Entrenadores deportivos: el abuso tiene permiso

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– El acceso a la justicia para los deportistas víctimas de maltratos y violencia por parte de sus entrenadores, hombres o mujeres, es un sinuoso camino sin salida, ya que los vacíos legales no permiten corregir ni evitar las conductas inapropiadas de los adultos que tienen a su cargo personas vulnerables. Como esos malos comportamientos no están tipificados no pueden ser sancionados.

Si bien esta problemática es un reflejo de lo que sucede en México en materia de impartición de justicia, pues de acuerdo con diversas mediciones la impunidad es superior a 90% de los casos denunciados, el deporte representa una estructura más compleja porque los entrenadores que reciben un estímulo económico llamado beca no son empleados de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), luego entonces no pueden ser considerados servidores públicos.

Casos como el de la nadadora artística Teresa Alonso, quien desde hace más de cinco años ha denunciado el hostigamiento psicológico y maltratos que recibió por parte de Adriana Loftus, entrenadora de la Selección Nacional, ponen al descubierto la falta de elementos para imponer sanciones acordes con las faltas en las que incurren los mentores, quienes claramente son figuras de autoridad y se encuentran en posiciones de poder.

La exseleccionada nacional Teresa Alonso ha señalado los constantes ataques que recibió por su complexión y que derivaron en afectaciones psicológicas y físicas, como anorexia y sangrado en el tubo digestivo. Pese a que desea seguir en el representativo mexicano de natación artística fue obligada a dejarlo: alejarse de su agresora fue la única salida.

La deportista interpuso su queja ante el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred), del cual obtuvo un fallo en contra y la sensación de injusticia porque, de acuerdo con el organismo, Alonso no pudo demostrar que fue violentada y discriminada.

El caso de Teresa Alonso no es aislado y una vez más puso al descubierto la falta de protocolos y elementos sancionatorios para los entrenadores, médicos, preparadores fisicos, fisioterapeutas, metodólogos o cualquier otro actor del deporte, quienes están en un limbo estructural porque como no son empleados de la Conade quedan fuera de un marco regulatorio aplicable a los servidores públicos, a pesar de que reciben una remuneración económica que se paga con recursos federales.

“Es un prestador de servicios o un becario y estas figuras tienen diferentes derechos y obligaciones. Entonces con un protocolo queremos atender de la misma manera a ellos y a las personas que tienen un contrato laboral, y eso no es posible. Como son cosas distintas en cada una de las etiquetas que tenemos en el deporte para pagar un trabajo tendría que haber alguna casilla que nos diga qué pasa en caso de que incurran en esas conductas, porque no se puede hacer justicia a partir del protocolo de acoso que existe”, explica la psicóloga Mariana Limón, quien trabajó durante seis años en la Conade, adscrita a la dirección general que encabezó Ana Guevara entre 2018 y 2024.

Silencio a la fuerza

A lo anterior hay que sumar el enorme problema que se presenta como consecuencia de que muchas de las asociaciones deportivas nacionales, conocidas como federaciones, no incluyen en sus estatutos cómo se debe actuar cuando alguno de los actores del deporte afiliados a la misma incurren en estas conductas inapropiadas que pueden ser desde maltratar a los deportistas, incitarlos al consumo de bebidas alcohólicas o drogas, invitarlos a fiestas y bares, acosarlos y hostigarlos sexual y psicológicamente, amenazarlos y pedirles dinero a cambio de los servicios que les prestan, entre otras irregularidades.

Hasta ahora lo que existe para intentar atender algunas de estas situaciones es que los propios integrantes de las federaciones forman las llamadas comisiones de honor y justicia, que no tiene mayores alcances. Muchas veces sirven más bien para ocultar el problema y que no trascienda públicamente para evitar escándalos mediáticos.

“No podemos hacer justicia porque no hay un documento normativo que diga que están incurriendo en una falta. Ése es uno de los principales conflictos a los que nos enfrentamos en el deporte”, agrega Limón Ramírez, quien es consultora independiente en temas de género y especialista en temas deportivos.

Por si fuera poco, existen distintos actores del deporte que prestan sus servicios en la Conade como becarios, pero al mismo tiempo son integrantes de una federación deportiva, lo cual deja en peor estado de vulnerabilidad al deportista. Su verdugo es quien debería vigilar que no sea víctima de algún abuso.

Tal es el caso de la badmintonista Haramara Gaitán, quien era acosada por su entrenador Marco Garrido Esquivel, cuyo padre, Marco Garrido Salazar, es el presidente de la Asociación Regiomontana de Bádminton y también entrenador de la selección nacional de este deporte hasta que ambos fueron despedidos por el Instituto del Deporte de Nuevo León sólo después de que se hizo pública la denuncia que existe en contra de la deportista por haberlos señalado de acosar y hostigarla sexual y psicológicamente durante tres años.

