Un cardenal que encubrió abusos sexuales a menores participará en el cierre del ataúd de Francisco

Uno de los cardenales que participará en el rito del cierre del féretro del papa Francisco, que tendrá lugar este viernes a las 20.00 horas en la Basílica de San Pedro, será Roger Michael Mahony, excluido de cualquier ministerio público por su rol en el encubrimiento de varios escándalos de abuso sexual infantil.

El cardenal presbítero fue destituido de todas sus funciones administrativas y públicas en el año 2013 por su sucesor al frente de la arquidiócesis de Los Ángeles, José Gómez, después de que se publicaran miles de archivos sobre varios sacerdotes acusados de abuso sexual a menores.

El cardenal, que ahora tiene 89 años, estuvo al frente de la arquidiócesis de Los Ángeles, la más grande de EE.UU., desde 1985 hasta 2011.

Miles de casos e indemnizaciones millonarias 

Los documentos revelados tras su jubilación demostraban que había ayudado a proteger a sacerdotes que habían sido investigados en la década de 1980. En lugar de expulsar a los curas y denunciarlos a la Policía, los enviaban a centros de tratamiento fuera del estado de California, donde la legislación obligaba a los terapeutas a denunciar cualquier sospecha de abuso infantil a las autoridades.

Ese fue el caso de monseñor Peter García, quien fue enviado a Nuevo México para recibir tratamiento y que admitiría posteriormente haber abusado de más de una docena de niños, la mayoría provenientes de familias de migrantes irregulares, a alguno de los cuales amenazó con la deportación si no guardaba silencio. No llegó a ser procesado penalmente antes de su fallecimiento en 2009.

Otro caso es el del reverendo Michael Baker, también enviado a Nuevo México para ser tratado después de admitir que había abusado de niños pequeños. En esta ocasión sí que llegó una condena décadas después. Se calcula que el padre Baker abusó de entre 23 y 28 víctimas, la más joven de las cuales tenía tan solo 5 años de edad.

En 2013, la arquidiócesis de Los Ángeles abonó casi 10 millones de dólares para indemnizar a las víctimas de cuatro casos de abuso cometidos por Baker.

En una declaración de 2013, Mahony se disculpó de la siguiente manera: "En 1987, comenzaron aquí diversas medidas para proteger a todos los niños de la iglesia, que fueron avanzando año tras año a medida que supimos más sobre los abusadores y la ineficacia de los llamados 'tratamientos' de la época", según recoge Mirror.

Participó en el cónclave que eligió a Francisco

Actualmente Mahony es miembro del Colegio Cardenalicio que se reunió en la Ciudad del Vaticano esta semana tras el deceso del papa. No podrá participar en el cónclave para elegir al sucesor de Francisco por su edad (solo pueden intervenir los cardenales menores de 80 años), aunque ha sido invitado, junto a otros 10 clérigos de alto rango, a participar en la ceremonia de clausura del ataúd, antes del funeral que se celebrará el sábado.

En 2013 ya fue motivo de polémica su presencia en la Santa Sede y su participación en el cónclave que eligió a Jorge Bergoglio como nuevo sumo pontífice de la iglesia católica, interpretado como un insulto y menosprecio a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la institución.

El caso que afectaba a Baker se había cerrado tan solo unos días antes con un acuerdo que establecía una indemnización a las víctimas. No fue la única, ya en 2007 la arquidiócesis de Los Ángeles, aún bajo el mando de Mahony, alcanzó otro pacto para abonar a más de 500 víctimas 660 millones de dólares. Todo un récord que fue superado el año pasado, cuando se aceptó el pago de 880 millones de dólares a 1.353 personas denunciantes de abusos sexuales.

Con información de actualidad.rt.com

 

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EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco

En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.

Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las  investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta  penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.

Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que  otro de mayor rango está próximo a perderla.

Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.

Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.

La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.

El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como  la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por  La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.

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