Jueza frena orden de aprehensión contra Silvano Aureoles
CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Un juzgado federal frenó, por ahora, la ejecución de cualquier orden de aprehensión contra Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán.
El secretario en funciones de juez Primero de Distrito en materia Penal en la Ciudad de México admitió a trámite el amparo presentado por Aureoles Conejo, contra quien existe una orden de aprehensión por peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Luego de admitir a trámite la demanda con el expediente número 348/2025 el secretario en funciones de juez concedió al exgobernador de Michoacán una suspensión provisional para evitar que cualquier orden de captura, arresto o comparecencia en su contra, sea ejecutada.
“Se concede a Silvano Aureoles Conejo, la suspensión provisional de los actos reclamados para el efecto de que las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan y no se le prive de su libertad personal”, señaló el funcionario judicial.
También requirió a Aureoles el pago de una garantía por 52 mil pesos, que deberá exhibir dentro de los siguientes cinco días hábiles para mantener vigente la medida, de lo contrario, la suspensión dejará de tener efectos y el exgobernador podrá ser capturado.
Esta suspensión no impide a Aureoles Conejo comparecer ante el juez de control que ordenó su detención pues con ella sólo no será ejecutado dicho mandamiento pero el proceso penal puede iniciar.
Será hasta el próximo 29 de abril de 2025 que el juzgado resolverá si concede o no la suspensión definitiva al exmandatario.
De concederla, ello significaría que el exgobernador no podrá ser detenido hasta que el juzgado resuelva el fondo del amparo.
En su acusación la FGR afirma que Aureoles y cuatro de sus excolaboradores desfalcaron al estado de Michoacán por 3 mil 400 millones de pesos por adquirir, a sobreprecio, cuarteles de la Guardia Civil en Huetamo, Apatzingán, Coalcomán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas y Zitácuaro.
Los cuatro excolaboradores de Aureoles Conejo ya fueron vinculados a proceso en marzo pasado por peculado, administración fraudulenta, lavado de dinero y asociación delictuosa.
La juez de control que los vinculó a proceso otorgó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, mismos que se encuentran en curso.
Señalamientos e investigación
El 1 de marzo se reportó la orden de aprehensión del exgobernador de Michoacán, así como la detención de exfuncionarios de su gobierno; seis días después un juez federal vinculó a proceso a cuatro excolaboradores por el desfalco de más de 3 mil millones de pesos en la entidad.
La FGR los imputó por haber participado entre 2015 y 2021 en la adjudicación directa de contratos a favor de la Inmobiliaria DIP que ocasionaron un desfalco de 3 mil 412 millones 164 mil 310 pesos al estado de Michoacán durante la administración de Aureoles.
Proceso documentó que en cuestión de un año y mientras la FGR lo investigaba por un desfalco millonario contra el gobierno de Michoacán, Silvano Aureoles realizó 10 viajes a Estados Unidos, Europa y Brasil.
De acuerdo con la solicitud de la orden de aprehensión contra el exmandatario estatal, presentada por la FGR ante la juez de control Patricia Sánchez Nava, entre junio de 2023 y agosto de 2024 el Instituto Nacional de Migración (INM) registró 10 salidas del país a nombre de Silvano Aureoles Conejo.
Con información de: Proceso.
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EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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