Por acusar, Gaitán fue denunciada por los delitos de difamación y falsedad de declaraciones y vinculada a proceso, situación que le ha impedido entrenar y competir durantes más de nueves meses.

Garrido Esquivel está adscrito al estado de Nuevo León, pero tiene un beca de 30 mil pesos mensuales que le paga la Conade.

“Denunciar temas como discriminación o abuso de poder en nuestro entorno es muy complicado, es casi imposible porque no hay ninguna ley que proteja a los deportistas”, asegura la pentatleta olímpica Tamara Vega, quien preside una fundación que lleva su nombre y cuya misión es combatir los problemas de violencia y abusos en el deporte, además de brindar apoyo y acompañamiento a las víctimas, que en su mayoría son mujeres.

En el documental de su propia autoría denominado “Atletas frente al espejo”, Vega Arroyos expuso las conversaciones que tuvo con nueve deportistas con quienes habló acerca de los trastornos alimentarios que han padecido en sus carreras deportivas.

En el video, que dura poco más de 40 minutos, la propia Tamara puso al descubierto las agresiones sexuales que vivió durante años por parte de su entrenador Sergio Escalante, quien comenzó a abusarla cuando ella era menor de edad.

Años después, en una entrevista con Proceso, encontró la fuerza para denunciar públicamente el infierno que vivió por la manipulación de Sergio Escalante, su mentor y figura de autoridad. A la par de que seguía entrenando para intentar calificar a los Juegos Olímpicos de París 2024, Tamara Vega, a través de su fundación, recibió la llamada de auxilio de más de 20 deportistas de diferentes estados del país, quienes le confiaron sus casos de abuso de poder, acoso sexual y violencia psicólogica y física, y otras le pidieron ayuda para superar sus trastornos alimenticios.

Así, Vega emprendió una etapa de su vida en la que busca visibilizar las violencias y la vulnerabilidad ante las estructuras de poder a las que se encuentran expuestos los deportistas, sobre todo las mujeres, quienes frecuentemente son agredidas sexualmente por sus entrenadores, adultos que rebasan la línea de maestro-alumna y establecen relaciones amorosas con ellas.

“Debemos entender que un deportista de alto rendimiento va a depender de sus resultados. Su autoestima, ingresos económicos, relaciones y estabilidad van en función de un resultado. Como el deporte es jerárquico, donde un federativo manda, donde un director de instituto manda, donde un presidente de asociación manda, un entrenador manda, el deportista tiene que acatar esas reglas y se normalizan muchas actitudes”, detalla la seleccionada olímpica en Londres 2012 y Río 2016.

“El mayor miedo es que si hablas, si denuncias, es tan fácil que te borren de una lista para ir a unos Juegos Olímpicos, que elijan a alguien más, que te quiten tu lugar. Es muy fácil porque no está regulado y por el simple hecho de hablar pueden destruir lo que para tí es toda tu vida como deportista. Me parece que si se van implementando estos mecanismos de regulación tanto para directivos como para entrenadores y deportistas, que todos estemos regulados, que todos tengamos que seguir una línea que nos proteja mutuamente, sí vamos a poder generar una comunidad más segura”, añade.

Erradicar la violencia en el deporte

El 25 de marzo último la senadora del Partido Verde Ecologista de México, Virginia Magaña Fonseca, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Ley General de Cultura Física y Deporte con el objetivo de erradicar la violencia de género en el deporte. Esta es la primera propuesta sobre la materia que emerge del Senado y, según la legisladora, contó con el respaldo de la Conade para su elaboración.

“Es una necesidad en el ámbito deportivo. La idea surge a partir de varios testimonios que fuimos escuchando, no de ahora que soy senadora sino de tiempo atrás fuimos escuchando a varias deportistas, incluso chicas que están en equipos de futbol, deportistas de alto rendimiento, comentarios en las redes sociales, sugerencias y así fue como surgió la iniciativa que hemos trabajado desde que entramos en septiembre del año pasado”, explica Magaña Fonseca, quien es secretaria en las comisiones del Deporte y de Igualdad de Género.

En la exposición de motivos la iniciativa destaca la carencia de un enfoque transversal de género en los mecanismos normativos del deporte, situación que perpetúa una cultura de desigualdad y normalización de las violencias que afecta tanto a quienes practican deporte como a quienes ocupan roles técnicos, administrativos y directivos.

“La propuesta es que podamos integrar la perspectiva de género, porque la parte de la Ley General de la Cultura Física y Deporte que aborda la violencia no especifica la violencia contra las mujeres y tampoco cómo debe atenderse”, abunda la senadora, cuya formación profesional está enfocada en la psicología clínica.

