Gracias a esta lucha anticorrupción, el Tribunal del Vaticano condenó al cardenal italiano Giovanni Angelo Becciu, quien invirtió en propiedades de lujo en Londres gracias a un crédito de 200 millones de euros que obtuvo poniendo como garantía fondos del Banco del Vaticano, una operación ilegal.
Cónclave
En el marco del cónclave para elegir al sucesor de Francisco, Becciu asegura que tiene pleno derecho para participar en el proceso, pese a que su nombre no figura en la lista oficial de los 135 cardenales electores publicada por la Sala de Prensa del Vaticano.
"Remitiéndome al último Consistorio, el Papa ha reconocido intactas mis prerrogativas cardenalicias, ya que no ha habido una voluntad explícita de excluirme del Cónclave ni se me ha solicitado una renuncia explícita por escrito. La lista publicada por la Sala de Prensa no tiene ningún valor jurídico y debe tomarse por lo que es", aseguró al diario Unione Sarda.
Con información de actualidad.rt.com

En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.

En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
