Ley de Telecomunicaciones: Recuerdan rechazo de AMLO a censurar el internet
La nueva reforma de telecomunicaciones ha generado división en el Senado. Pues mientras algunos legisladores de Morena aprobaron la iniciativa, la oposición acusa que se busca censurar medios de comunicación como la televisión, radio e incluso el internet y redes sociales.
Ante ese panorama, usuarios en redes recordaron una publicación del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
En 2014, el exmandatario compartió en su cuenta de Twitter que “sería el colmo que censuraran el internet ¿Qué acaso no les basta el control omnímodo que ejercen sobre los medios comunes de información?“, refiriéndose al Gobierno en turno que en ese entonces era encabezado por el expresidente priísta Enrique Peña Nieto.
Propuesta de Peña Nieto que propiciaba censura en internet
En 2014, la iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que el entonces presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado, planteaba algunas limitantes a internet como censurar contenidos, la posibilidad de bloquear la señal durante concentraciones públicas bajo el argumento de la seguridad y que acotan el principio de neutralidad.
En esa reforma, el artículo 197, fracción VII planteaba la posibilidad que los concesionarios suspendan la red de internet en determinadas áreas y eventos.
“Bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes”, decía la iniciativa.
Sin embargo, la propuesta no definía cuáles son los hechos y sitios considerados como de riesgo, ni tampoco quién es la autoridad que puede solicitar el bloqueo de la señal de internet.
Oposición acusa censura
Luego que Comisiones unidas del Senado aprobaron la nueva Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, miembros de la oposición mostraron su rechazo.
De acuerdo con legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la reforma busca censurar los medios de comunicación y el Gobierno controlar lo que la población ve y escucha.
El grupo parlamentario del PRI en el Senado protestó en contra del proyecto de decreto mediante carteles con leyendas como “Ley mordaza no es defensa de la soberanía” y “Morena censura”.
El senador y dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno, consideró que esta ley –que pretende prohibir propaganda extranjera– es más bien una iniciativa autoritaria y que daría mayor control a Morena sobre los mensajes difundidos en medios.
Por su parte, el legislador del PAN y excandidato a la Presidencia, Ricardo Anaya, señaló que los gobiernos autoritarios son los que buscan el control de los medios de comunicación.
“No puede ser que quieran decidir que se pasa en radio, en tv, en las redes sociales. Quieren el control de la narrativa pública como lo hacen todos los autoritarios“, reprochó el senador.
En ese sentido, acusó que la mayoría oficialista en el Congreso no leyó una iniciativa que se envió por la noche y que consta de más de 300 páginas.
Otra de las senadoras que mostró su descontento fue la panista Lilly Téllez.
En un mensaje a medios de comunicación, la legisladora advirtió que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum busca “censurar todos los contenidos en radio, televisión y plataformas digitales que puedan golpear políticamente a su gobierno”.
De acuerdo con la senadora, la iniciativa de telecomunicaciones representa un golpe a la libertad de expresión.
Con información de: Político.mx
Tips al momento
“Ley Gobernadora” en SLP podría romper relación entre el PVEM y Morena
Tras la aprobación en Fast Track de la “Ley Gobernadora” en San Luis Potosí, que beneficiaría a Ruth Gónzalez, senadora y esposa del actual gobernador Ricardo Gallardo, fuentes internas del legislativo señalan que podría haber una ruptura entre el partido oficialista y el PVEM.
Fue el medio Político.mx quien destapó esta posible ruptura, ya que este podría ser un claro ejemplo de un caso de nepotismo, pues con la aprobación de esta ley, en el 2027 la persona que quedaría al mando del estado tendría que ser mujer.
Por su parte, dicen, que el ejecutivo nacional ya tiene puestos los ojos en el gobierno de Gallardo, así como en los diputados del Partido Verde, que gracias a su mayoría aprueba leyes y reformas para beneficio del gobernador y su cúpula política.
Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?
Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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