La iniciativa contempla modificaciones a los artículos 3, 13, 24, 30 y 41, mismos que consideran la inclusión del concepto perspectiva de género, medidas para prevenir y atender las violencias de género, fomentar roles de liderazgo para mujeres, inclusión de grupos vulnerables en actividades deportivas y programas de capacitación obligatoria en temas de género y derechos humanos, además de establecer la aplicación supletoria de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, misma que no incluye la palabra deporte en su redacción.

Pese a que el término perspectiva de género es la piedra angular de esta iniciativa, no considera otros elementos que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas y el propio movimiento feminista deben tomarse en cuenta más allá de centrarse exclusivamente a las mujeres, como la atención a los menores de edad, un grupo numeroso en el universo del alto rendimiento. Por ejemplo, sólo en la etapa final de la Olimpiada Nacional, antes Juegos Nacionales Conade, participan unos 25 mil niños y jóvenes que también se encuentran en estado de vulnerabilidad.

“El término perspectiva de género es más amplio, abarca todas las posibilidades de las personas, hombres, mujeres, comunidad LGBTTQ+, infancias, poblaciones indígenas y afrodescendientes, todos los grupos en situación de vulnerabilidad. Identifico que no tienen ese bagaje las personas que estuvieron en la construcción de la iniciativa porque es erróneo pensar que género sólo son situaciones que se relacionan con la violencia a las mujeres. Es decir, indiscutiblemente sí hay una desventaja histórica que tenemos las mujeres en diferentes esferas, pero la comprensión de género abarca todo”, recalca Mariana Limón, quien cuenta con estudios sobre masculinidades por la UNAM, así como de formación y sensibilización para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres por la Unión Profesional y el Ministerio de Igualdad de España.

“Hablamos de que esta iniciativa se establece al amparo de la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, pero por ejemplo, si hablamos de niños, no de niñas, ¿qué tanto podría cobijarlos esta ley? Porque a nivel de administración pública federal y estatal también hay leyes para la atención de la niñez entonces, ¿por qué no tener un paraguas más grande?”, cuestiona Limón Ramírez.

Por su parte, la abogada Roxana Velázquez López, quien cuenta con más de 15 años de experiencia trabajando con distintas federaciones deportivas principalmente en la creación y revisión de los estatutos que las regulan, también sostiene que la iniciativa de ley debe ir más allá y atender a los menores de edad hombres que suelen ser víctimas de agresiones que pasan de largo.

“Es una iniciativa que está considerando una perspectiva de género en relación a la mujer en el deporte y eso es positivo, es un avance. Sé que ahora está muy en boga todo el tema de las mujeres, la prevención y cómo se puede dar esta equidad, pero en el deporte cuántos casos de menores no hemos tenido, entonces ¿qué va a pasar si hay un abuso o algún otro tema con un niño?”, cuestiona la especialista en derecho deportivo.

Asimismo, la iniciativa no considera el fortalecimiento de la figura de la Comisión Especial Contra la Violencia, contemplada en el artículo 139 de la propia Ley General de Cultura Física y Deporte, la cual está enfocada sólo en los espectáculos deportivos, pero no en la violencia ejercida hacia o por los propios deportistas en otros contextos. Tampoco hace una distinción entre el deporte de alto rendimiento, el recreativo o la activación física.

Aquí cabría el caso que publicó Proceso en agosto de 2022 sobre la clavadista jalisciense de 17 años, quien denunció que en 2021 su compañero de entrenamientos la violentó sexualmente en la propia casa donde vivían en la ciudad de León junto con otros integrantes de la selección de clavados del estado de Guanajuato.

El agresor tenía casi 30 años cuando ocurrieron los hechos y su conducta fue solapada por los entrenadores de ambos, Francisco Rueda y la medallista olímpica Laura Sánchez, así como por las autoridades de la Comisión del Deporte del Estado de Guanajuato.

Aunque la víctima denunció en la fiscalía sus señalamientos fueron desestimados porque ella describió que durante el ataque se quedó paralizada y, según el ministerio público, eso significa que consintió el acto. La diferencia de edades ni siquiera fue un elemento a considerar.

“La causa feminista ha detonado otras denuncias que no tienen que ver con mujeres. El movimiento de la diversidad sexual se fortalece con la causa feminista. Esto es solamente una iniciativa que nos puede dar para mucho más. Estoy abierta a seguir trabajando para proteger a las mujeres, a las infancias, a las juventudes y ahí vamos hombres y mujeres”, recalca la senadora Magaña.

Por lo pronto, la iniciativa de ley ya fue turnada a las Comisiones del Deporte y Para la Igualdad de Género a la espera de que sea discutida en el siguiente periodo ordinario de sesiones.

Con información de proceso.com.mx