hsg1dXQEl secretario general de gobierno, Santiago De la Peña Grajeda declaró que, tras el cambio que se realizó el día de ayer en la dirección de Pensiones Civiles del Estado, la gobernadora María Eugenia Campos Galván reiteró su compromiso con los chihuahuenses, principalmente, con los derechohabientes de dicho servicio médico. hsg1dXQ Omnia.com.mx
hsg1dXQ“Se determino que para abrir la puerta a una nueva etapa de mejora y corrección de algunos procedimientos que se puedan hacer mejor, la gobernadora ya realizó el cambio y todos hacemos votos para que esto se convierta en un aire fresco que llegue a la institución y nos permita corregir aquellas cosas que sean necesarias y fortalecer lo que se ha venido haciendo”. hsg1dXQ Omnia.com.mx
hsg1dXQQuien llegó a la dirección de Pensiones Civiles del Estado es Heriberto Miranda Pérez, en relevo de Marco Antonio Herrera García. hsg1dXQ Omnia.com.mx
hsg1dXQHeriberto Miranda Pérez es médico de profesión egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa, tiene una Maestría en Gestión Directiva en Salud y cuenta con amplia experiencia en el servicio público.hsg1dXQ Omnia.com.mx
hsg1dXQHa laborado desde 2006 en los Servicios de Salud de Chihuahua y desde hace 9 años en PCE, en diversos encargos. De 2023 a la fecha, se desempeñó como jefe de Salud Pública en dicho organismo.hsg1dXQ Omnia.com.mx
hsg1dXQEl cambio obedece al interés que tiene el Gobierno del Estado por brindar la mejor atención a los derechohabientes y fortalecer a la institución.hsg1dXQ Omnia.com.mx
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.