ONU celebra condena al asesino del padre Marcelo Pérez y exige investigar a todos los involucrados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras la sentencia de 20 años en contra del autor material del asesinato del sacerdote y defensor indígena Marcelo Pérez Pérez, ocurrido en octubre del año pasado en San Cristóbal de las Casas, la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) alentó a la institución a “proseguir en la investigación y sanción de todas las personas involucradas”.  

En su cuenta de X, el organismo celebró la condena obtenida por la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Édgar “M” a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos (FEMH) tras acreditar su autoría material en el delito de homicidio calificado “con premeditación, alevosía y ventaja” en agravio del sacerdote indígena.  

La ONU-DH recordó que Marcelo Pérez fue asesinado tras oficiar una misa en el Barrio de Cuxtilali en San Cristóbal de la Casas, en un evento que involucró a varios sujetos armados que viajaban en motocicleta y que dispararon contra la camioneta en la que viajaba el también defensor de derechos humanos. 

El organismo internacional recordó que desde 2015 contaba con medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de registrarse un “creciente número de amenazas, agresiones y actos de criminalización” en contra del padre Marcelo “debido a su incansable trabajo en favor de la justicia y los derechos de los pueblos indígenas”.  

La ONU-DH recordó que el 20 de octubre de 2024, su entonces representante adjunto en México, Jesús Peña Palacios consideró “absolutamente inaceptable” el asesinato del padre Marcelo, cuya labor “era ampliamente reconocida por los pueblos indígenas en Chiapas, y también a nivel internacional”, por ser “un referente en la búsqueda de la paz, la verdad y la justicia para Chiapas; su pérdida es irreparable y nos reitera la necesidad de implementar medidas estructurales que cambien el contexto de violencia que sufren algunas regiones en Chiapas”.  

A diez meses del asesinato del sacerdote, la ONU-DH consideró que “el trabajo de las fiscalías y del Poder Judicial es clave para combatir la impunidad y poner fin a la violencia contra personas defensoras de derecho humanos en México”.  

 

Con información de: Proceso.

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A través de un mensaje difundido en redes sociales, Lucha Castro —quien formó parte del Consejo de la Judicatura durante el gobierno de Javier Corral Jurado— sostuvo que la inasistencia de las legisladoras no fue accidental, sino una decisión política que, en los hechos, favoreció al gobierno estatal encabezado por Maru Campos.

“Al huir de la votación, dejaron pasar el endeudamiento por 3 mil millones de pesos y le hicieron el trabajo sucio a Maru Campos”, afirmó.

En su pronunciamiento, la exconsejera fue contundente al calificar la actuación de las diputadas como una omisión deliberada que permitió la aprobación de más deuda pública para la entidad. “No defendieron a la gente, no enfrentaron la votación y sí protegieron al poder”, señaló, al tiempo que cuestionó su identificación con los principios del partido Morena.

Lucha Castro subrayó que la ausencia de Palma y Díaz tuvo consecuencias directas en el resultado legislativo, ya que su participación habría podido modificar el sentido de la votación. “Ausentarse fue una decisión política. Y esa decisión fue contra Chihuahua”, escribió.

Hasta el momento, Edith Palma y Rosana Díaz no han emitido una postura pública en respuesta a los señalamientos.

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