La fiscalía de Jalisco informó este martes que los integrantes del grupo musical Los Alegres del Barranco, así como su representante y promotor de conciertos, fueron imputados por el delito de apología del delito.
A través de un comunicado, la institución detalló que solicitó al juez penal prisión preventiva justificada para los músicos y empresarios, sin embargo, será hasta el 12 de mayo cuando se determine si serán vinculados o no a proceso, así como si concede la petición de la fiscalía.
El juez determinó como medidas cautelares una garantía de 300 mil pesos cada uno, alrededor de un millón 800 mil pesos en conjunto, además de tener prohibido salir de Jalisco hasta que sea su próxima audiencia.
La agrupación, así como su representante y el promotor, se negaron a declarar ante las autoridades del Juzgado 16 de Puente Grande.
Además, los seis imputados deberán de presentarse ante el Ministerio Público el jueves 8 de mayo como parte del seguimiento a la investigación abierta en su contra tras un concierto en Villa Purificación, donde presuntamente volvieron a cometer apología del delito.
Los Alegres del Barranco son señalados por proyectar imágenes del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", identificado como líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un concierto en Zapopan el pasado 29 de marzo.
Adicionalmente, el lunes 5 de mayo, la fiscalía local informó que abrió de manera oficiosa dos carpetas de investigación en contra del grupo por presunta apología del delito luego de “proyectado la letra de un corrido que hace alusión a un personaje del crimen organizado”, el sábado 3 de mayo en la Monumental Plaza de Toros de Cihuatlán.
De acuerdo con las investigaciones, Los Alegres del Barranco también habrían hecho un acto similar cuando se presentaron en el Lienzo Charro Mario Orendain el domingo 4 de mayo.
Con información de Latinus
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.
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